Condenan a la Vall a pagar 6.000 euros a CC OO por coartar la libertad sindical

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Condenan a la Vall a pagar 6.000 euros a CC OO por coartar la libertad sindical

La sentencia reconoce que se trasladó de destino a un inspector de policía como "castigo" por ser delegado sindical - El sindicato pide a la alcaldesa que cese en sus prácticas antisindicales

Dependencias de la Policía Local de la Vall d´Uixó en la avenida Jaume I. levante-emv

ELENA MORENO LA VALL D'UIXÓ

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castelló ha condenado al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó a pagar una indemnización de 6.000 euros y las costas al sindicato CC OO por vulnerar los derechos fundamentales a la integridad moral y libertad sindical de un funcionario, delegado de este sindicato e Inspector del Cuerpo de Policía Local de esa población. A su vez, la sentencia falla contra el Intendente del cuerpo policial de la Vall, imponiéndole que "cese en toda conducta que pueda resultar lesiva para el ejercicio de la actividad profesional y sindical del delegado de CC OO".

Según ha explicado el responsable sindical, Víctor Torno, la sentencia reconoce como un "castigo" la decisión tomada por la administración que dirige la alcaldesa de la Vall d'Uixó, la popular Isabel Bonig, de destinar a este inspector de la policía a "un paraje montañoso", en referencia a Les Coves de Sant Josep. Según la decisión judicial, el traslado le privó "de las relaciones con otros miembros del cuerpo, que teóricamente deberían estar a su mando, privándole de mando e impidiéndole, además, ejercer las funciones propias de un representante sindical" por considerarle un "representante de CC OO reivindicativo", tal y como recoge la sentencia.

Una decisión "política"

Según Víctor Tormo, se trataba de una decisión "política que, como ha reconocido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Castelló, vulneraba la integridad moral y la libertad sindical de este funcionario por el mero hecho de ser delegado sindical de Comisiones Obreras, privándole de las funciones propias de un Inspector y limitando su relación con sus subordinados". Por otra parte, Tormo ha querido destacar que los 6.000 euros de indemnización "no saldrán de los bolsillos de Isabel Bonig, aunque sea la máxima responsable legal de esta decisión, sino de los ciudadanos de la Vall a través de sus impuestos".

Tormo ha recordado que en junio de 2008 el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana "impidió el intento del Gobierno municipal del PP de anular el nombramiento de esta misma persona como Inspector de Policía, plaza que el representante sindical había conseguido mediante oposición libre". Tras este incidente, el pasado mes de julio de 2008 el Intendente destinó a este Inspector a la zona de Les Coves, "un área alejada de la población, sin acceso a ordenador, sin contacto con sus subordinados y sin tener posibilidad de ejercer su labor sindical", señala el representante de CC OO.

"Continuas presiones"

Víctor Tormo ha asegurado que los delegados sindicales "están sufriendo continuas presiones por parte del equipo de gobierno" y reconoce que "ésta fue la gota que colmó el vaso, por lo que tuvimos que recurrir a la justicia, que ha sido contundente". En este sentido, el sindicato ha valorado "muy positivamente", esta sentencia y espera que a partir de ahora la alcaldesa, Isabel Bonig, "tome nota y cese en sus prácticas antisindicales contra CC OO".

Procesos pendientes en el juzgado

El sindicato Comisiones Obreras tiene varios procesos abiertos contra el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó por vulneración de derechos fundamentales. Por una parte, este sindicato ha recurrido la sentencia dictada tras la demanda que presentó este sindicato contra la alcaldesa Isabel Bonig y dos de sus concejales, Esperanza Nebot y Óscar Clavell, por vulnerar los derechos de libertad sindical y de huelga durante la huelga celebrada en las pasadas Navidades como protesta por la privatización del servicio de recogida y limpieza viaria. Por otra parte, CC OO también ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la adjudicación del servicio de recogida de basura y limpieza viaria que antes realizaba Summa a través de la empresa municipal Emsevall, por considerar que "incumple los requisitos que garantizan las condiciones laborales de los trabajadores".