Los vigilantes amenazan con dejar sin dinero a la provincia (R)

Tras más de una semana de una huelga indefinida que prácticamente es inapreciable debido a los “impresionantes” servicios mínimos impuestos desde el Ministerio del Interior “por imperativo legal”, el malestar entre los vigilantes de la seguridad privada es más que palpable.

Prueba de ello es que estos trabajadores de la provincia y en Jerez que secundan la convocatoria del Sindicato Profesional de Vigilancia Privada (SPV), unos 500 aproximadamente, ya amenazan con bloquear el servicio de transporte que realizan en los furgones a los bancos y “dejar a toda la provincia sin dinero” a final de presente mes.

Una medida de presión, tal como explica el secretario general del SPV, Antonio Montesinos, que llevarán a cabo los días 28, 29, 30 y 31 del presente mes en caso de que hasta esa fecha no se hayan retomado las negociaciones del convenio colectivo, en las que recalcan que no cuentan con el apoyo de CCOO, UGT y USO.

Según denuncia Montesinos, pese a que la presente huelga tiene unas connotaciones especiales, dado que es la primera vez en la historia que este gremio se pone en huelga, el que su trabajo esté regulado por los llamados “servicios esenciales para la comunidad” les anula en la práctica “todo el derecho de huelga”, lo que les ha llevado a pedir la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Esta imposición se traduce en una máxima cobertura de los servicios mínimos, de ahí que en estos días los jerezanos apenas hayan notado que este gremio esté en huelga, cuya incidencia es “mínima” y apenas alcanza el 10 por ciento.

800 euros de salario
Estas circunstancias especiales no han hecho más que acrecentar la indignación de un colectivo que ya lleva seis meses sin convenio y que percibe un salario medio de 800 euros, según estima el representante del SPV, sin tener en cuenta en ningún momento los pluses de nocturnidad, días festivos, domingos y de peligrosidad por la labor que realizan.

Asimismo, en el escrito registrado a la Dirección General de Trabajo el pasado 12 de Junio, los convocantes (SPV, Alternativa Sindical, STS, SPS, SIPVS-C) justifican la huelga indefinida en una serie de conflictos que ellos mismos catalogan en los llamados “problemas crónicos” (incumplimiento sistemático de la ley por parte de las empresa y dejación de funciones por aquellos que tienen que hacerlas cumplir) y “coyunturales” (convenio colectivo, intrusismo, pérdida de poder adquisitivo, dilatación del proceso judicial de las horas extras).

De ahí que no estén dispuestos a tirar la toalla alentados además de por sus reivindicaciones, por los “abusivos” servicios mínimos que se están viendo obligados a ejercer, lo que está convirtiendo prácticamente en invisible la protesta que comenzaron el pasado 28 de junio bajo el lema “Convenio sí, miseria no”.

No obstante, estiman que para finales de mes habrán cubierto casi el 85 por ciento de las exigencias mínimas a las que están obligados, por lo que, si no hay un giro en las conversaciones, auguran un “descalabro en los bancos” en caso de que decidan paralizar los furgones encargados de proveerlos de dinero.

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Los servicios mínimos impuestos por la empresa, han sido denunciados ante la inspeccion de trabajo, pues vulnera a nuestro entender el derecho de huelga, ya que se les ha impuesto el 100% de servicios mínimos al 85% de la plantilla y además, a fin de mes, habremos realizado nuestro computo, así lo acordó el Comité de Empresa de Loomis Cádiz en su pasado pleno de Comité, donde SPV ostenta la mayoria sindical. Fdo.: Secretario del Comite.

JEREZ / PROTESTA

Los vigilantes amenazan con dejar sin dinero a la provincia



07/07 · 23:28 · Rocio Alfaro


Tras más de una semana de una huelga indefinida que prácticamente es
inapreciable debido a los “impresionantes” servicios mínimos impuestos
desde el Ministerio del Interior “por imperativo legal”, el malestar
entre los vigilantes de la seguridad privada es más que palpable.
Prueba de ello es que estos trabajadores de la provincia y en Jerez que
secundan la convocatoria del Sindicato Profesional de Vigilancia
Privada (SPV), unos 500 aproximadamente, ya amenazan con bloquear el
servicio de transporte que realizan en los furgones a los bancos y
“dejar a toda la provincia sin dinero” a final de presente mes.

Una medida de presión, tal como explica el secretario general del SPV,
Antonio Montesinos, que llevarán a cabo los días 28, 29, 30 y 31 del
presente mes en caso de que hasta esa fecha no se hayan retomado las
negociaciones del convenio colectivo, en las que recalcan que no
cuentan con el apoyo de CCOO, UGT y USO.
Según denuncia Montesinos, pese a que la presente huelga tiene unas
connotaciones especiales, dado que es la primera vez en la historia que
este gremio se pone en huelga, el que su trabajo esté regulado por los
llamados “servicios esenciales para la comunidad” les anula en la
práctica “todo el derecho de huelga”, lo que les ha llevado a pedir la
dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta
imposición se traduce en una máxima cobertura de los servicios mínimos,
de ahí que en estos días los jerezanos apenas hayan notado que este
gremio esté en huelga, cuya incidencia es “mínima” y apenas alcanza el
10 por ciento.

800 euros de salario
Estas circunstancias especiales no han hecho más que acrecentar la
indignación de un colectivo que ya lleva seis meses sin convenio y que
percibe un salario medio de 800 euros, según estima el representante
del SPV, sin tener en cuenta en ningún momento los pluses de
nocturnidad, días festivos, domingos y de peligrosidad por la labor que
realizan.

Asimismo, en el escrito registrado a la Dirección General de Trabajo el
pasado 12 de Junio, los convocantes (SPV, Alternativa Sindical, STS,
SPS, SIPVS-C) justifican la huelga indefinida en una serie de
conflictos que ellos mismos catalogan en los llamados “problemas
crónicos” (incumplimiento sistemático de la ley por parte de las
empresa y dejación de funciones por aquellos que tienen que hacerlas
cumplir) y “coyunturales” (convenio colectivo, intrusismo, pérdida de
poder adquisitivo, dilatación del proceso judicial de las horas
extras).

De ahí que no estén dispuestos a tirar la toalla alentados además de
por sus reivindicaciones, por los “abusivos” servicios mínimos que se
están viendo obligados a ejercer, lo que está convirtiendo
prácticamente en invisible la protesta que comenzaron el pasado 28 de
junio bajo el lema “Convenio sí, miseria no”. No obstante, estiman que
para finales de mes habrán cubierto casi el 85 por ciento de las
exigencias mínimas a las que están obligados, por lo que, si no hay un
giro en las conversaciones, auguran un “descalabro en los bancos” en
caso de que decidan paralizar los furgones encargados de proveerlos de
dinero.