Una dura condena da esperanzas a los afectados por el amianto

Una dura condena da esperanzas a los afectados por el amianto

Unión Naval de Valencia tendrá que pagar más de 11 millones a 71 personas

17-08-2009 - Es una enfermedad silenciosa. Se toma su tiempo, entre 10 y 40 años para manifestarse. Cuando lo hace, la vida de los afectados cambia: sus pulmones, su pleura o su laringe no dejan que la rutina perviva. El polvo de amianto se coló en las vías respiratorias de miles de trabajadores de la construcción de buques, la edificación, la fabricación de pastillas de freno, el mantenimiento y flete de trenes o el asfaltado en España. Sólo Unión Naval de Valencia ha sido condenada por la vía penal por no proteger a 71 víctimas y acepta pagarles 11 millones de euros. Los afectados piden ayuda al Estado.

Muchos trabajadores han fallecido sin que se relacionara su muerte con su ocupación. Otros, no conocen aún que pueden estar afectados. Los que sí lo saben, reclaman al Estado un fondo que, de forma automática, contemple ayudas, porque la enfermedad es consecuencia directa de una exposición laboral. El Gobierno dice entender la reclamación de los afectados pero no puede dar respuesta sobre el fondo por falta de recursos.

Las asociaciones de afectados calculan que puede haber 50.000 enfermos. Ya hace varios años, CC OO alertó de que en dos décadas podrían ser 60.000. Unión Naval de Levante, ahora Unión Naval de Valencia, ha admitido un delito contra la seguridad de los trabajadores, 20 faltas de muertes imprudentes y 51 de lesiones imprudentes. Cuatro directivos aceptaron el 24 de julio 14 meses de cárcel y multas millonarias. La empresa, indemnizará con más de 11 millones de euros a los 71 afectados (entre 110.000 y 250.000 euros a cada uno) y ayudará a protegerles en la evolución de su enfermedad. También a los que puedan estarlo en adelante. La conformidad alcanzada será sentencia en septiembre.

Esa es, según el abogado de varios afectados de Valencia, Andrés Sanfeliu, y el fiscal delegado de Riesgos Laborales en Valencia, Jaime Gil, la primera condena penal. Gil cree que "la enfermedad laboral es una siniestralidad dormida". Para él, los registros no son reales: "Entre 2000 y 2004, no aparecía ni una muerte por enfermedad laboral. Y en 2005, tres. Ahora, se recogen 3.600 por deficiencias cardiovasculares y 1.300 de origen respiratorio. Pero varios estudios señalan que al menos 9.400 muertes al año son por actividad laboral". Cree fundamental para el éxito del acuerdo de Valencia la actitud de la empresa, que sabe que "rompió la cadena de vigilancia de protección de la salud de los trabajadores".

Otros no han logrado ese resultado. Un total de 29 enfermos y ocho fallecidos que trabajaron en Alicante, en Fibrocementos, que pertenecía a Uralita, perdieron en 2006. Tras siete años de instrucción, la empresa fue absuelta. "Sabían que nos jugábamos la salud trabajando con amianto y lo consintieron", se cansa de repetir Francisco Martínez, presidente de la asociación de afectados de San Vicent del Raspeig, Alicante.

Para Juan Carlos Paúl, de la asociación de Madrid, la situación es "desesperante". "Perdemos la mayoría de juicios laborales, otros se resuelven cuando el obrero ha fallecido", dice. Paúl cree que la cifra es imprevisible, pero "muy alta" y que es "urgente la creación de un fondo".

Según él, fue la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien presentó en el Congreso, a finales de la segunda legislatura de José María Aznar, una proposición no de ley que no pudo debatirse. Con el Gobierno de Zapatero, lo hizo el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), pero tampoco prosperó. Y ante un escenario, describe, "en el que miles de trabajadores van a estar enfermos, porque hace 10 años, un estudio cifró en 1.200 sólo los de Ferrol", exige atención. El uso de amianto se prohibió en España en 2002, y ya desde los primeros noventa se trató de controlar su uso. Una década antes (1982-1984) existía un protocolo que muchas empresas no aplicaron.

Rafael Cremades, presidente de la Asociación de Valencia, denuncia la falta de un censo fiable, exige ayuda al Gobierno, y recuerda que los trabajadores no tenían "ni taquilla doble para no mezclar la ropa". "Nos la llevábamos a casa", cuenta. Lo peor, dice, ha sido "la soledad ante una enfermedad que es una condena a muerte".

LYDIA GARRIDO
El Pais