La Audiencia descarta sancionar al juez Velasco por la fuga de Aranalde

La Audiencia descarta sancionar al juez Velasco por la fuga de Aranalde


Maite Aranalde, recibida por familiares y amigos al salir de la cárcel | Efe

• La etarra se fugó tras quedar en libertad después de abonar 12.000 € de fianza
  
• Las resoluciones 'se ajustan a la Ley, gusten o no gusten'
  
• La Audiencia considera que no se han producido anomalías
  

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha decidido por unanimidad no incoar diligencias informativas sobre la actuación del juez Eloy Velasco en el caso de la etarra Maite Aranalde, quien se dio a la fuga después de que el citado magistrado la dejara en libertad provisional bajo una fianza de 12.000 euros.
La Audiencia considera que tanto la resolución del magistrado de dejar a la miembro de ETA en libertad tras el pago de una fianza como la tomada posteriormente por Baltasar Garzón -que ordenó su inmediato ingreso en prisión- "se ajustan a la Ley, gusten o no gusten", indicó el presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes.
Juanes informó a la Sala de Gobierno -compuesta por los presidentes de las salas de lo penal, lo social, lo contencistoso-administrativo y tres magistrados electos- sobre los acontecimientos sucedidos en los últimos días.
Así, la Sala de Gobierno ha concluido, tras recabar toda la información disponible desde el momento en que la miembro de ETA fue entregada a la Audiencia Nacional -donde tenía pendientes dos causas por tenencia de explosivos y estragos- por las autoridades francesas, que no se han producido anomalías en el funcionamiento "sin perjuicio ni invasión de lo que pueda considerar al respecto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Los magistrados que componen este órgano han decidido que las resoluciones de Velasco y Garzón, realizadas en forma de autos, "están motivadas y corresponden a criterios legales de los jueces y por ello la Sala de Gobierno no tiene competencia para cuestionarlas".
Procedimientos


La falta de documentación sobre la presunta participación de la etarra en la colocación de bombas en 2004 provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita, cuestión que recayó en el juez Eloy Velasco, en sustitución de su compañero Baltasar Garzón que estaba en ese momento de vacaciones. Velasco decidió imponer a la etarra una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de su familia provocó su inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real, el pasado jueves.
El viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Velasco y pidió que se impusieran a la etarra mayores medidas cautelares para evitar su huida, entre ellas vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en comisaría.
Velasco dió traslado a la defensa de Aranalde el mismo viernes, tras recibir el escrito. El abogado de la etarra no respondió hasta el lunes, cumpliendo el plazo de tres días establecido en la Ley de Enjuciamiento Criminal.
Asímismo, la petición del Ministerio Público no fue resuelta hasta el lunes, al regreso del juez Garzón que decidió revocar la libertad y ordenó su inmediato encarcelamiento.
No obstante, cuando las Fuerzas de Seguridad se dirigieron a cumplir la orden del juez, comprobaron que la etarra no se encontraba en su domicilio. Su búsqueda durante todo el lunes y la mañana del martes resultó infructuosa, lo que obligó a Garzón a dictar una orden de busca y captura en su contra, al considerar que se había dado a la fuga.
En el auto de prisión, Garzón advertía de que cuando la etarra fue extraditada ya existía riesgo de fuga y señalaba que el argumento utilizado por Velasco para imponerle la fianza -que iba a ser previsiblemente absuelta en la causa por la que Francia concedió su entrega, ya que un etarra acusado de los mismos hechos había sido exculpado- "no puede determinar la certeza o presunción de que la procesada vaya a correr la misma suerte".
Garzón advertía en un auto del lunes que existían los indicios "exigidos" para haber acordado prisión sin fianza. Una opinión opuesta a la que adoptó Velasco.
Error judicial en Francia


Maite Aranalde fue extraditada por Francia el pasado martes para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al 'comando Donosti' de ETA.
Las autoridades francesas extraviaron otra euroorden, lo que evitó que además fuera procesada por su presunta participación en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004.