CC.OO. anuncia que el Juzgado ha ordenado a Kautxo Tiuna Injección pagar "la máxima indemnización" a los trabajadores
BILBAO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Social número 10 de Bilbao ha ordenado a la dirección de Kautxo Tiuna Injección de Gizaburuaga (Bizkaia) que abone a los 14 trabajadores, que permanecieron encerrados durante cinco meses, "la máxima indemnización", equivalente a 45 días por año trabajado, ya que considera que "el cierre de la empresa fue ilegal", según informó CC.OO. en un comunicado.
El sindicato recordó que Kautxo Tiuna Injección es una empresa dedicada a la transformación del caucho que "ha vivido uno de los conflictos laborales más dramáticos de esta crisis". Según denunció, el propietario cerró la planta "sin previo aviso" el 2 de enero y "sustrajo útiles de trabajo, productos acabados y materia prima para descapitalizar la empresa y poder alegar después que no tenía patrimonio para hacer frente a las indemnizaciones".
Ante esta situación, los trabajadores se encerraron, entre enero y junio y "sin cobrar ni un duro de sus salarios", por turnos en la fábrica para "evitar más sustracciones". A mediados de junio, decidieron finalizar el encierro, "cuando el caso comenzó a tomar un cariz favorable en los tribunales".
CC.OO. explicó que, durante el tiempo que duró el encierro, la Inspección de Trabajo sancionó al propietario dos veces, por una cuantía total de casi 200.000 euros, "debido al cierre patronal ilegal". "El Gobierno vasco también le reprendió por su conducta irregular, pero el dueño hizo caso omiso en todo momento", añadió el sindicato, que indicó que "ahora los tribunales han ratificado mediante sentencia firme que toda la actuación del propietario fue ilegal y le ha condenado a pagar los sueldos de estos meses y las correspondientes indemnizaciones".
RESPONDERÁ SOLIDARIAMENTE
Además, destacó que "la sentencia ha desmontado la estrategia" del empresario, consistente en "poner sus bienes a nombre de familiares suyos para poder alegar insolvencia a la hora de pagar". "El juez -indicó- ha ordenado el embargo de todos los bienes del empresario y su familia. Su principal patrimonio es otra empresa, situada a sólo 15 metros, que también se dedica al caucho y se llama casi igual (Kautxo Tiuna, sin el añadido Injección)".
Desde CC.OO., explicaron que las dos empresas "forman una misma unidad empresarial y comparten numerosos servicios", por lo que "esta otra empresa responderá solidariamente para abonar las cantidades debidas en caso de que el empresario siga alegando que no tiene patrimonio".
"La intención del propietario era que los trabajadores cobrasen sólo 20 días por año y ni siquiera de su bolsillo, sino con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)", censuró la Federación de Industria de CC.OO. de Euskadi, que expresó su satisfacción por el contenido de la resolución judicial que "cierra un caso que ha desvelado la cara más salvaje y despiadada de una especie de empresario pirata sin ética, ni responsabilidad, ni respeto alguno por las reglas de juego, ni por sus trabajadores".
Los 14 trabajadores afirmaron, por su parte, sentirse "muy contentos" por esta decisión, después de vivir una "odisea" que les ha situado "al límite, sin ingresos, sin posibilidad de pedir la prestación del desempleo (puesto que sus contratos no estaban legalmente extinguidos) y aguantando el boicot del empresario durante cinco meses en la fábrica".
BILBAO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de lo Social número 10 de Bilbao ha ordenado a la dirección de Kautxo Tiuna Injección de Gizaburuaga (Bizkaia) que abone a los 14 trabajadores, que permanecieron encerrados durante cinco meses, "la máxima indemnización", equivalente a 45 días por año trabajado, ya que considera que "el cierre de la empresa fue ilegal", según informó CC.OO. en un comunicado.
El sindicato recordó que Kautxo Tiuna Injección es una empresa dedicada a la transformación del caucho que "ha vivido uno de los conflictos laborales más dramáticos de esta crisis". Según denunció, el propietario cerró la planta "sin previo aviso" el 2 de enero y "sustrajo útiles de trabajo, productos acabados y materia prima para descapitalizar la empresa y poder alegar después que no tenía patrimonio para hacer frente a las indemnizaciones".
Ante esta situación, los trabajadores se encerraron, entre enero y junio y "sin cobrar ni un duro de sus salarios", por turnos en la fábrica para "evitar más sustracciones". A mediados de junio, decidieron finalizar el encierro, "cuando el caso comenzó a tomar un cariz favorable en los tribunales".
CC.OO. explicó que, durante el tiempo que duró el encierro, la Inspección de Trabajo sancionó al propietario dos veces, por una cuantía total de casi 200.000 euros, "debido al cierre patronal ilegal". "El Gobierno vasco también le reprendió por su conducta irregular, pero el dueño hizo caso omiso en todo momento", añadió el sindicato, que indicó que "ahora los tribunales han ratificado mediante sentencia firme que toda la actuación del propietario fue ilegal y le ha condenado a pagar los sueldos de estos meses y las correspondientes indemnizaciones".
RESPONDERÁ SOLIDARIAMENTE
Además, destacó que "la sentencia ha desmontado la estrategia" del empresario, consistente en "poner sus bienes a nombre de familiares suyos para poder alegar insolvencia a la hora de pagar". "El juez -indicó- ha ordenado el embargo de todos los bienes del empresario y su familia. Su principal patrimonio es otra empresa, situada a sólo 15 metros, que también se dedica al caucho y se llama casi igual (Kautxo Tiuna, sin el añadido Injección)".
Desde CC.OO., explicaron que las dos empresas "forman una misma unidad empresarial y comparten numerosos servicios", por lo que "esta otra empresa responderá solidariamente para abonar las cantidades debidas en caso de que el empresario siga alegando que no tiene patrimonio".
"La intención del propietario era que los trabajadores cobrasen sólo 20 días por año y ni siquiera de su bolsillo, sino con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)", censuró la Federación de Industria de CC.OO. de Euskadi, que expresó su satisfacción por el contenido de la resolución judicial que "cierra un caso que ha desvelado la cara más salvaje y despiadada de una especie de empresario pirata sin ética, ni responsabilidad, ni respeto alguno por las reglas de juego, ni por sus trabajadores".
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