Los fiscales, divididos, darán al Gobierno dos opiniones sobre el aborto

Los fiscales, divididos, darán al Gobierno dos opiniones sobre el aborto

• Uno de ellos es el aprobado, de carácter consultivo y no vinculante
  
• El otro es un texto alternativo avalado por el fiscal general del Estado
  

El debate sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto que ha mantenido el Consejo Fiscal -órgano asesor del fiscal general del Estado- ha puesto de manifiesto la división de opiniones entre el sector progresista y el sector conservador de la carrera.

Así se desprende de la nota de prensa remitida esta tarde por la Fiscalía General del Estado. Se presentará un informe aprobado por la mayoría, en este caso los vocales elegidos a propuesta de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador.
Pero esta vez habrá un texto alternativo y discrepante con el documento aprobado. Ése estará avalado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Martín-Casallo, y los vocales del Consejo elegidos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales.
El informe del Consejo Fiscal tienen carácter consultivo y no vinculante para el Gobierno, que debe recabarlo antes de enviar el anteproyecto de ley para su tramitación en las Cortes.
También el Consejo General del Poder Judicial debe emitir su dictamen sobre la reforma de la ley del aborto, aunque el lunes volvió a pedir al Gobierno que amplíe el plazo que tiene para hacerlo, ya que aunque este órgano ya trabaja en el informe el texto definitivo no está ultimado.
A principios de este mes, el órgano de gobierno de los jueces ya acordó pedir al Ministerio de Justicia que ampliara en 15 días dicho plazo y ahora previsiblemente el pleno del CGPJ, a petición de la comisión del Estudios del Consejo, acordará volver a reclamar una prórroga, esta vez de un mes, según fuentes del Consejo.
El anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 mayo, contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
La nueva norma sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.