El Constitucional francés tumba parte de la ley antiP2P que prevé cortes de Internet
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El Consejo Constitucional francés ha malogrado la ley antipiratería de Nicolas Sarkozy. Consideran sus nueve miembros, incluidos Giscard d'Estaing y Jacques Chirac, que el texto en cuestión vulnera la presunción de inocencia y cuestiona el derecho a la información.
La argumentación se parece bastante a la doctrina comunitaria. Como también lo hace el hecho de que el Consejo Constitucional haya discutido que una autoridad administrativa pueda atribuirse la prerrogativa de interrumpir del suministro de Internet a los consumidores.
De esta manera, la ley antipiratería deberá ajustarse a los criterios de constitucionalidad y perderá en el camino muchas de sus ambiciones. Empezando porque recaerá en el juez y no en la Autoridad gubernamental la decisión de valorar los casos de descargas de contenidos protegidos por derechos de autor y las eventuales sanciones.
El Consejo Constitucional justifica el veredicto, nada menos, en la defensa de la Declaración de los derechos del hombre de 1789. Naturalmente, no existía Internet entonces, pero los miembros del sanedrín constitucional invocan la libertad de expresión y de comunicación, así como anteponen el principio de la presunción de inocencia. Sosteniendo que la ley de Nicolas Sarkozy la vulnera y contraviene igualmente el derecho a informarse.
Es un varapalo al presidente francés y a los mosqueteros de su partido (UMP) que se han ocupado de ponerla en órbita durante un año. Pensaban haberlo conseguido el 13 de mayo después de toda clase de polémicas y contratiempos, pero el voto de censura de Giscard d'Estaing, Jacques Chirac y sus colegas del Consejo inhabilita los poderes de Hadopi.
El acrónimo (Alta Autoridad para la difusión y la protección de derechos en Internet) responde a la autoridad administrativa sobre la que recaían los mecanismos de penalización. Quedando claro que el usuario sorprendido en un acto de piratería se arriesgaba a permanecer desconectado entre dos meses y un año.
Dependía el castigo de la gravedad del sabotaje, aunque la nueva ley francesa también concedía al internauta un margen de cautela: toda suspensión de la línea sería efectiva a partir de la tercera advertencia.
La novedad que introduce el Constitucional radica en la presunción de inocencia de los usuarios de Internet —no se los puede condenar a priori— y en la legitimidad "incuestionable" del juez. Tendrán los magistrados que valorar a partir de ahora las novedades punitivas que entraña la ley, aunque el hecho de derivarse la piratería al control judicial sobreentiende, en la práctica, que los expedientes con denuncias van a ser muy superiores a la posibilidad de tratarlos.
Así se entiende la euforia que ha provocado la noticia en los acuartelamientos de la oposición francesa. No anda el socialismo transpirenaico demasiado rumboso después del desastre electoral del 7J, pero el revés de la ley antipiratería se recogía este miércoles con entusiasmo.
"Se ha dado razón a nuestro punto de vista", explicaba el diputado Christian Paul en nombre del Partido Socialista (que presentó un recurso de inconstitucionalidad). "Siempre hemos dicho que la ley era liberticida y que socavaba principios fundamentales: desde la libertad de información hasta la presunción de inocencia. Ahora Sarkozy tendrá que retractarse".
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- Destaca la necesidad de una orden judicial para interrumpir la conexión
- La ley deberá volver al Parlamento para 'ajustarse' a la Constitución
- Albanel dice que las notificaciones a usuarios se enviarán desde septiembre
El Consejo Constitucional francés ha malogrado la ley antipiratería de Nicolas Sarkozy. Consideran sus nueve miembros, incluidos Giscard d'Estaing y Jacques Chirac, que el texto en cuestión vulnera la presunción de inocencia y cuestiona el derecho a la información.
La argumentación se parece bastante a la doctrina comunitaria. Como también lo hace el hecho de que el Consejo Constitucional haya discutido que una autoridad administrativa pueda atribuirse la prerrogativa de interrumpir del suministro de Internet a los consumidores.
De esta manera, la ley antipiratería deberá ajustarse a los criterios de constitucionalidad y perderá en el camino muchas de sus ambiciones. Empezando porque recaerá en el juez y no en la Autoridad gubernamental la decisión de valorar los casos de descargas de contenidos protegidos por derechos de autor y las eventuales sanciones.
El Consejo Constitucional justifica el veredicto, nada menos, en la defensa de la Declaración de los derechos del hombre de 1789. Naturalmente, no existía Internet entonces, pero los miembros del sanedrín constitucional invocan la libertad de expresión y de comunicación, así como anteponen el principio de la presunción de inocencia. Sosteniendo que la ley de Nicolas Sarkozy la vulnera y contraviene igualmente el derecho a informarse.
Es un varapalo al presidente francés y a los mosqueteros de su partido (UMP) que se han ocupado de ponerla en órbita durante un año. Pensaban haberlo conseguido el 13 de mayo después de toda clase de polémicas y contratiempos, pero el voto de censura de Giscard d'Estaing, Jacques Chirac y sus colegas del Consejo inhabilita los poderes de Hadopi.
El acrónimo (Alta Autoridad para la difusión y la protección de derechos en Internet) responde a la autoridad administrativa sobre la que recaían los mecanismos de penalización. Quedando claro que el usuario sorprendido en un acto de piratería se arriesgaba a permanecer desconectado entre dos meses y un año.
Dependía el castigo de la gravedad del sabotaje, aunque la nueva ley francesa también concedía al internauta un margen de cautela: toda suspensión de la línea sería efectiva a partir de la tercera advertencia.
La novedad que introduce el Constitucional radica en la presunción de inocencia de los usuarios de Internet —no se los puede condenar a priori— y en la legitimidad "incuestionable" del juez. Tendrán los magistrados que valorar a partir de ahora las novedades punitivas que entraña la ley, aunque el hecho de derivarse la piratería al control judicial sobreentiende, en la práctica, que los expedientes con denuncias van a ser muy superiores a la posibilidad de tratarlos.
Así se entiende la euforia que ha provocado la noticia en los acuartelamientos de la oposición francesa. No anda el socialismo transpirenaico demasiado rumboso después del desastre electoral del 7J, pero el revés de la ley antipiratería se recogía este miércoles con entusiasmo.
"Se ha dado razón a nuestro punto de vista", explicaba el diputado Christian Paul en nombre del Partido Socialista (que presentó un recurso de inconstitucionalidad). "Siempre hemos dicho que la ley era liberticida y que socavaba principios fundamentales: desde la libertad de información hasta la presunción de inocencia. Ahora Sarkozy tendrá que retractarse".
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