La policía pone en jaque el negocio de seguridad privada

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Las centrales de alarma, el cuarto pilar del negocio del sector, no atraviesan su mejor momento debido al incremento de costes por sanciones administrativas.

El negocio de la seguridad privada en España mueve anualmente unos 3.300 millones de euros, apoyado en cuatro áreas de actividad: la vigilancia, sistemas, transporte de fondos y centrales receptoras de alarma. El peso de la facturación recae sobre el servicio tradicional de las empresas de seguridad, pero en los últimos años, ha cobrado especial relevancia la instalación de alarmas en los hogares. Especialmente, a raíz del boom inmobiliario que se inició a principios de la década (existen más de un millón de conexiones en todo el territorio nacional, de las que 700.000 son particulares).

En conjunto, las centrales receptoras de alarmas mueven al año 300 millones de euros, con Niscayah (antigua Securitas Systems) y Securitas Direct a la cabeza del mercado, seguidas por el grupo ADT, Siemens y Fichet.
La buena marcha del sector se está viendo seriamente dañada por una progresiva caída de los márgenes debido a unos sobrecostes provocados por un desajuste entre las funciones de seguridad privada y pública.

El problema se inicia cuando se producen alarmas falsas que, desde la compañía, no se pueden verificar, normalmente, porque el titular de la vivienda no está localizable. Cuando esto ocurre, el sistema obliga a la respuesta de la Policía, que se desplaza al domicilio donde se ha detectado el aviso, en la mayoría de los casos sin consecuencias para el titular del servicio (si la alarma se activó por error), pero sí con repercusiones para la empresa.

“El servicio tiene un precio anual de unos 150 euros, pero, por cada alarma falsa, la policía nos impone una sanción de 6.300 euros”, revela el primer ejecutivo de una de las principales compañías del sector. “Por una mezcla de déficit en la legislación y de afán recaudatorio, las alarmas falsas se está cargando el margen de las compañías”, añade.

Según los últimos datos disponibles, hasta septiembre de 2007, se registraron casi 500 expedientes sancionadores (unos tres millones de euros), más de la mitad que en 2006. El problema es especialmente grave en Canarias. La mitad de las sanciones se concentra en Las Palmas, lo que indica que la vivienda vacacional es la causante de la mayoría de los expedientes.
Como solución intermedia, al margen de cambiar la ley de seguridad, las compañías recomiendan que la sanción se transforme en una tasa que repercuta sobre el usuario.

saludos

Y O Y I