Explotación sexual

Seis detenidos en Sevilla por explotación sexual de mujeres sudamericanas

• Falsificaban las cartas de invitación para extranjeros que da la Policía.
  
• Son tres venezolanas, una brasileña y un hombre y una mujer españoles.
  

La Policía ha detenido a seis personas acusadas de formar una organización dedicada al tráfico de mujeres sudamericanas para su explotación sexual en un local de Bormujos (Sevilla).

Los detenidos, cinco mujeres y un hombre, están acusados de los delitos de falsificación documental, relativo a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal con fines sexuales y estancia irregular, según informa la Policía Nacional.

Entre los detenidos por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación hay tres mujeres venezolanas, dos personas españolas -un hombre y una mujer- y una mujer brasileña.

Los detenidos introducían a las víctimas en España falsificando las cartas de invitación a extranjeros, un documento que sólo puede expedir la Policía y por el que se autoriza la entrada al país de determinados extranjeros.

Una vez que las mujeres se encontraban en territorio español eran trasladadas a un local de la localidad de Bormujos en el que recibían las instrucciones sobre los precios que debían cobrar y las normas de actuación.

Las investigaciones comenzaron en junio cuando en el aeroportuerto de Madrid-Barajas tres ciudadanas venezolanas fueron rechazadas al comprobarse que las cartas de invitación con las que justificaban el alojamiento en casa de su "madrina" eran falsas.

El vacío legal da alas al auge de la prostitución





• Los municipios se enfrentan casi sin armas jurídicas a un fenómeno en alza

BARCELONA

«Sacaremos la prostitución de la calle de Barcelona», dijo el viernes el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Que el oficio más viejo del mundo (o la forma más antigua de explotación, según se mire) está plenamente asentado en Barcelona y en las carreteras de muchas otras localidades catalanas no es ninguna novedad. EL PERIÓDICO ha tratado con amplitud el tema, al igual que ha sido denunciado en infinidad de ocasiones por la sociedad civil y dirigentes políticos. La reciente publicación de unas fotografías más explícitas de lo habitual de la Boqueria tan solo ha aportado un testimonio más brutal de lo habitual de algo que los vecinos de las zonas afectadas llevan denunciando desde hace mucho tiempo: Catalunya es una gran casa de barrets, lo que supone un impacto negativo en muchas vertientes. De imagen, para empezar, pero también de seguridad vial en las carreteras, de inseguridad en las calles (la prostitución y su submundo suele ir acompañada de drogas, delincuencia, trata de blancas e inmigración ilegal) y económico para los negocios afectados y también para el prestigio turístico de Catalunya. Y, claro está, de degradación de seres humanos.

EFECTIVIDAD DUDOSA / «Sacaremos la prostitución de la calle de Barcelona», dijo Hereu el viernes, y la madrugada del sábado la Policía Nacional, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra efectuaron una aparatosa redada en Ciutat Vella que se saldó con la detención de cuatro meretrices. Por muy espectacular que sea la imagen, la efectividad de estas operaciones es dudosa. La prostitución en España no es legal ni ilegal; es alegal. El mercado del sexo no está ni prohibido, ni regulado, ni legalizado. Está tolerado como una realidad contra la que ninguna institución se decide a actuar de modo firme porque no hay forma de hallar un equilibrio entre las posiciones abolicionistas y regulacionistas.
La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de las Cortes llegó a la conclusión en el 2007 de que el Código Penal da suficientes herramientas para combatir la prostitución (mediante la ley de extranjería y las medidas contra el tráfico de drogas y de protección de menores). Pero la realidad es que las diferentes policías con competencias sobre algunos de los delitos que rodean la prostitución apenas pueden evitar que una meretriz detenida acabe regresando al mismo arcén o al mismo portal.

SIN LEY ESPECÍFICA / No se ha elaborado, hasta ahora, ninguna ley específica que regule la actividad, como sí han hecho países como Holanda o Suecia desde los dos puntos de partida (regulación y prohibición) que polarizan el debate teórico.
En el caso de la Generalitat, olvidado el plan que Montserrat Tura elaboró en el 2006 cuando estaba al frente de Interior, este departamento considera ahora que la prostitución no es su responsabilidad. Acció Social no interviene porque no etiqueta a las prostitutas como un colectivo de riesgo (si son drogadictas o menores, entonces sí). Y la realidad legal dice que si las prostitutas proceden de países como Rumanía o Bulgaria no pueden ser expulsadas porque se trata de países que pertenecen a la UE; si son subsaharianas, para que se les aplique la ley de extranjería por no tener papeles hay que abrir un proceso burocrático que en muchas ocasiones, sea por la tibieza de la justicia, sea por la negativa de sus países de origen a aceptarlas, acaba en nada; si son españolas, como no hay delito, no hay castigo.
Y en esta situación, los ayuntamientos son los que reciben las quejas directas de sus ciudadanos. Por eso, han tenido que actuar. El primero fue el de Barcelona, con una ordenanza que prohibía el ejercicio del trabajo sexual en la vía pública, que ha tenido un éxito cuestionable, pero que ha sido copiado por otros consistorios catalanes. En la actualidad hay una decena de municipios en Catalunya que cuentan ya con una normativa local –o están a punto de aprobarla-- para que las prostitutas desaparezcan de sus calles y carreteras. Estas ordenanzas no solucionan el problema, lo trasladan. Porque el fenómeno de la prostitución tiene una curiosa capacidad: es un problema acuciante cuando ocurre en el portal de tu casa, y es una complicada discusión bizantina cuando sucede en la calle del vecino.