EL FISCAL PIDE 3 AÑOS DE CARCEL ...

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El fiscal pide tres años de cárcel para Miguel Ángel Ramírez por edificar en suelo protegido
El acusado continuó con las obras a pesar de que el Seprona las precintó por ejecutarlas en el paraje de Pino Santo



Miguel Ángel Ramírez. J. C. GUERRA


M. REYES La Fiscalía de Medio Ambiente solicita tres años y medio de cárcel para el actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez Alonso. El fiscal le acusa de un delito contra la ordenación del territorio por promover la construcción de varias obras ilegales, concretamente en una finca propiedad de Ramírez que está situada en un espacio natural protegido de la capital grancanaria.


Según sostiene el fiscal Javier Ródenas en su escrito de acusación, Ramírez "promovió la realización de las obras con total desprecio a la ordenación legal del terreno", pues se trata de construcciones "no autorizadas y en ningún caso autorizables por su manifiesta contradicción con el planeamiento vigente".


La finca, de 31.243 metros cuadrados y ubicada en La Milagrosa, ocupa suelo clasificado como rústico de protección medioambiental por el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria. El fiscal delegado también asegura en sus conclusiones provisionales que los trabajos se ejecutaron sin licencia municipal y sin recabarse la preceptiva calificación territorial al Cabildo de Gran Canaria. De hecho, Ramírez intentó legalizar la obras en julio de 2005 y marzo de 2008, pero Política Territorial le negó la calificación por tratarse de construcciones contrarias al planeamiento vigente.


El representante del Ministerio Público relata que los trabajos se iniciaron en marzo de 2004, y consistieron en edificar un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos superiores a los 200 metros cada uno y una nueva vía de acceso de similares dimensiones. Asimismo estaba proyectado el recubrimiento de la superficie con hormigón, dos edificios y el cerramiento de la finca con muros, alambradas y vallas.


La Fiscalía pide la misma pena de prisión para el dueño y el representante legal de la empresa constructora, Benedicto Martel Hernández y José Luis Alemán Suárez, respectivamente. Ambos también eran conocedores de que las obras "se promovieron, proyectaron e iniciaron en el interior de un espacio natural protegido reconocido legalmente como Paisaje Protegido de Pino Santo".


Aparte de cárcel, el fiscal interesa para los acusados tres años y medio de inhabilitación para el ejercicio de la construcción, así como una multa de 30 meses a razón de 60 euros diarios para Ramírez y de 30 euros para los otros dos imputados. También pide que derriben las obras denunciadas. El juicio está pendiente de señalarse.