Desidia ante las ayudas comunitarias
Resulta inadmisible que las administraciones públicas españolas, tanto la central como las autonómicas, hayan dejado de solicitar 3.700 millones de euros de fondos comunitarios a los que España tiene derecho.
17-07-2009 - En unos momentos de enorme necesidad de recursos financieros para afrontar la lucha contra el desempleo, es imperdonable una desidia administrativa como esta. El Gobierno debería reaccionar de inmediato para intentar evitar perder ese dinero.
El aviso, paradójicamente, lo ha dado la propia Unión Europea. Las subvenciones correspondientes del año 2007 para España sumaban 6.300 millones de euros, pero más de la mitad de esa cifra, en concreto los citados 3.700 millones, están pendientes de que España cumplimente los trámites necesarios.
Los retrasos en la ejecución de las ayudas se deben a que España no ha dado suficientes garantías a Bruselas de que las administraciones implicadas en los proyectos tienen sistemas de control financiero adecuados para asegurar que no hay irregularidades en el uso de los fondos, un aspecto en el que la normativa comunitaria se ha endurecido a raíz del incremento de estas en toda Europa. Parece increíble que un país como el nuestro, que tiene una amplia experiencia en la gestión de esos fondos, haya cometido tamaño error.
El plazo de solicitud de las ayudas expira el próximo 31 de diciembre. El Gobierno ha pedido doce meses de prórroga para poder gestionar las solicitudes pendientes, pero Bruselas por el momento se niega a ello. Ante este hecho, el Gobierno y las comunidades autónomas deberían acelerar los trámites administrativos requeridos para cumplir con el citado plazo y no perder ni un solo euro. El hecho de que haya otros países en situación similar no justifica para nada a las autoridades españolas. Se hace preciso iniciar cuanto antes una investigación al respecto para determinar los culpables de esta situación y proceder a la exigencia de responsabilidades. No están los tiempos para desperdiciar dinero. Muchos empleos y ayudas sociales dependen de ello.
Los fondos de ayuda comunitarios han contribuido decisivamente, como se sabe, al progreso económico y social del país desde su ingreso en el club europeo. La necesidad de salvar el máximo dinero posible es imperiosa si se tiene en cuenta que en el periodo 2007-2013 España recibirá un 42 por ciento menos de fondos comunitarios con respecto al periodo 2000-2006, ya que la prioridad de la Unión Europea se ha centrado en los nuevos miembros, fundamentalmente los países del Este. España, en concreto, en esos siete años deberá recibir, si no pierde dinero por desidia administrativa, un total de 35.216 millones de euros de fondos comunitarios, cifra que la sitúa aún como el segundo gran receptor, después de Polonia, que le ha arrebatado el primer lugar de este ranking.
La Unión Europea no sólo ha advertido a España que le peligran los 3.700 millones citados, sino que, de cara al actual periodo de ayudas, que finaliza en el 2013, le recomienda que las nuevas inversiones no se destinen exclusivamente a las infraestructuras de cemento, sino que se centren en proyectos de innovación, competitividad y modernización económica. Esta es una recomendación muy acertada que exige que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas reorienten su estrategia y se pongan las pilas para aprovechar al máximo las ayudas europeas.
La Vanguardia
Resulta inadmisible que las administraciones públicas españolas, tanto la central como las autonómicas, hayan dejado de solicitar 3.700 millones de euros de fondos comunitarios a los que España tiene derecho.
17-07-2009 - En unos momentos de enorme necesidad de recursos financieros para afrontar la lucha contra el desempleo, es imperdonable una desidia administrativa como esta. El Gobierno debería reaccionar de inmediato para intentar evitar perder ese dinero.
El aviso, paradójicamente, lo ha dado la propia Unión Europea. Las subvenciones correspondientes del año 2007 para España sumaban 6.300 millones de euros, pero más de la mitad de esa cifra, en concreto los citados 3.700 millones, están pendientes de que España cumplimente los trámites necesarios.
Los retrasos en la ejecución de las ayudas se deben a que España no ha dado suficientes garantías a Bruselas de que las administraciones implicadas en los proyectos tienen sistemas de control financiero adecuados para asegurar que no hay irregularidades en el uso de los fondos, un aspecto en el que la normativa comunitaria se ha endurecido a raíz del incremento de estas en toda Europa. Parece increíble que un país como el nuestro, que tiene una amplia experiencia en la gestión de esos fondos, haya cometido tamaño error.
El plazo de solicitud de las ayudas expira el próximo 31 de diciembre. El Gobierno ha pedido doce meses de prórroga para poder gestionar las solicitudes pendientes, pero Bruselas por el momento se niega a ello. Ante este hecho, el Gobierno y las comunidades autónomas deberían acelerar los trámites administrativos requeridos para cumplir con el citado plazo y no perder ni un solo euro. El hecho de que haya otros países en situación similar no justifica para nada a las autoridades españolas. Se hace preciso iniciar cuanto antes una investigación al respecto para determinar los culpables de esta situación y proceder a la exigencia de responsabilidades. No están los tiempos para desperdiciar dinero. Muchos empleos y ayudas sociales dependen de ello.
Los fondos de ayuda comunitarios han contribuido decisivamente, como se sabe, al progreso económico y social del país desde su ingreso en el club europeo. La necesidad de salvar el máximo dinero posible es imperiosa si se tiene en cuenta que en el periodo 2007-2013 España recibirá un 42 por ciento menos de fondos comunitarios con respecto al periodo 2000-2006, ya que la prioridad de la Unión Europea se ha centrado en los nuevos miembros, fundamentalmente los países del Este. España, en concreto, en esos siete años deberá recibir, si no pierde dinero por desidia administrativa, un total de 35.216 millones de euros de fondos comunitarios, cifra que la sitúa aún como el segundo gran receptor, después de Polonia, que le ha arrebatado el primer lugar de este ranking.
La Unión Europea no sólo ha advertido a España que le peligran los 3.700 millones citados, sino que, de cara al actual periodo de ayudas, que finaliza en el 2013, le recomienda que las nuevas inversiones no se destinen exclusivamente a las infraestructuras de cemento, sino que se centren en proyectos de innovación, competitividad y modernización económica. Esta es una recomendación muy acertada que exige que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas reorienten su estrategia y se pongan las pilas para aprovechar al máximo las ayudas europeas.
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