Pablo Soto, en el banquillo: 'No soy el héroe de las descargas ilegales'

Pablo Soto, en el banquillo: 'No soy el héroe de las descargas ilegales'

Las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony-BMG han comparecido hoy ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, donde hace un año presentaron una demanda contra Pablo Soto Bravo como creador de Blubster, Piolet y Manolito, programas P2P que facilitan el intercambio de archivos.

20-05-2009 -

Este juicio, que continuará el jueves, es el primero que se produce en España por la vía civil, ya que por la vía penal las discográficas se han encontrado con que la actual legislación establece que no es delito la descarga de música si no existe ánimo de lucro.

Pablo Soto, que no ha declarado hoy, ha explicado antes de entrar en el juzgado que él como creador de estos programas defiende la "neutralidad de una herramienta que está diseñada para intercambiar archivos de cualquier tipo" y mantiene la teoría de que "no se puede responsabilizar a los fabricantes del uso fraudulento que hagan los usuarios".

Soto, un autodidacta que se puso delante del ordenador por primera vez a los nueve años, que no se siente "el héroe de las descargas ilegales"y que es presidente de su propia empresa, MP2P Technologies, ha recordado que Sony vende también aparatos reproductores y grabadores de imágenes y sonido.

Los demandantes, según ha manifestado Antonio Guisasola, presidente de la asociación Promusicae, a la que pertenecen Warner, Universal, Emi y Sony-BMG, argumentan que Soto desarrolló sus aplicaciones informáticas "con evidente ánimo de lucro" y con "una conducta parasitaria" para obtener provecho de la obra de otros.

Para Guisasola, el software diseñado por Soto "fue creado y se comercializa con la finalidad de intercambiar archivos musicales, por lo tanto alguna responsabilidad debe de tener. No es un programa que está colgado en la red y ya está, sino que se vende y se actualiza constantemente", ha añadido.

Tras un cálculo de los prejuicios causados, las discográficas reclaman al demandado más de 13 millones de euros, y exigen la inmediata clausura de las páginas. Soto argumenta que él no tiene ese dinero, que viaja en transporte público y que, como las discográficas "no han podido con los usuarios ni con las operadoras, van contra el creador del programa, para dejar en la conciencia colectiva que es malo desarrollar este tipo de tecnologías".

Las innovaciones tecnológicas de MP2P Technologies han sido descargadas por millones de usuarios de todo el mundo y permanece en la actualidad como líder del sector P2P y tecnología de consumo, con oficinas en Madrid.

Durante el juicio, los representantes de Sony, Universal, Warner y Emi han resaltado que en ningún momento Pablo Soto se puso en contacto con estas discográficas para utilizar las canciones -todas ellas en las bases de datos que tienen en sus páginas web- que puso a disposición de los usuarios de sus programas.

Antonio Guisasola ha declarado que el precio medio de una canción de un disco es de 72 céntimos de euro, mientras que en Internet tiene un coste medio de 99 céntimos.

También, durante el juicio, se ha resaltado la reciente incorporación de sistemas para impedir la copia de discos como el DRM, que, dependiendo de la compañía y de la decisión del artista, se integra o no en el CD.
El Mundo - Navegante

Es como meter en el banquillo a las empresas constructoras de armas (Ej.: santa bárbara), porque las armas las usan algunos para delinquir.

Este juicio está claro que lo tiene ganado antes de subir al juzgado.

No van a condenar a nadie por crear una herramienta, más bien condenarán a los que hacen mal uso de la herramienta.

Un saludo.

22/05/09 19h 20m | colpisa
TECNOLOGÍA
La acusación considera a Pablo Soto "un traidor de los usuarios"

-La defensa del programador aseguró, en sus conclusiones, que son los internautas quienes violan el derecho a la propiedad intelectual.

Madrid, 22, may. (COLPISA, D. Roldán).
“Pablo Soto no es el héroe de las descargas, sino el traidor de los usuarios”. De esta manera calificaba la acusación a uno de los más brillantes programadores españoles (según la defensa) o una de las personas que se lucra con los derechos de autor (según la acusación). Durante las conclusiones, que pusieron punto y final al juicio, las dos partes se reafirmaron en sus posturas iniciales: las discográficas mantuvieron los 13 millones como indemnización y la defensa la absolución.
El representante de Warner, EMI, Sony y Universal, Javier de Torres, incidió en que no se trataba de un juicio contra la tecnología, los archivos ‘copyleft’ (de libre circulación) o contra otra forma de distribución de música que no sea la tradicional. “Es un juicio por violar de forma sistemática los derechos de autor y lucrarse. Y ha tenido la desfachatez de inculpar a los usuarios”, apuntó en la sala de lo Mercantil número 4 de Madrid. Asimismo, apuntó que la piratería se ha convertido en un problema de tal calibre para España que se ha convertido en una “singularidad hispánica” junto a “los toros, la paella y la siesta”.
Este camino nos lleva, según el letrado, a un “capitalismo salvaje”, en el que la sociedad se acostumbra a que “la música sea gratis”. “Las webs (de Soto) están destinadas a bajar cualquier canción de forma ilimitada. No existe ningún dato que demuestre que sus sociedades mercantiles se dediquen a una causa filantrópica musical”, apuntó el abogado. Por su parte, la defensa basó su alegato final en que las empresas de Pablo Soto ejercían como simples intermediarias entre dos internautas. “Los fonogramas están alojados en ordenadores personales que usan la web. Pero no los tiene el demandado”, comentó David Bravo, que insistió en que la parte demandada no tenía ninguna intervención en este proceso.

Sin responsabilidad

En su alegato, realizó una clasificación de los espectadores que intervienen en las comunicaciones p2p. El primer grupo estaría formado por empresas de tecnología que permiten la interacción de archivos; el segundo grupo serían los intermediarios que promueven la red. “Pero no se lucran con ello. Es el caso de portales como Pirate Bay (un portal sueco de enlaces): dicen dónde está lo que se quiere encontrar”, matizó el letrado sevillano. En último lugar estarían los usuarios, que son los responsables de los archivos descargados, a los que no se pueden localizar por la legislación sobre protección de datos.
“La responsabilidad de la parte demandada termina en el momento en que se instala el programa en el ordenador”, insistió el abogado de Soto, quien no negó el lucro de las empresas de su defendido pero sí cualquier “infracción” del derecho a la propiedad intelectual. Remató su intervención con las citas de varios casos, tanto por la vía penal como por la civil, en la que las páginas de ‘links’ han salido indemnes. El juicio quedó visto para sentencia, que se puede producir en junio. Las partes, no obstante, consideraron septiembre la opción más factible.