El despido individual y colectivo (1)

España tiene que entrar en el porvenir de la mano del desarrollo social de la Unión Europea
El despido individual y colectivo (1)

Ponencia de Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO en la jornada de estudio promovida por la Fundación 1º de Mayo y la Confederación Sindical de CCOO

15-05-2009 -

La crisis española se produce por el agotamiento de un modelo de producción que ha servido, aprovechando unas determinadas ventajas competitivas propias de nuestro país, para el impulso del crecimiento económico y la modernización de España en las últimas décadas. Ese impulso ha llegado a su fin.

El despido y la protección social de los trabajadores forman parte de un debate oportuno, pertinente y de máximo interés y actualidad.

No voy a postular desde la doctrina sino desde la acción sindical, desde la propuesta y desde otra alternativa distinta a la que en estos momentos se está abriendo paso en el escenario político y económico.

La situación es sobradamente conocida. Se han dedicado muchos esfuerzos y literatura, sesudas reflexiones y análisis técnicos, a las causas de la crisis, de lo que sucede en la economía y por qué sucede.

Empezaré por una afirmación que es la clave de lo que más adelante desarrollaré de forma pormenorizada. Las causas de la situación que vivimos en España no residen en el mercado laboral; las razones últimas de la profundidad de la crisis no hay que buscarlas ahí. Algunos sectores de opinión han dedicado ingentes esfuerzos a intentar convencer a la sociedad de que únicamente la situación internacional era la que estaba provocando la caída en picado del ciclo económico de bonanza en España, con las consecuencias derivadas de ella de destrucción de empleo y deterioro social.

En CC.OO pensamos que España habría entrado en crisis aun sin crisis internacional. Ésta, cierto es, ha venido a agravar lo que ya presentaba síntomas evidentes de gravedad. La crisis española se produce por el agotamiento de un modelo de producción que ha servido, aprovechando unas determinadas ventajas competitivas propias de nuestro país, para el impulso del crecimiento económico y la modernización de España en las últimas décadas. Ese impulso ha llegado a su fin. Se ha alargado durante excesivo tiempo la explotación de esas ventajas competitivas muy vinculadas al factor coste de trabajo, incluida la protección social, descuidando la necesaria e imperiosa transformación del caduco modelo productivo. Las reformas que se han venido sucediendo como parches a corto plazo han puesto el acento donde no había necesidad con el propósito de estirar el mantenimiento de esas ventajas a las que antes aludíamos. Esas reformas que pretendían seguir explotando la misma veta y privilegios son defendidas por sectores muy influyentes y sus altavoces mediáticos; según ellos, para aumentar la competitividad y la productividad de nuestras empresas hay que modificar el Estatuto de los Trabajadores y replantearse qué Seguridad Social queremos y nos podemos permitir. Desde CC.OO. hemos rechazado esta tesis porque nos parece una fuente exhausta y ya exprimida hasta la última gota.

CCOO plantea una alternativa de trabajo distinta que se va abriendo paso en la sociedad. Las críticas fueron feroces cuando explicitamos que no estábamos en disposición de aceptar la congelación generalizada de los salarios en la negociación colectiva. Como por está vía no hallaron luz, quisieron cobrarse otra pieza básica, la reducción en 3 puntos de las cotizaciones a la Seguridad Social. Como es lógico, no hubo acuerdo en la firma de los convenios colectivos.

Seguimos sin compartir la idea de que para salir de la crisis hay que abaratar los costes salariales directos e indirectos. Parece obvio que no se puede combatir con eficacia la caída del consumo con menos recursos para poder consumir. Además, la deflación que se apunta en el horizonte puede agravar los síntomas de la crisis y traer como consecuencia mayor destrucción de tejido industrial y de puestos de trabajo.

En este contexto, también hemos rechazado la tesis de una reforma laboral que flexibilizara aún más nuestro mercado laboral. Las estadísticas recientes avalan nuestra posición de que la flexibilidad sin más no crea puestos de trabajo, ni estables ni temporales. En España, el despido no es caro ni el mercado laboral rígido: son mitos que nos quiere imponer un discurso ya superado por la realidad.

Hay una cultura de empresa muy extendida en nuestro país que dice que la temporalidad, que oscila en unas tasas del 27 % al 35 %, ha sido la causa de nuestro despegue económico y del crecimiento espectacular del Producto Interior Bruto (PIB), lo que nos ha llevado a crear el doble de empleo que la media europea, zona euro. Cierto es, pero también es verdad que ahora duplicamos la tasa de destrucción de puestos de trabajo a una celeridad muy superior a la media de nuestro entorno geográfico.

Tampoco creemos que la solución a los males actuales, en relación a la competitividad de las empresas, venga por la reducción de las cotizaciones sociales. Lo que sostienen las organizaciones patronales, de llevarse a efecto, supondría transferir a excedente empresarial directamente y de una sola tacada 11.500 millones de euros, al tiempo que al finalizar el año en curso la Seguridad Social arrojaría un déficit de 9.000 millones de euros. En un máximo de 7 años, si se aplicara una medida de este calado, nos llevaríamos por delante el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al poco tiempo el Sistema Público de Pensiones. No compartimos las tesis expuestas. Estamos trabajando en la dirección opuesta, aportando ideas, realizando propuestas y elaborando alternativas que pongan a los trabajadores en el centro de la cuestión. Contra los trabajadores no existe solución ni alternativa social viable.

Nos preocupan las personas: todos aquellos que queriendo trabajar no pueden hacerlo, los que buscan empleo y no lo encuentran, los que lo han perdido, los que se incorporan por primera vez al mercado laboral… Nuestro sistema de protección social tiene límites y en el contexto actual en que menguan los ingresos regulares y crece la demanda de prestaciones la caja del Instituto Nacional de Empleo (INEM) no va a poder atender las peticiones en aumento. Compartimos con el Gobierno su compromiso, de que más allá de las circunstancias coyunturales, se dará cobertura a las personas que han perdido o pierdan el empleo en esta situación de crisis. Pero no hay que olvidar que los sistemas públicos de protección social contra el desempleo, tanto en su vertiente contributiva como asistencial, no van a ser suficientes para cubrir todas las necesidades si el ciclo bajista económico se extiende sin fecha de caducidad. Ya se está conformando una zona de exclusión social muy preocupante, según datos del Ministerio de Trabajo unas 300.000 personas, aunque las cifras oficiales del desempleo indican que son más de un millón de ciudadanos, que solapan, quizás, datos referidos a la economía sumergida y a personas perceptoras de rentas básicas o salarios de inserción. Los datos reales son desconocidos porque falta coordinación eficaz entre las distintas administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas, que tienen competencias en este terreno transferidas por el Estado. Esas bases de datos dispersas habría que ponerlas en contacto unas con otras para saber la dimensión real del creciente fenómeno de exclusión. Hay que buscar elementos de cobertura, de protección y de empleo para estas personas que están en situación de mayor riesgo con los recursos disponibles y con otros que habría que aprobar mediante vías de financiación imaginativas.

La cuestión central pasa también por frenar la sangría de destrucción de empleo. Primero protección social y en paralelo movilizar recursos para reactivar la economía, sabiendo que los milagros no existen y que gran parte de la solución reside en una mayor proactividad de la Unión Europea y otra gran tajada en la acción concertada de los gobiernos a escala mundial. Algunas medidas apuntadas en la reunión del G-20 parecen ir en la buena dirección, otras no tanto. Hay que esperar para ver como se implementan las decisiones y los compromisos que allí se adquirieron. Sin embargo, no hay que llamarse a engaño: las declaraciones formales sin financiación son mera poesía, que como mucho servirán para enfrentar con alivio los procesos electorales en ciernes, el más inmediato las elecciones europeas del 7 de Junio. Desde CC.OO. le hemos hecho saber a la Vicepresidenta primera y Ministra de Economía que para operaciones de cosmética no cuenten con nosotros. Si el Gobierno va en serio contra la crisis, nosotros estaremos con el mismo propósito y empeño.

Muy ligado a la crisis que padecemos se encuentra el reto fundamental que tiene nuestro país: la transformación del modelo productivo, algo que no será posible ni realidad inmediata a corto plazo. Hemos de pensar a 10 o 15 años vista, pero la primera piedra para ese nuevo paradigma de producción hay que ponerla ya empezando a actuar en los sectores que nos han llevado a remolque hasta aquí mismo. Esto no puede interpretarse como un dejar de la mano al sector de la construcción hasta su hundimiento total ni de abandonar a su suerte al sector servicios. Ambos deben jugar en el futuro un papel importante en la generación de empleo, pero de mayor calidad si cabe.

Hay que elaborar un plan de infraestructuras coherente para anticiparnos al futuro, que no es igual a lanzarse a echar hormigón a las carreteras sin ton ni son. Hay que hablar de intermodalidad y de movilidad en las grandes ciudades. Hay que hablar de eficiencia energética. Hay que introducir en el PIB nuevos conceptos sociales. Hay que establecer una política de vivienda adecuada sin volver a la locura de construir 800.000 viviendas al año. En esta situación de crisis, los bancos son los mayores propietarios de pisos en nuestro país, una paradoja que puede revertir en positivo a la sociedad si en colaboración con las distintas administraciones públicas pone sustocken el mercado en condiciones asequibles para la inmensa mayoría. Bien es cierto que esta medida no sería factible sin abrir el grifo del crédito hoy casi cerrado a las familias.

En definitiva, hay que incidir en el futuro y en la coyuntura. En el campo de acción inmediato, el Gobierno, a nuestro parecer, ha llevado al Parlamento un plan de actuación urgente de alto riesgo que incide en la idea de un modelo ya gastado, lo que unido a la lógica de las mayorías parlamentarias en precario pueden terminar desembocando en lo que nadie desea: el conflicto social.

Desde CC.OO. le venimos diciendo al Gobierno que es preciso un plan de choque para la coyuntura que mire a las personas y que busque la dinamización de los sectores económicos que pueden sostener y generar empleo en mayor medida. El desarrollo práctico de la ley de Dependencia y las iniciativas de crédito a las empresas y las familias son esenciales para ver la luz del túnel en que estamos inmersos ahora.

Personas, economía y sector financiero son las piedras angulares para salir de la coyuntura de crisis. Esto para andar por el día a día, pero también es necesario, como hemos apuntado antes, poner las luces largas para ver más allá del presente inmediato y eludir el atrapamiento en los temas recurrentes de siempre, la reforma laboral y la reforma de la Seguridad Social siempre en clave de pactar una transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital. A esta lógica, CC.OO. no le prestará sus esfuerzos.

CCOO apuesta por un cambio de modelo productivo en España que contemple varias piezas fundamentales:

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- Una transformación tecnológica con mayor implicación del sector privado, aunque el sector público juegue el papel de motor de arrastre, teniendo presente que la base fundamental de generación de empleo ha de estar en la industria.
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- Definición de un nuevo modelo energético. Hay que salir del falso debate, nucleares sí, nucleares no, con un fuerte compromiso con el medio ambiente.

Esas son las piezas imprescindibles para salir de la crisis y no repetir idénticas situaciones a las actuales, sin olvidar otro elemento de gran importancia: la educación. España ha dado un salto de gigante en materia educativa en los últimos decenios. Se ha generalizado la educación, ahora necesitamos ganar la batalla de la calidad del sistema educativo en todos los niveles, muy especialmente en la Formación Profesional. La FP ha avanzado, pero no lo suficiente. El sistema educativo ha de ponerse en relación con el entramado productivo, esto es, con el mundo de la empresa, porque la FP no puede ser bajo ningún concepto el refugio del fracaso escolar. Un país moderno no puede permitírselo. Hasta aquí han convivido una franja de trabajadores de alta cualificación, con una intermedia muy débil y una tercera descualificada muy numerosa, que ha sido precisamente la que ha sustentado el modelo de crecimiento hasta nuestros días. Sin cambio en el sistema educativo no habrá nuevo modelo productivo.

La cuarta pata de ese hipotético pacto de Estado descansaría en un reforzado sistema de protección social, que al día de hoy está desempeñando un rol anticíclico de primera magnitud. En este capítulo, CC.OO. desea cooperar en los trabajos parlamentarios de renovación del Pacto de Toledo. Nosotros consideramos que no sólo hay que hablar de contención del gasto sino también de la capacidad de generar ingresos en la Seguridad Social a partir de elevar las bases mínimas de cotización y de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), consiguiendo de esta modo mejorar notablemente las arcas de la Seguridad Social. En cualquier escenario que se dé, en CC.OO. estamos comprometidos con el sistema público de Seguridad Social y con el sistema de Pensiones en particular.

España no puede entrar en el futuro importando modelos que no son propios del ámbito europeo. España tiene que entrar en el porvenir de la mano del desarrollo social de la Unión Europea.

Cuadernos de la Fundación 1º de Mayo

El despido individual y colectivo (2)

El despido es mucho más que un acto meramente económico, pero se nos ha hecho interiorizar que se trata de un fenómeno socialmente irrelevante, banal, que no genera daños a nadie.
Antonio Baylos

18-05-2009 - Resulta evidente que la estabilidad real se corresponde mejor con las garantías del derecho al trabajo porque la estabilidad en el empleo es la base de los derechos fundamentales en nuestra sociedad.

Quiero ser un poco provocativo para generar una discusión provechosa que permita abrir un amplio debate acerca del análisis comparado de la regulación del despido en varios países de la Unión Europea.

El punto de partida es relativamente sencillo y conocido: el despido es un lugar sísmico recorrido por todo tipo de temblores, el espacio típico de transcripción de los principios económicos neoliberales a la política y el derecho. Se trata de un primer elemento constitutivo evidente, de una ideología potentemente afirmada y en algunos momentos casi asumida, esto es, la pura consideración económica del despido como un mero coste laboral que encarece la fuerza de trabajo. De esto se sigue, en la teoría y práctica neoliberales, que despedir barato crea empleo.

Desde 2004, los titulares, editoriales e intervenciones públicas de los adalides del neoliberalismo más o menos encubiertos son meridianos en sus mensajes repetitivos. La OCDE aconseja a España abaratar el coste del despido. El Banco Mundial constata que España es uno de los países de la OCDE con mayor coste en despedir al trabajador. Pedro Solbes afirma que generalizar el coste del despido a 33 días por año le parece positivo. Gary Becker, premio Nobel de Economía, apuesta por abaratar el despido. El Banco de España apuesta por abaratar los costes de despido en los contrataos indefinidos. El FMI aconseja a España abaratar el despido y contener el gasto público. La última y sintética afirmación del presidente de la patronal va en la misma línea: no pedimos el despido libre porque ya existe, lo que sucede es que es carísimo.

Esta idea de abaratar el despido se machaca constantemente. A toda costa, hay que quitar el miedo a los empresarios a contratar consiguiendo que despedir sea barato. Esto nos lleva a que el sistema del Derecho al Trabajo, el sistema de garantías sobre el empleo, sea el culpable de los procesos de destrucción de empleo y de la crisis del mercado de trabajo. Es decir, hay una culpabilización del sistema de garantías que se mide en función de los procesos de creación o destrucción de empleo que se den en la economía y, por tanto, se crea una directa relación, no entre otras causas que puedan provocar esa alteración del empleo, sino fundamentalmente entre garantías y rigidez del mercado y políticas efectivas de empleo.

Además, en el caso español se abona un amplísimo campo para la contratación temporal, viéndola, más allá del inicio formal de una relación laboral, como un coste de salida cero. Esta situación genera un 30 % de mercado, mujeres y jóvenes sobre todo, que son en última instancia los trabajadores desiguales que no tienen las mismas garantías que los trabajadores fijos. Las políticas neoliberales consideran que para evitar esa fractura entre trabajadores débiles y fuertes, lo que hay que hacer es degradar las garantías de los fuertes eliminando de un tajo el trabajo estable. De ahí toda la polémica suscitada, no sólo en España, por el contrato único: con una indemnización fija que no precisa causalidad se rescindiría cualquier relación contractual.

El despido es mucho más que un acto meramente económico, pero se nos ha hecho interiorizar que se trata de un fenómeno socialmente irrelevante, banal, que no genera daños a nadie. ¿Por qué esta impresión dominante? Vivimos, se nos dice, en una sociedad de la movilidad ascendente en donde existe una enorme capacidad de recomposición del mercado de trabajo y, además, contamos con un sistema de protección social eficaz. En definitiva, cuando se produce un despido no es más que un cambio de empleo. La banalización del fenómeno ha llegado hasta la publicidad: hoy podemos ver en un anuncio de Telefónica como un ejecutivo le dice por teléfono a su mujer que le han despedido y cómo por la noche recibe una nueva oferta de trabajo. Se nos quiere trasladar la idea de que el despido es un incidente de viaje que no conlleva ninguna repercusión negativa. Esta ideología ha sido recibida como legalidad normativa y ha creado una cultura jurídica determinada.

Como legalidad normativa, arrastramos 20 años equivocados de una política sostenida que apostó por la temporalidad a través de la idea de que el coste del despido era la causa directa de la creación de empleo y, por tanto, que la contratación temporal había de tener un coste cero. Este recorrido va de 1977 a 1997, incluso cuando el movimiento sindical consigue una corrección fundamental de esta tesis en 1997, también ahí existe un factor de concesión de principios al aceptar que el coste del despido tiene que ver con la creación de empleo. Cuando se crea el contrato para el fomento del empleo se introduce una concesión por la que se reduce el montante indemnizatorio a 33 días por año en los casos de despido improcedente por causas urgentes.


Ya en el nuevo siglo, se producen dos hitos normativos de gran calado. El primero se da en la reforma de 2002, reforma muy contestada, donde hubo una importante huelga general, pero que al final trajo como consecuencia consolidada el famoso artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, por el que se permitía una debilitación de la causa del despido mediante la disuasión inducida al trabajador de no acudir al juez para controlar el acto empresarial de rescisión, ya que el patrono declaraba previamente que había despedido de manera incorrecta y que, por tanto, asumía una indemnización. Al reconocer la improcedencia del despido con indemnización la ley disuadía en la práctica de acudir a los tribunales de justicia porque si el juez coincidía en la valoración de improcedencia el trabajador ya no tenía derecho a los salarios de tramitación. Era una forma sibilina de dar cobertura al despido libre. Desde entonces, el 35 % de más de la mitad de las rescisiones temporales ha sido improcedente. La idea que subyace en la reforma era liberar el acto de despido de cualquier constricción democrática o política, de cualquier mirada ajena, de cualquier revisión posterior al acto. Yo despido porque tengo tal poder, reconociendo que lo he hecho incorrectamente, pero indemnizo y asunto solucionado. Y los tribunales nada tienen que decir al respecto.

El segundo momento de especial relevancia normativa acaeció con la reforma de la ley Concursal en 2003. En lo que se refiere a materia laboral, ha hecho prescindible la presencia sindical en la negociación de los despidos colectivos, abaratando el despido de modo profundo. Abaratamiento y pérdida de control sindical son elementos clave para entender la reconstrucción de un cierto tipo de pensamiento o narrativa neoliberal.

Esos principios neoliberales han penetrado de manera muy clara en la cultura jurídica de la interpretación judicial. El discurso economicista es hoy el discurso hegemónico de nuestros tribunales superiores y, en concreto, de la mayoría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La narrativa neoliberal es la madre de las interpretaciones de las altas instancias judiciales, con un agravante añadido: la Sala de lo Social es la que unifica la jurisprudencia, existiendo una idea muy extendida entre los jueces de que no pueden disentir de lo que marque un precedente, o sea, se ha suprimido de un plumazo la capacidad de recreación o matización de las doctrinas mayoritarias de la sala antedicha. En definitiva, se acepta ciegamente la doctrina y se aplica sin más el precedente de forma acrítica.

Una consideración excepcional merece la nulidad del despido. La cultura jurídica dominante no enlaza el despido con el derecho fundamental al trabajo y el respeto a la no discriminación. Para conseguir la nulidad de pleno derecho de un acto de despido se han establecido unas medidas cautelares de todo punto exageradas.

De igual manera, se ha ampliado el concepto jurídico de improcedencia, catalogándolo como respuesta normal o natural frente al ejercicio incorrecto del poder disciplinario del empresario.

Hoy, en resumen, las reglas procesales juegan a favor de la narrativa liberal de abaratamiento de los costes por despido.

La cultura jurídica hegemónica neoliberal puede advertirse hasta en Internet. Démonos una vuelta por la red. Si buscamos despidos laborales nos encontramos al azar con una consultoría que se vende de la siguiente manera. Despedir a un trabajador no es una situación agradable para nadie, pero quizá su empresa se vea obligada a ello por las circunstancias económicas. El despido más barato en tiempos de crisis es el despido objetivo por causas económicas. Si su empresa se plantea reducir plantilla por la situación económica puede ir al despido objetivo por causas económicas, mucho más barato que cualquier otro tipo de despido. El despido objetivo es razonablemente asequible. En el peor de los casos, trabajadores con más de 18 años de antigüedad, indemnizará a los despedidos con sólo un año de salario. Además, si se hace bien es muy sencillo y barato. Otro producto estrella de la consultoría es el despido disciplinario exprés. Deje zanjado el asunto sin ir a juicio y sin preocupaciones. Con independencia de la situación económica de su empresa usted puede prescindir de algún trabajador sobrante. Una vez que la decisión de despedir está tomada, hay una forma de abaratar al máximo el despido y hacer que el proceso sea muy rápido: recurrir al Estatuto de los Trabajadores. Así se aconseja por parte de algunos operadores jurídicos. La cultura actual del despido no ofrece dudas.

Visto lo visto, sería conveniente una reflexión para reconstruir ese objeto que es el despido desde una perspectiva política y democrática, es decir, desde las garantías judiciales y efectivas del despido. ¿En qué sentido habría que iniciar este análisis?

Las tutelas sobre el despido no derivan de una ley o norma concreta sino del pacto constituyente y del reconocimiento del derecho al trabajo, que no es una fórmula mágica o mantra que deba recitarse para ver si acaece. El derecho al trabajo tiene una evidente precisión y un contenido jurídico y político, estableciendo una relación directa entre trabajo y valor político fundamental. Eso está en la Constitución española.

El derecho al trabajo ha de estar garantizado: nadie debe ser privado de su empleo sin una causa determinada, permitiendo al trabajador o trabajadora conocer la razón de su despido. Ese acto unilateral debe estar sometido al control judicial, que tiene que verificar si la causa es suficiente. El despido individualmente considerado necesita la causalidad, la formalidad y el control judicial. No sólo se trata de doctrina: el Tribunal Constitucional ha dicho de manera inequívoca y contundente que el contenido esencial del derecho al trabajo implica la causalidad del despido y la judicialización de las garantías, aunque no se han concretado cuáles son los efectos de ese control judicial.

Una vez que los tribunales han verificado que el poder empresarial se ha ejercitado, si la medida tomada es incorrecta, ¿cuál es la solución? La idea fuerte sería mantener el principio de estabilidad, pero hay dos maneras de entender este concepto: estabilidad real, en el sentido de forzar la readmisión del trabajador despedido, o bien, interpretar que la lesión que se ha producido es susceptible de ser resarcida económicamente (estabilidad obligatoria).

Resulta evidente que la estabilidad real se corresponde mejor con las garantías del derecho al trabajo porque la estabilidad en el empleo es la base de los derechos fundamentales en nuestra sociedad. La gran mayoría de los derechos fundamentales (salario, ocio, salud, seguridad…) derivan de la estabilidad en el empleo. El derecho a la libre sindicación, el derecho de huelga y a mejorar las condiciones laborales también cuelgan de la estabilidad en el empleo, por tanto, sería razonable pensar que el principio general debiera ser la estabilidad real. Pero no es así en nuestro sistema. El principio de estabilidad real se haya limitado excepcionalmente a casos gravísimos de arbitrariedad del empresario.

En los despidos económicos o colectivos la mediación sindical es la que nos permite hablar de garantías de derecho al trabajo, quedando la autoridad administrativa o el control judicial como vías de arbitraje sustitutivo cuando no hay acuerdo entre trabajadores y patronos.

La presencia sindical hace las veces de síntesis entre los diferentes elementos enfrentados en una situación económica, organizativa o técnica que impida la actividad productiva o una parte de la misma. En materia de despidos colectivos, la mediación y el protagonismo sindical ocupan el espacio de la garantía judicial típica de los actos de rescisión individualizados, es decir, mientras que en estos actos la garantía reside en el poder judicial, en los despidos colectivos se sitúa en la negociación colectiva y en el sindicato.

Es preciso armar una visión neolaboralista como alternativa al discurso neoliberal que se viene manifestando sin interrupción desde los años 80. Estamos obligados a construir una mirada sobre el despido desde un lenguaje de los derechos y de la política democrática, desterrando el discurso del dinero y de la banalidad social. Hay que pensar en algo muy sencillo: el despido es un acto que rompe el ligamen social de la persona que trabaja, condenándola a una determinada condición de subalternidad política. No hay que olvidar nunca que la noción de ciudadanía se adquiere a través del trabajo. No me refiero sólo a problemas personales evidentes (alteraciones psíquicas y familiares): la estabilidad en el empleo, repito, es la base de la ciudadanía social.

Es necesario construir una nueva narrativa laboral. Hay que recausalizar el fenómeno del despido en general y resindicalizar los despidos colectivos. Las reformas que hay que realizar nos llevarán al Estatuto de los Trabajadores y a la ley Concursal como elementos decisivos de la nueva estrategia. Y, por supuesto, también hay que abordar el terreno de la cultura jurídica con un nuevo argumentario que revalorice la realidad desde una perspectiva de radicalidad política democrática. Un ejemplo puede servir para ilustrar lo que digo: el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores. La crítica de izquierdas con aroma sesentayochesco dice que siempre hay que extraer y aislar las consecuencias más negativas de una norma dada, pero que cuando la norma ya está publicada hay que realizar el ejercicio contrario. Desde esta visión, el artículo de marras es la consagración del despido libre indemnizado. ¿Qué dice la resistencia neoliberal? Que el despido en España es libre, pero muy caro. ¿Y qué dicen los jueces? Si lo dicen la izquierda y la derecha, así será: el despido es libre, aceptando de modo acrítico el despido sin causa. Lo peor de todo es que los sindicatos también han interiorizado esta tesis: no hay nada que hacer.

A mi juicio, es necesario interpretar la norma referida de manera distinta. Cierto es que se trata de una debilitación de la causalidad, pero no de su negación o supresión. Un despido arbitrario no tiene cabida en el modelo constitucional español. Un despido sin causa es un despido nulo porque es contrario al artículo 35 de la Constitución en relación con el artículo 24 de la misma: el juez puede conocer la causa del despido y el trabajador puede defenderse. El artículo 24 impone una causalidad al despido. Lo que sucede es que la normativa exonera en gran medida al empresario de aducir pruebas para proceder al acto unilateral de despedir. Desde los gabinetes jurídicos laboralistas se debería elaborar una estrategia para forzar pronunciamientos judiciales bajo causas evidentes y demostrables. Un ejemplo que abunda en lo ya expresado: según el Tribunal Supremo un despido por enfermedad no es nulo sino improcedente; el Constitucional se ha expresado en la misma línea. En la práctica, el rechazo social puede con la cultura jurídica dominante. Hace poco una empleada de una empresa de congelados tuvo un accidente y entró en coma. El empresario la despidió, pero era tal la barbaridad que cuando fue conocido el caso a través de los medios de comunicación, el empresario tuvo que dar marcha atrás en su decisión. La cultura jurídica claudicó ante la aberración social cometida.

Contra el despido, hay que armarse con razones sociales y mediante la elaboración de un nuevo discurso político, ideológico y jurídico. La ciudadanía comienza en el derecho al trabajo y en la estabilidad en el empleo.

Cuadernos de la Fundación 1º de Mayo