Vigilantes V.S.
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El domingo pasado, día 25, falleció en la planta de oncología una joven terminal de 26 años. Los familiares de la joven, de etnia gitana, entre 30 y 50 miembros comenzaron a amenazar a los profesionales sanitarios. Los vigilantes de seguridad no pudieron hacer nada por contener la ira desatada del clan gitano, que a sus anchas comenzó a destrozar el mobiliario y a realizar actos de vandalismo. Los sanitarios tuvieron que refugiarse en el control de enfermería, ya que temían por sus vidas. El clan gitano sólo se calmó al intervenir la Policía Nacional.
Estos son los hechos, y nos recuerdan el asesinato en marzo de la médica María Eugenia Moreno en el centro de salud de Moratalla.
Los sindicatos piden más protección y medidas a sanidad para prevenir estos casos. Yo, por mi parte, creo que el aumento de guardias de seguridad o incluso poner una pareja de la policía en cada planta no solucionaría el problema de la violencia contra los sanitarios. Hay que profundizar más e ir a la raíz del problema.
El problema es sociopolítico y fruto de una errada política de Estado, practicada durante muchos años, que ha pretendido dar un exceso de derechos y libertades a una sociedad que no ha sabido digerirlos con sabiduría. Así, las etnias gitanas, grupos de inmigrantes, bandas urbanas y delincuentes habituales, han visto cómo quedan fácilmente libres de cargos aunque hayan cometido decenas de robos o agresiones. Lo único que persigue la justicia tenazmente es la llamada violencia de género.
Señores políticos: no piensen que la única violencia que se ha de controlar es la de género (importante sin duda), sino que hay que invertir en seguridad ciudadana y promover medidas sociales que vayan a la raíz de este libertinaje reinante en nuestra sociedad, mediante una política de Estado (y por supuesto de las Comunidades Autónomas), que ponga en marcha planes de concienciación ciudadana y de formación en las escuelas sobre el peligro que la violencia significa para la sociedad y la misma democracia.
La educación que hemos dado a los ciudadanos en los últimos decenios y la permisividad sin límites de la justicia para con los delincuentes, ha llevado a que algunas etnias y minorías ruidosas se crezcan y actúen a sus anchas, como si el mundo fuera suyo, dando lugar a una brutal falta de respeto a la autoridad y a los ciudadanos pacíficos de este país.
Si no controlamos a estos delincuentes (muchos venidos de fuera) con contundencia haremos peligrar nuestro Estado de Bienestar, y las generaciones futuras heredarán un país violento y desestructurado.
Apelo a los ciudadanos honrados para que tengan el valor de enfrentarse a la injusticia de la inmigración salvaje e incontrolada, a las bandas callejeras, a las etnias agresivas y a las minorías beligerantes. Asociémonos, hagamos plataformas ciudadanas y elevemos a los políticos nuestro grito: ¡NO ESTOY DE ACUERDO! Levantémonos de nuestros sofás y manifestemos a las claras que no estamos de acuerdo con esta puñetera sociedad materialista y violenta que estamos creando.
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Estos son los hechos, y nos recuerdan el asesinato en marzo de la médica María Eugenia Moreno en el centro de salud de Moratalla.
Los sindicatos piden más protección y medidas a sanidad para prevenir estos casos. Yo, por mi parte, creo que el aumento de guardias de seguridad o incluso poner una pareja de la policía en cada planta no solucionaría el problema de la violencia contra los sanitarios. Hay que profundizar más e ir a la raíz del problema.
El problema es sociopolítico y fruto de una errada política de Estado, practicada durante muchos años, que ha pretendido dar un exceso de derechos y libertades a una sociedad que no ha sabido digerirlos con sabiduría. Así, las etnias gitanas, grupos de inmigrantes, bandas urbanas y delincuentes habituales, han visto cómo quedan fácilmente libres de cargos aunque hayan cometido decenas de robos o agresiones. Lo único que persigue la justicia tenazmente es la llamada violencia de género.
Señores políticos: no piensen que la única violencia que se ha de controlar es la de género (importante sin duda), sino que hay que invertir en seguridad ciudadana y promover medidas sociales que vayan a la raíz de este libertinaje reinante en nuestra sociedad, mediante una política de Estado (y por supuesto de las Comunidades Autónomas), que ponga en marcha planes de concienciación ciudadana y de formación en las escuelas sobre el peligro que la violencia significa para la sociedad y la misma democracia.
La educación que hemos dado a los ciudadanos en los últimos decenios y la permisividad sin límites de la justicia para con los delincuentes, ha llevado a que algunas etnias y minorías ruidosas se crezcan y actúen a sus anchas, como si el mundo fuera suyo, dando lugar a una brutal falta de respeto a la autoridad y a los ciudadanos pacíficos de este país.
Si no controlamos a estos delincuentes (muchos venidos de fuera) con contundencia haremos peligrar nuestro Estado de Bienestar, y las generaciones futuras heredarán un país violento y desestructurado.
Apelo a los ciudadanos honrados para que tengan el valor de enfrentarse a la injusticia de la inmigración salvaje e incontrolada, a las bandas callejeras, a las etnias agresivas y a las minorías beligerantes. Asociémonos, hagamos plataformas ciudadanas y elevemos a los políticos nuestro grito: ¡NO ESTOY DE ACUERDO! Levantémonos de nuestros sofás y manifestemos a las claras que no estamos de acuerdo con esta puñetera sociedad materialista y violenta que estamos creando.
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