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Zapatero ampliará la ayuda social a parados
El presidente estudia aplicar el salario social a quienes pierdan el subsidio de paro
11-05-2009 - José Luis Rodríguez Zapatero comparece en el debate sobre el estado de la nación más difícil de sus cinco años de mandato, con la enorme losa de la recesión, acompañada de una soledad parlamentaria inusitada.
Ante este reto, Zapatero está diseñando un discurso, dirigido a la izquierda política y a los sindicatos, sin olvidar a CiU, frente a la hostilidad manifiesta del PP y del PNV, que tratan de aprovechar la recesión para hundirle.
El discurso de Zapatero tendrá una fuerte carga ideológica, en el que defenderá una salida socialdemócrata a la crisis frente a la neoliberal e irá acompañado de propuestas sociales, que cuenten con la complicidad de izquierda y sindicatos. Una de las más espectaculares consiste en aumentar la protección al desempleo mientras dure la recesión, aplicando a quienes pierdan el subsidio de paro la Renta Mínima de Inserción, también conocido como salario social o renta básica. Para ello tendrá que ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas, que son las que disponen de esa competencia exclusiva.
Las rentas mínimas de inserción surgieron en España a finales de los años ochenta. Fueron las comunidades autónomas las que pusieron en marcha estos sistemas de protección social, ya que tienen competencia plena en materia de servicios sociales.
En la mayoría de los casos sigue el modelo francés: persiguen asegurar medios adecuados de existencia y el derecho a la inserción social y profesional, por lo que la prestación económica -en torno a los 400 euros para las personas sin cargas familiares en la mayoría de las comunidades- se vincula a acciones de inserción. La mayoría de las comunidades exige dos o más años de residencia para obtener ese salario social, y excluye a los menores de 25 años y en algunos casos los extranjeros. Tanto en Madrid como en Cataluña es para personas entre los 25 y los 65 años en situación de pobreza grave (un patrimonio inferior a los 22.000 euros o unos ingresos mensuales inferiores a los 336 euros, en el caso de Madrid).
La renta mínima asciende a 410 euros mensuales en Cataluña y a 370 euros en Madrid para las personas sin cargas familiares. En Andalucía se eleva a 374 euros. En torno a 8.600 familias reciben en Madrid esas prestaciones y 14.540 en Cataluña.
La cifra se eleva por encima de las 18.000 familias en Andalucía y el País Vasco, las dos comunidades con mayor número de perceptores. Los datos que maneja el Ejecutivo sugieren que los cambios normativos podrían permitir en torno a 300.000 beneficiarios en toda España.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, lleva varios meses tratando de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas para reforzar las rentas mínimas de inserción ante el fenomenal aumento del paro y del número de familias sin ninguna prestación. Corbacho aseguró en marzo que ha planteado ya diversas opciones relacionadas con el salario social en el Consejo de Ministros y subrayó que el ya ex vicepresidente Pedro Solbes "se había mostrado receptivo" ante esa iniciativa. Pero el debate sobre el salario social es anterior: el Parlamento aprobó en abril la creación de una subcomisión para estudiar la conveniencia de una renta básica. Y grupos como ERC e ICV han puesto en marcha varias iniciativas en el Congreso en los últimos años. En octubre de 2007 presentaron una proposición de ley rechazada por el resto de los grupos. El PSOE destacó entonces sus efectos inflacionistas y el posible efecto desmotivador en la búsqueda de empleo para votar en contra. El PP argumentó que la aprobación de esa media daría lugar a un vertiginoso incremento del gasto social y de la presión fiscal, que arruinaría el sistema productivo.
El Gobierno trabaja ahora, ante la gravedad de la recesión, con el objetivo de extender estas rentas mínimas a quienes se les haya agotado el subsidio de paro mientras dure la recesión y está realizando cálculos para conocer el costo de esta medida.
La cuantía de las ayudas se estudiará entre la Administración central y las comunidades autónomas, pero, en esta ocasión, con aportaciones del Estado y con el mantenimiento del principio de igualdad, de modo que los destinatarios cobren lo mismo en cualquier comunidad autónoma.
El Gobierno trabaja ya en la preparación de un censo de destinatarios para esta ayuda y su regionalización. Previsiblemente, Zapatero convocará, tras el debate sobre el estado de la nación, una conferencia de presidentes para abordar esta iniciativa con todas las comunidades autónomas. Lo apuntó el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en una entrevista a EL PAÍS hace quince días.
Zapatero precisará la fórmula, que se conocerá en el debate sobre el estado de la nación, que tendrá una primera fase esta semana, con la intervención del presidente y sus réplicas, y una segunda, la siguiente, con el debate de las propuestas.
L. R. AIZPEOLEA / A. DÍEZ
El Pais
El presidente estudia aplicar el salario social a quienes pierdan el subsidio de paro
11-05-2009 - José Luis Rodríguez Zapatero comparece en el debate sobre el estado de la nación más difícil de sus cinco años de mandato, con la enorme losa de la recesión, acompañada de una soledad parlamentaria inusitada.
Ante este reto, Zapatero está diseñando un discurso, dirigido a la izquierda política y a los sindicatos, sin olvidar a CiU, frente a la hostilidad manifiesta del PP y del PNV, que tratan de aprovechar la recesión para hundirle.
El discurso de Zapatero tendrá una fuerte carga ideológica, en el que defenderá una salida socialdemócrata a la crisis frente a la neoliberal e irá acompañado de propuestas sociales, que cuenten con la complicidad de izquierda y sindicatos. Una de las más espectaculares consiste en aumentar la protección al desempleo mientras dure la recesión, aplicando a quienes pierdan el subsidio de paro la Renta Mínima de Inserción, también conocido como salario social o renta básica. Para ello tendrá que ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas, que son las que disponen de esa competencia exclusiva.
Las rentas mínimas de inserción surgieron en España a finales de los años ochenta. Fueron las comunidades autónomas las que pusieron en marcha estos sistemas de protección social, ya que tienen competencia plena en materia de servicios sociales.
En la mayoría de los casos sigue el modelo francés: persiguen asegurar medios adecuados de existencia y el derecho a la inserción social y profesional, por lo que la prestación económica -en torno a los 400 euros para las personas sin cargas familiares en la mayoría de las comunidades- se vincula a acciones de inserción. La mayoría de las comunidades exige dos o más años de residencia para obtener ese salario social, y excluye a los menores de 25 años y en algunos casos los extranjeros. Tanto en Madrid como en Cataluña es para personas entre los 25 y los 65 años en situación de pobreza grave (un patrimonio inferior a los 22.000 euros o unos ingresos mensuales inferiores a los 336 euros, en el caso de Madrid).
La renta mínima asciende a 410 euros mensuales en Cataluña y a 370 euros en Madrid para las personas sin cargas familiares. En Andalucía se eleva a 374 euros. En torno a 8.600 familias reciben en Madrid esas prestaciones y 14.540 en Cataluña.
La cifra se eleva por encima de las 18.000 familias en Andalucía y el País Vasco, las dos comunidades con mayor número de perceptores. Los datos que maneja el Ejecutivo sugieren que los cambios normativos podrían permitir en torno a 300.000 beneficiarios en toda España.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, lleva varios meses tratando de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas para reforzar las rentas mínimas de inserción ante el fenomenal aumento del paro y del número de familias sin ninguna prestación. Corbacho aseguró en marzo que ha planteado ya diversas opciones relacionadas con el salario social en el Consejo de Ministros y subrayó que el ya ex vicepresidente Pedro Solbes "se había mostrado receptivo" ante esa iniciativa. Pero el debate sobre el salario social es anterior: el Parlamento aprobó en abril la creación de una subcomisión para estudiar la conveniencia de una renta básica. Y grupos como ERC e ICV han puesto en marcha varias iniciativas en el Congreso en los últimos años. En octubre de 2007 presentaron una proposición de ley rechazada por el resto de los grupos. El PSOE destacó entonces sus efectos inflacionistas y el posible efecto desmotivador en la búsqueda de empleo para votar en contra. El PP argumentó que la aprobación de esa media daría lugar a un vertiginoso incremento del gasto social y de la presión fiscal, que arruinaría el sistema productivo.
El Gobierno trabaja ahora, ante la gravedad de la recesión, con el objetivo de extender estas rentas mínimas a quienes se les haya agotado el subsidio de paro mientras dure la recesión y está realizando cálculos para conocer el costo de esta medida.
La cuantía de las ayudas se estudiará entre la Administración central y las comunidades autónomas, pero, en esta ocasión, con aportaciones del Estado y con el mantenimiento del principio de igualdad, de modo que los destinatarios cobren lo mismo en cualquier comunidad autónoma.
El Gobierno trabaja ya en la preparación de un censo de destinatarios para esta ayuda y su regionalización. Previsiblemente, Zapatero convocará, tras el debate sobre el estado de la nación, una conferencia de presidentes para abordar esta iniciativa con todas las comunidades autónomas. Lo apuntó el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, en una entrevista a EL PAÍS hace quince días.
Zapatero precisará la fórmula, que se conocerá en el debate sobre el estado de la nación, que tendrá una primera fase esta semana, con la intervención del presidente y sus réplicas, y una segunda, la siguiente, con el debate de las propuestas.
L. R. AIZPEOLEA / A. DÍEZ
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