El PP se desmarca de las peticiones de los empresarios

El PP se desmarca de las peticiones de los empresarios

Los populares y CiU comunican a la patronal que no secundarán su propuesta de contrato con una indemnización más barata en las enmiendas a las medidas del Gobierno sobre empleo.

21-05-2009 - En tiempos de elecciones, no hacer reformas impopulares. Casi parafraseando a San Ignacio de Loyola –“en tiempos de tribulaciones, no hacer reformas”–, éste es el lema que tienen en estos momentos los partidos políticos y que le han hecho saber a CEOE sobre su nuevo contrato indefinido con un despido más flexible desde el punto vista legal y más barato en la cuantía de la indemnización.

Más flexible, porque salvo que el motivo del despido atente contra los derechos fundamentales de la persona y contra la maternidad, todas las demás causas de despido serían procedentes. Y más barato, porque la indemnización sería siempre de veinte días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades.

Si CEOE albergaba alguna esperanza de que el PP atendiese sus demandas, éste le ha dicho que no. Que, “con las elecciones europeas del 7 de junio no es conveniente defender un recorte de los costes del despido, a través del nuevo contrato que propone la patronal. Sería un suicidio electoral”, comentan las distintas fuentes del PP y de CEOE consultadas por EXPANSIÓN.

Así se lo han hecho saber a los empresarios los portavoces parlamentarios de Política Económica y de Empleo de los populares, Cristóbal Montoro y José Ignacio Echániz, respectivamente, en las reuniones que han mantenido con delegaciones tanto de la CEOE como de otras organizaciones empresariales sectoriales.

La reforma laboral

Entonces, ¿a qué se refiere el presidente del PP, Mariano Rajoy, cuando en sus intervenciones públicas defiende una reforma para “resolver el problema de un mercado de trabajo dividido entre trabajadores indefinidos, y muy protegidos, y un 25% de los asalariados con contrato temporal?”.

En el PP defienden la ampliación a nuevos colectivos del contrato de fomento del empleo, con 33 días de indemnización por año de servicio hasta una cuantía máxima de dos años de salario. Máxime cuando ese contrato fue el resultado de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos en la reforma laboral de 1997, apoyado, además, por el primer Gobierno del PP con cuantiosas subvenciones en las cotizaciones sociales.

El mismo modelo que también defiende CiU que, en este terreno, ha modificado su actitud hacia posiciones más moderadas. Incluso, según explica su portavoz, Carles Campuzano, defiende el modelo austriaco sobre las indemnizaciones por despido: que las empresas por las que pasa el trabajador coticen en un fondo público para una eventual indemnización por despido, con la posibilidad de deducirla del Impuesto de Sociedades. Y si no fuese así, destinarlo al plan de pensiones para la jubilación.

Un verso libre de la política en todo esto es la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que defiende sin ambages el contrato de la patronal y una reforma laboral de calado, “estructural”. Aguirre sostiene que “no se trata de abaratar el despido y recortar los derechos de los trabajadores, como dicen irresponsablemente tanto el Gobierno como sus socios sindicales”.

Aguirre cree que la propuesta de CEOE “merece ser considerada con más responsabilidad y menos demagogia”. Sobre todo cuando, en su opinión, España tiene “un mercado laboral obsoleto, franquista y propio de una economía cerrada”.

Sin embargo, Aguirre no tiene eco en el grupo parlamentario del PP. O, mejor dicho, no tiene eco con luz y taquígrafos, porque lo cierto es que, sotto voce, los medios consultados explican la actitud del PP por no levantar las iras sindicales. “Con la que está cayendo [por la recesión] no dejan de ser curiosas las buenas relaciones entre el Gobierno y los sindicatos. CCOO y UGT se manifiestan contra la política comunitaria y contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid [en manos del PP], pero nunca contra Zapatero. Nosotros ya hubiéramos tenido una huelga general como en 2002 [contra la reforma del desempleo]”.

Resolución parlamentaria

Precisamente, debido a la presión sindical y de la izquierda parlamentaria, el PSOE rectificó ayer y retiró su apoyo a la resolución que había pactado la víspera con Convergència i Unió sobre la necesidad de impulsar una reforma laboral “mediante un acuerdo social” con la patronal y los sindicatos.

Los objetivos iniciales del PSOE y CiU eran, entre otros, “hacer frente a los problemas estructurales del mercado de trabajo, como la dualidad [entre empleados indefinidos y temporales] de la negociación colectiva”, resolver el papel de las agencias privadas de colocación en la mediación laboral “y la ampliación de la cobertura por desempleo”.

Es decir, que la resolución implicaba el reconocimiento socialista de la necesidad de hacer una reforma laboral, con su consiguiente emplazamiento al Gobierno. Todo lo contrario de lo sostenido hasta ahora por el Ejecutivo, el PSOE y los sindicatos.

Josep Antoni Durán Lleida, portavoz de CiU, dijo que “el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es prisionero de los sindicatos”. El PSOE respondió que CiU se había “extralimitado” en su interpretación de la citada resolución.