En suspensión de pagos la principal contrata de vigilantes del Gobierno | C-7 seguridad solicita un concurso de acreedores para garantizar su viabilidad

En suspensión de pagos la principal contrata de vigilantes del Gobierno
c-7 seguridad solicita un concurso de acreedores para garantizar su viabilidad
El grupo, que tiene 68 de sus 600 empleados en Navarra, no puede hacer frente a las obligaciones tributarias


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Hospital Virgen del Camino, cuya vigilancia
concierne a C-7.Foto: D.N.

JESUS MORALES. PAMPLONA.
La empresa de seguridad privada Grupo C-7, principal adjudicataria del Gobierno foral para el servicio de vigilancia en la mayoría de las Consejerías y en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se ha visto obligada a solicitar un concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) para solventar la situación financiera en la que está inmersa.

Fuentes de la compañía, cuya sede central se localiza en Madrid, explicaron ayer que "la grave situación económica y financiera que atraviesa el país", unida a "la demora de los cobros de los clientes que afecta a todo el grupo", ha llevado a la Dirección a adoptar varias medidas organizativas y legales, entre ellas entrar en la ley concursal.

El objetivo de acudir a la vía judicial, según las mismas fuentes, es "obtener una gestión precisa de la tesorería" y afrontar de ese modo las exigencias tributarias que soporta, dado que "las necesidades de los trabajadores, de los bancos y de los proveedores están cubiertas".

Los mismos portavoces de la compañía admitieron, no obstante, que las nóminas está siendo abonadas a los trabajadores con "cierto retraso, pero hasta el momento estamos pagando adecuadamente". Asunto diferente es el pago de las horas extraordinarias, que varios empleados reclaman desde hace varias semanas.

consejerías y servicio de salud C-7 Seguridad, que cuenta con 68 trabajadores en la Comunidad Foral realizando servicios de vigilancia en todos los hospitales, incluidos los de Estella y Tudela, así como centros de salud, el Museo de Navarra y cinco Consejerías (Industria, Agricultura, Educación, Salud y Cultura), se hizo cargo de esta prestación el 1 de enero de 2006, una adjudicación que expira a finales de este año.

La propuesta para someterse a un concurso de acreedores en un Juzgado de lo Mercantil de Madrid tuvo lugar en abril, indicaron fuentes de C-7 Seguridad, que lamentaron que hasta el momento no haya surtido efecto por la excesiva carga de trabajo que sufre la citada unidad judicial. "Estamos a la espera de que se acepte la propuesta y de que se nombren interventores para poder iniciar, cuanto antes, una planificación correcta que sirva para normalizar la situación que atraviesa la compañía actualmente".

Según apuntaron estas mismas fuentes, cuando el concurso de acreedores sea finalmente aceptado, "se podrán estudiar fórmulas adecuadas y la flexibilidad necesaria para garantizar la viabilidad de la empresa", que en cualquier caso, "no está comprometida", concluyeron.