La Red se incendia ante el proyecto de ley que regula el uso de Internet

* Miles de usuarios se han suscrito al Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet.
*Twitter, Facebook y las páginas de los diarios online recogen las protestas de los usuarios.
* Cultura convoca a una reunión a blogueros y periodistas digitales.

20MINUTOS.ES. 02.12.2009 - 23.39 h

Viñeta de apoyo al Manifiesto en defensa de los derechos en Internet.Tan sólo unas horas después de que trascendieran los detalles del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (en el que se contempla bloquear aquellas páginas web que atenten contra los derechos de la propiedad intelectual sin necesidad de una autorización judicial), foros, redes sociales, blogs y diarios digitales recogían las críticas de miles de usuarios que exponían su disconformidad con la nueva norma.
A su vez, un grupo de periodistas, blogueros e internautas redactaban el manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Internet', tras una puesta en común realizada en tiempo récord. En tan solo doce horas el texto era recogido por unas 58.000 bitácoras, entre ellas Microsiervos, Escolar.net o Enrique Dans. Numerosos medios como Periodistas.es, Barrapunto y 20minutos.es se sumaban también al manifiesto.

Precisamente, a última hora de este miércoles, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha convocado a una reunión para este jueves a las 10.00 h a varios blogueros y periodistas digitales para hablar del asunto. Entre los convocados están Julio Alonso (Merodeando), Enrique Dans (enriquedans.com), Alvy, de Microsiervos, y José Cervera (Perogrullo).

Cultura ha difundido un comunicado este jueves en el que explica el anteproyecto y asegura que las medidas van contra las webs de descarga masiva de contenidos no autorizados, y n contra usuarios individuales.

Furor en las redes sociales

El texto también ha causado furor en las redes sociales y la palabra "manifiesto" se convertía este miércoles en uno de los Hot Topics (palabras más empleadas) de Twitter, una de las referencias de la lucha internauta contra el anteproyecto y que ha dado a conocer iniciativas como la de #debatesinde, en la que se solicita a la ministra de Cultura que se reúna con un representante de la Red.

Por su parte, la red social Facebook disponía desde este miércoles de un grupo dedicado al manifiesto que a las 21.00 horas superaba los 9.000 seguidores y en los foros de las noticias de 20minutos.es acumulaban quejas ("¿Para qué demonios pagamos entonces el canon?", se preguntaba ASD) y dudas de cerca de un millar de ciudadanos digitales.

Según Enrique Dans, uno de los blogueros más referenciados en Internet, que también se ha sumado al manifiesto, "el Gobierno ha cedido a las presiones de los creadores, quienes finalmente se han salido con la suya".

Ni siquiera, al parecer, el director de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, lo tiene muy claro: "Para frenar la piratería hay que ofrecer alternativas de pago antes de cerrar webs". Y la Red está que trina y parece que no va a parar.

Aqui se demuestra que el gobierno obedece a su amo, el martes 2500 artistas, respaldados por la sgae, se manifiestan y el jueves el ministerio de cultura ya toman medidas directas.
Vamos, más rapidos que si de un gabinete de crisis se tratara.
En cuanto a las tarifas de pago, ya existen, solo hay que entrar en la página web de la sgae para verlas.
Ojala pusieran la misma celeridad contra el intrusismo que ataca nuestro sector.
Saludos.

Si pones el enlace al manifiesto mejor gsus, así podremos apoyar un internet libre y gratuito para todos.

Un saludo.

OPINIÓN DE CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA
Cierre de sitios web: la siniestra Sección Segunda

El escándalo en la Red española es monumental. En el momento que escribo, miles de sitios web han suscrito un manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, oponiéndose al proyecto de Ley de Economía Sostenible que ha defendido el porpio Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.

03-12-2009 - ¿Existen razones para la alarma? Pues hasta cierto punto, sí, pero no más que hace unos años, cuando el entonces Ministro de Industria, José Montilla, apadrinó la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), una ley por la que se abrió definitivamente la puerta a que órganos administrativos pudiesen extralimitarse ejerciendo la censura en Internet. Una ley que era a su vez heredera de la infausta LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico), impulsada el año 2001 por el difunto Ministerio de Ciencia y Tecnología, bajo el gobierno de José María Aznar.

El verdadero origen del problema reside en el sistemático desprecio con el que nuestra clase política trata al tercer poder del Estado: el Poder Judicial, única autoridad legitimada por nuestra Constitución para secuestrar publicaciones, de conformidad con lo previsto por el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Desde el año 2001, sucesivos gobiernos han intentado poner en cintura Internet recurriendo al derecho administrativo, con resultados nefastos.

Mediante el proyecto de Ley de Economía Sostenible (PDF 533 kb) se pretende la creación de una institución de nombre particularmente siniestro: la llamada Sección Segunda (desde hoy bautizada como S.S.) de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Dicha institución no tendría otra finalidad que la de actuar como órgano competente para "el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002 (LSSI), para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información".

Bajo un lenguaje jurídico pretendidamente aséptico, se esconden unas intenciones particularmente perversas. Los artículos 8 y 11 de la LSSI son los que permiten la restricción o interrupción de la prestación de servicios de Internet, como podrían ser el alojamiento de páginas web o el acceso a las mismas desde territorio español, en caso de que dichos servicios puedan atentar contra determinados valores.

A los valores que hasta ahora protegía dicha ley, como eran la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona, el principio de no discriminación o la protección de la juventud y la infancia, se suma ahora un valor muy cuestionado en Internet: la propiedad intelectual.

Y para proteger dicha propiedad intelectual se crea la funesta Sección Segunda, facultada como órgano competente para supervisar páginas web, en salvaguarda del derecho de autor.

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), establece que "la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes". Subrayo y resalto en negrita las palabras "cuando ésta afecte", porque ahí reside el peligro: el peligro de que la decisión de cuándo una determinada página web afecta a la libertad de expresión no queda en manos de los jueces, sino del funcionario de la S.S.

Desde el año 2001, no me he cansado de repetir que la LSSI era una mala ley, que podía permitir en cualquier momento la extralimitación de la autoridad administrativa. De aquellos polvos vienen estos lodos: como no deja de recordarnos el clásico, la historia siempre se repite. Como tragedia o como farsa.


En cualquier caso, que no cunda el pánico. Lo mejor que podía pasar ya ha pasado: Internet está a la defensiva. La Ley de Economía Sostenible debe ser revisada por el Consejo de Estado, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

Y después, por el Defensor del Pueblo y por el Tribunal Constitucional. La torpeza de los políticos que la han impulsado se quedará por el camino.

Tranquilos. En el inverosímil supuesto de que fallasen todas las instituciones del Estado, existe una sociedad civil movilizada, que se llama Internet.

Y ése es el mejor antídoto contra cualquier dictadura.


OPINIÓN DE CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA EN EL NAVEGANTE DE EL MUNDO

http://www.internautas.org/

INTERNET
|
Pese a la intención 'tranquilizadora' de la ministra
Rebelión en la Red por el proyecto que permitirá a Cultura cerrar webs

• La futura Ley de Economía Sostenible abre la puerta a la censura administrativa
  

Pablo Romero | MadridActualizado miércoles 02/12/2009 12:12 horas


De nada han servido las buenas palabras
de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que aseguró que la
ley no prevé que se corte el servicio de Internet a los usuarios "en
ningún caso". Lo que sí prevé es la posibilidad de cerrar sitios sin orden judicial.
Ya circula por la Red un manifiesto
contrario a dejar en manos de una comisión del Ministerio de Cultura la
potestad de cerrar páginas web que, a su juicio, vulneran los derechos
de propiedad intelectual. Se abre así una peligrosa puerta a la temida
censura administrativa.
Todas las alarmas se han disparado tras la publicación esta semana del texto del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que introduce la figura de dicha comisión.
La propia ministra reconocía que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo, las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros, entre ellas, su bloqueo.
Contra los sitios, no contra los usuarios


El texto de la Ley introduce varias reformas puntuales que harán
posible este extremo. Por un lado, se modifica la Ley de Propiedad
Intelectual para la creación de este órgano, llamada Comisión de
Propiedad Intelectual, con potestad para decidir qué páginas web vulneran los derechos de autor o "facilitan" su vulneración -por ejemplo, porporcionan enlaces a sitios de descargas de música, películas, videojuegos...- y, según su propio criterio, bloquearlas.
Por otro lado, se introduce otro punto en el artículo 8 de la LSSI en el que habilita
a "los órganos competentes" la potestad de exigir a los operadores que
identifiquen a aquellos "responsables" que estén realizando actividades
presuntamente vulneradoras de los derechos de autor. "Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos que dispongan", afirma el texto.
Es decir, que la Comisión de Propiedad Intelectual podrá solicitar la identificación de los responsables de sitios web y, en su caso, cerrarlas, y todo ello sin la intervención de un juez 'a priori'. Según dijo la ministra ante el Senado, la intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.
González-Sinde insistía, como ha hecho el Gobierno en los últimos meses,
en que la persecución de las prácticas contra la propiedad intelectual
en Internet no iba a estar enfocada en los usuarios (como sucede en
países como Francia o Reino Unido), sino contra los sitios de descargas.
Manifiesto de protesta


No obstante, lejos de tranquilizar a nadie, ha puesto en guardia a usuarios, blogueros, profesionales y creadores de Internet. Un manifiesto de 10 puntos
pone de relieve que la nueva normativa podría situar los derechos de
autor por encima de otros derechos, como los de privacidad, seguridad,
de presunción de inocencia, de tutela judicial efectiva y de libertad
de expresión.
El manifiesto también afirma que "la nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural" ya que, gracias a la Red, se ha democratizado la creación de contenidos, los cuales ya no provienen exclusivamente de las industrias culturales. Y sugiere un cambio de modelo para un sector "basabo en el control de las copias de las obras".
También exige al Gobierno que "devuelva a la sociedad el conocimiento, promueva el dominio público y limite los abusos de las entidades gestoras", además de "garantizar por ley la neutralidad de la Red en España".
Texto íntegro del manifiesto


'En defensa de los derechos fundamentales en Internet'
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la
privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela
judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo
competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia.
Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de
la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo
dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los
ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el
sector tecnológico español , perjudicando uno de los pocos campos de
desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de
empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su
proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y
entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances
tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y
emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente
de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes
diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir
de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y
actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios
legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este
nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se
basaba en el control de las copias de las obras y en internet no es
posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro
modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para
sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que
se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan
desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias
políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos
modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo
libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la
Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco
para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al
futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad
intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento,
promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades
gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse
tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a
todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios
legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no
orgánica y que versa sobre otra materia.Fuente: elmundo.es

internautas.org

INTERNAUTAS, BLOGUEROS Y JURISTAS CRITICAN QUE EL MINISTERIO DE CULTURA PUEDA CERRAR PÁGINAS P2P
'Se ha abierto la puerta a la censura en la Red'


"El
Gobierno ha hecho los deberes" para frenar las descargas de contenidos
protegidos en Internet. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde,
explicaba de esta manera ayer, en el Senado, la "disposición final"
que se escondía en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, y
que contempla el cierre de páginas que vulneren la propiedad
intelectual. Pero el hecho de que sea el Ministerio de Cultura, y no un
juez, quien pueda cerrar una página web, provocó ayer una intensa
protesta en la Red española.
02-12-2009 - M. Á. CRIADO/ B. SALVATIERRA - MADRID -PÚBLICO.-
El anteproyecto, que modifica tanto la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información (LSSI) como la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)
especifica que "se actuará contra aquellos que exploten los derechos de
las obras ajenas, no contra los usuarios",
en palabras de González-Sinde. También el ministro de Industria, Miguel
Sebastián, insistió en que no se perseguirá a los usuarios sino que el
Ejecutivo actuará "para evitar que haya páginas de descargas ilegales".

La norma prescinde de los jueces, que han archivado una treintena de casos

Sin señalarlas, ambos ministros hablaban de las páginas de enlaces P2P.
Los autores y entidades de gestión habían depositado su confianza en
que el Gobierno acabara con la actividad de estas web, después de que
los jueces hayan archivado una treintena de denuncias de la industria
cultural y hayan llegado, incluso, a ordenar la reapertura de dos de ellas, en una sentencia conocida la semana pasada.

Ahora, el procedimiento previsto por el Gobierno para cerrar estas
páginas prescinde de los jueces. La futura ley prevé que sea una
refundada Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura,
a la que Sinde calificó de "comisión independiente compuesta por expertos",
la que examine si un prestador de servicios de Internet vulnera los
derechos de autor y, en su caso, dar la orden a los operadores que
bloqueen esa página.

Estas compañías prefirieron ayer guardar silencio. Tanto la principal
operadora, como Telefónica, como la asociación que las engloba, Redtel,
aseguraron que no sabían que el anteproyecto incluyera este cambio
legal. Por ello, dijeron que tenían que estudiar las implicaciones de
la medida "porque entra de lleno en el negocio", dijo un portavoz.

Abogados críticos

Los abogados consultados por Público, mientras, coinciden
en la misma idea: con las nuevas competencias otorgadas a la Comisión
de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura se sortea a los
jueces. "La estrategia antes era judicial y ahora buscan conseguirlo
por la vía gubernamental", explica el abogado David Maeztu. Por su
parte, David Bravo, que junto a Javier de la Cueva ha defendido a una
veintena de páginas de enlaces ante los jueces, es contundente: "Se han quitado de en medio a los jueces", dice. Caso tras caso, los tribunales han mantenido que estos sitios no cometen un delito ni incurren en un ilícito civil.

"Ahora, el cierre lo decidirá el Ministerio de Cultura", añade Bravo.

La legislación, en particular la LSSI, ya recogía la posibilidad de que
un órgano administrativo cierre una página web pero sólo en cuatro
supuestos: salvaguarda del orden público, protección de la salud
pública, respeto a la dignidad de la persona y la protección de la
infancia; "delitos graves",
resume Bravo. Javier de la Cueva considera que se ha consumado una
"perversa alteración de valores, anteponiendo la propiedad intelectual
a los derechos fundamentales".

Recopilar datos

La nueva Comisión de Propiedad Intelectual podrá ordenar a los
operadores que revelen los datos necesarios para identificar a los
dueños de las páginas con las que haya abierto un procedimiento. Para
el abogado Carlos Sánchez Almeida, éste y otros puntos de la medida se
extralimitan. "Se faculta a un órgano administrativo a imponer
restricciones que solo podría imponer un juez", comenta. Y hay un
riesgo añadido, coinciden en destacar Bravo y Sánchez Almeida. Esta
atribución de funciones especiales a la Comisión de Propiedad
Intelectual "abre la puerta a que se convierta este órgano en el censor de la Red",
teme Almeida. Bravo asegura que el objeto último de la ley no son las
páginas P2P. "Esto afecta a todo prestador de servicios de Internet".

A la oposición parlamentaria tampoco le han gustado las formas del
Gobierno. "No es de recibo que se utilice de tapadillo las
disposiciones adicionales de cualquier proyecto de ley que pasaba por
el Parlamento para solucionar un problema", dicen desde el grupo
parlamentario de Izquierda Unida. Para este partido, la justicia ya
cuenta hoy con elementos legales suficientes para "salvaguardar la
propiedad intelectual sin necesidad de recortar derechos, como pretende
esta modificación". El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban
González Pons, manifestó ayer en un chat con los lectores de Público su preocupación por la medida. "En la defensa de los derechos de acceso a Internet estamos en el principio de los tiempos democráticos", añadió.Nada
más conocerse los planes del Gobierno, destacados líderes de opinión en
Internet mostraron ,asimismo, su rechazo. Autores de algunos de los blogs más leídos en España, como Enrique Dans, Julio Alonso o Ignacio Escolar (también columnista de Público),
han criticado en sus páginas web la medida, y en el sitio de noticias
Meneame.net, los artículos relacionados con este asunto se encontraban
ayer entre los más comentados.

Para Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, estas modificaciones "abren la puerta a la censura política previa sin control judicial".
Tejerina se muestra convencida de que esta regulación la establece
"gente que no conoce la realidad de Internet" y anuncia medidas por
parte de su asociación: "Si el anteproyecto sale adelante, se va a
impugnar porque los contenidos de Internet están protegidos, en
principio, por la libertad de expresión". En cuanto a la descarga de
contenidos sujetos a derechos de autor, la abogada se muestra escéptica
con respecto a que estas medidas acaben con esta práctica, y pone como
ejemplo los sistemas P2P. "Son legales, es un sistema de comunicación
privada entre particulares". Precisamente ayer, el creador de la World
Wide Web, Tim Berners-Lee, advirtió en Bruselas de que el control de
los movimientos de los usuarios en la Red para detectar si incumplen
las leyes de propiedad intelectual puede violar los "derechos
fundamentales".

internautas.org


Manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en Internet"


Ante
la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de
modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las
libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la
cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios,
profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme
oposición al proyecto, y declaramos que:
02-12-2009 -

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
   como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de
   inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
   
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial.
   Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo
   establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un
   órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de
   Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a
   cualquier página web.
   
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español,
   perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra
   economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a
   la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
   
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural.
   Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado
   extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo,
   que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales
   tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
   
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades
   asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos
   a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no
   es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el
   control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin
   vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
   
   
6. Consideramos que las industrias
   culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces,
   creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
   
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas
   auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de
   negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
   
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España,
   ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el
   desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
   
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada
   a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio
   público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
   
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público
    y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es
    de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos
    fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
    
    

internautas.org

OPINIÓN DE CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA
Cierre de sitios web: la siniestra Sección Segunda


El escándalo en la Red española es monumental. En el momento que escribo, miles de sitios web han suscrito un manifiesto
en defensa de los derechos fundamentales en Internet, oponiéndose al
proyecto de Ley de Economía Sostenible que ha defendido el porpio
Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.
03-12-2009 - ¿Existen razones para la alarma? Pues hasta cierto punto, sí, pero no más que hace unos años, cuando el entonces Ministro de Industria, José Montilla, apadrinó la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI),
una ley por la que se abrió definitivamente la puerta a que órganos
administrativos pudiesen extralimitarse ejerciendo la censura en
Internet. Una ley que era a su vez heredera de la infausta LSSI
(Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico), impulsada el año 2001 por el difunto Ministerio de
Ciencia y Tecnología, bajo el gobierno de José María Aznar.

El verdadero origen del problema reside en el sistemático desprecio con el que nuestra clase política trata al tercer poder del Estado: el Poder Judicial,
única autoridad legitimada por nuestra Constitución para secuestrar
publicaciones, de conformidad con lo previsto por el artículo 20 de
nuestra Carta Magna. Desde el año 2001, sucesivos gobiernos han intentado poner en cintura Internet recurriendo al derecho administrativo, con resultados nefastos.

Mediante el proyecto de Ley de Economía Sostenible (PDF 533 kb) se pretende la creación de una institución de nombre particularmente siniestro: la llamada Sección Segunda (desde hoy bautizada como S.S.) de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Dicha institución no tendría otra finalidad que la de actuar como órgano competente para "el
ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8, 11 y
concordantes de la Ley 34/2002 (LSSI), para la salvaguarda de los
derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los
responsables de servicios de la sociedad de la información".

Bajo un lenguaje jurídico pretendidamente aséptico, se esconden unas intenciones particularmente perversas. Los artículos 8 y 11 de la LSSI son los que permiten la restricción o interrupción de la prestación de servicios de Internet,
como podrían ser el alojamiento de páginas web o el acceso a las mismas
desde territorio español, en caso de que dichos servicios puedan
atentar contra determinados valores.

A los valores que hasta ahora protegía dicha ley, como eran la
salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad
pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la
persona, el principio de no discriminación o la protección de la
juventud y la infancia, se suma ahora un valor muy cuestionado en
Internet: la propiedad intelectual.

Y para proteger dicha propiedad intelectual se crea la funesta Sección Segunda, facultada como órgano competente para supervisar páginas web, en salvaguarda del derecho de autor.

La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), establece que "la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte
a los derechos y libertades de expresión e información y demás
amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la
Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales
competentes". Subrayo y resalto en negrita las palabras "cuando
ésta afecte", porque ahí reside el peligro: el peligro de que la
decisión de cuándo una determinada página web afecta a la libertad de
expresión no queda en manos de los jueces, sino del funcionario de la
S.S.

Desde el año 2001, no me he cansado de repetir que la LSSI era una mala ley, que podía permitir en cualquier momento la extralimitación de la autoridad administrativa. De aquellos polvos vienen estos lodos: como no deja de recordarnos el clásico, la historia siempre se repite. Como tragedia o como farsa.


En cualquier caso, que no cunda el pánico. Lo mejor que podía pasar ya ha pasado: Internet está a la defensiva.
La Ley de Economía Sostenible debe ser revisada por el Consejo de
Estado, por el Consejo General del Poder Judicial, por el Congreso de
los Diputados y por el Senado.

Y después, por el Defensor del Pueblo y por el Tribunal Constitucional. La torpeza de los políticos que la han impulsado se quedará por el camino.

Tranquilos. En el inverosímil supuesto de que fallasen todas las instituciones del Estado, existe una sociedad civil movilizada, que se llama Internet.

Y ése es el mejor antídoto contra cualquier dictadura.


OPINIÓN DE CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA EN EL NAVEGANTE DE EL MUNDO

Rajoy afirma que el plan del Gobierno es matar moscas a cañonazos
Zapatero llama a la calma a los internautas: "habrá una solución positiva"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que habrá "una solución positiva" a la polémica sobre los planes del Ejecutivo para posibles cierres de páginas web que no respeten la Propiedad Intelectual. En una conversación informal con periodistas en el Congreso de los Diputados, en donde ha tenido lugar la celebración del 31 aniversario de la Constitución, ha reconocido que se trata de un asunto polémico que ha suscitado controversia en todos y cada uno de los países donde se ha debatido una iniciativa similar.

Redacción Cultura - 06-12-09

Zapatero ante sus ministras

Zapatero ha recalcado que el plan para que una autoridad administrativa clausure aquellas web que no respetan la Propiedad Intelectual figura como tal en un anteproyecto de ley, por lo que no es definitivo y en consecuencia está sujeto a modificaciones. Así que el presidente del Gobierno ha pedido calma a la espera de que se revise el proyecto de Ley de Economía Sostenible, en donde está incluida la disposición que aboga por el supuesto cierre de aquella web que vulnere la defensa de la Propiedad Intelectual. "Habrá una solución, y será positiva", ha apostillado.

En otra conversación informal con los periodistas, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha criticado otra vez al Gobierno por haber propuesto una medida como la mencionada. El presidente de los populares ha recomendado al Ejecutivo "meterse menos en la vida de la gente". Rajoy ha subrayado si el Gobierno procede mediante un órgano administrativo a cerrar páginas web, estará atentando contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, y por ello, ha asegurado: "Un derecho fundamental no te lo puede quitar un funcionario, eso es muy fuerte". "Lo que hay que hacer es menos leyes, menos decretos y menos meterse en la vida de la gente", ha insistido antes de apuntar que sí hay que regular las descargas para defender la propiedad intelectual, "pero de otra manera".

GONZÁLEZ SINDE DEBE DIMITIR Y EL ANEXO RETIRADO
Un Gobierno que no miente

Es bueno recordar que el PSOE en su programa electoral de 2004, proponía convertir las telecomunicaciones en un derecho de los ciudadanos, garantizando un mejor acceso a los servicios, “extendiendo la conectividad”. Prometió la creación de un Fondo para la Igualdad en el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y un Bono para garantizarlo. Pues bien, la Legislatura expiró y en vez del fondo para el desarrollo de la sociedad de información nos dejo el privilegio del canon para beneficiar a unos cuantos ya enriquecidos lo cual como hemos dicho en reiteradas ocasiones es algo profundamente inmoral y ahora con la diarrea legislativa que constituye la Ley de economía sostenible, tiene mas disposiciones finales que artículos y todas ellas sin guardar conexión alguna entre si, demuestra por una parte que el organismo gubernamental no es capaz de digerir la realidad del momento y por otra que en vez de considerar las telecomunicaciones un derecho de los ciudadanos, nos trae la censura y legitima el espionaje en Internet.

05-12-2009 - Dentro de ese cúmulo de disposiciones modifica mas de 20 leyes, hay una que esta dando que hablar estos días, por la que se modifica la LISI y la LPI. Pero no es ninguna novedad no es mas que otro intento que se suma a los que se produjeron durante la tramitación de la LISI, para establecer la censura en Internet. Basta con recordar el proyecto del articulo el artículo 17 bis, que fue retirado por dos veces consecutivas y una semana después de su expulsión definitiva volvieron a la carga con el "Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet"., que también tuvo que ser retirado tras el ridículo del Ministro Montilla negando desde Barcelona lo que se afirmaba desde su Ministerio: ambos proyectos pretendían introducir en el Ordenamiento Jurídico, un procedimiento de notificación y retirada para retirar contenidos de la red sin control judicial alguno.

La presión de la red impidió en aquel momento que progresaran esas ideas liberticidas. Ahora con renovado ardor guerrero vuelven con más de lo mismo, pero por el momento solo han conseguido hacer el ridículo: mintiendo, pues dicen cosas que no dice la Ley y, desdiciéndose y desautorizándose varias veces al día. Es rigurosamente falso que la Ley no permite la desconexión de particulares y lo mas grave para saber si una persona se baja material protegido sus comunicaciones tienen que ser espiadas, lo que atenta al articulo 18.3 de la Constitución, Zapatero dice que no se cerraran páginas Web, pero la Ley y hasta ese mismo momento la Ministra dicen lo contrario. La Ley obliga a las operadoras de telefonía a entregar a ese nuevo órgano la identificación de las conexiones, con estos datos podrán cortarles la conexión o con la ayuda de Sitel saber todo lo que se han descargado durante un año y plantearles una demanda de responsabilidad civil millonaria ( modelo Usa, y con lo que le gusta a Zapatero imitar a Obama probablemente este pensando en eso). En los dos primeros casos la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, a la que Sinde calificó de "comisión independiente compuesta por expertos", tras un breve y rápido procedimiento en el que serás oído te cerraran la pagina, te desconectaran... Eso si, tu derecho de acceso a los Tribunales no te lo niega nadie: podrás recurrir, gastándote el dinero en abogados y procuradores y esperar cuatro años hasta que resuelvan en primera instancia.

Aquí queremos poner un ejemplo de lo que pasará. Como es sabido la Ministra esta denunciada por conflicto de intereses entre su cargo y sus intereses propios y familiares con la industria cinematográfica y que administra fondos públicos con los que ha beneficiado a entidades que han sido presididas por ella. Obviamente el órgano administrativo, “la oficina de conflicto de intereses” tan independiente como la Comisión del Ministerio de Cultura no quiere investigar el hecho y ha decidido archivarlo, lo que nos obliga a tener que recurrir en vía jurisdiccional lógicamente cuando resuelva Sinde ya no será Ministra, poco sentido tendrá ya la investigación. Todo esta estudiado para que la Ley que regula las incompatibilidades de los altos cargos y el Código de Buen Gobierno no sea exigible jurídicamente.

Pero en el caso de Sinde cabe una vía de acceso directo a la jurisdicción, a la que cualquiera puede acudir mediante una querella. La imposibilidad práctica de exigir responsabilidad en la vía administrativa obliga a que alguien reconsidere esta posibilidad, la gran analogía con los hechos por los que ha sido querellado Diego López Garrido, prevaricación y malversación de dinero público son un argumento más a favor. Solo su dimisión , como se esta pidiendo desde la red el mismo día que se anuncio su nombramiento podría zanjar la cuestión. De no ser así los enfrentamientos serán largos y queda mucha gasolina por arder.

Asociación de Internautas

RIP: Constitución Española

La Asociación de Internautas desearía contar con su asistencia al sepelio por Dª Constitución Española que se celebrará en su propio aniversario el próximo dia 6 de diciembre de 2009.

04-12-2009 - El pasado martes, Dª Constitución Española sufrió la agresión mas lesiva conocida en la era de Internet en España de la cual no ha conseguido recuperarse.

Ese dia se manifestaba públicamente por parte de la titular del Ministerio de Cultura, la Excelentísima Ángeles Gonzalez-Sinde (EAGS), su decidida intención de acabar con el Estado de Derecho mediante la eliminación de las competencias del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales de toda democracia que queda además garantizado por la propia Constitución Española, cuyo día grande se celebra precisamente (creemos por última vez) el próximo domingo 6 de diciembre de 2009.

Si es Vd. propietario o administrador de una web, un portal, un blog, o una plataforma de comunicación en Internet de cualquier tipo, rogamos confirme su asistencia al funeral mediante la sustitución de su página principal por ésta que le proporcionamos, para mostrar su rechazo frontal a la instauración de un régimen dictatorial de censura y recorte de libertades en Internet como ya ocurre en China.

Desde a ahora mismo y hasta las 00:00 horas del día 7 mostraremos la esquela como página principal junto con un acceso en la parte inferior para continuar la navegación con toda normalidad. Si cree en los principios de libertad y apertura en Internet, le rogamos se una a nuestra protesta.

Sí, ésta es sólo una protesta simbólica pero son estas protestas simbólicas las que han conseguido que la ciudadanía sea cada vez más consciente de que lo que se juega en Internet afecta directamente a nuestra vida cotidiana y que la libertad y neutralidad de la Red debe ser protegida a toda costa.

Si existe libertad de expresión en la calle también debe existir en Internet.

Y ésta no va a ser la última protesta sino el punto de partida, ya que este gobierno tan dado últimamente a los liberticidios ostentará desde el próximo día 1 de enero la presidencia de turno de la Unión Europea y ya hemos comprobado con medidas como éstas el talante que pretenden exportar a Bruselas.

¿Internet ha muerto? ¡Qué viva Internet!

Asociación de Internautas

POR LAS LIBERTADES CIVILES, CONTRA LA VIGILANCIA Y CONTRA EL CANON DIGITAL
Sinde quemada, Zapatero al descubierto.

Si Zapatero desmiente a su ministra y dice que la intención de SU gobierno no es ésa ni de lejos, debe cesar inmediatamente a su ministra, y retirar de inmediato el polémico anexo de la Ley de Economía Sostenible, porque la ministra no sólo no ha seguido sus directrices de no cortar el acceso a páginas web sin control judicial, sino que las ha desafiado directamente promoviendo todo lo contrario.

04-12-2009 - Y si Zapatero no cesa a SU ministra, es porque está contento con su labor y de acuerdo con las decisiones que ella toma, entre ellas ésta en particular y por lo tanto sus declaraciones de ayer a última hora no valen absolutamente nada.

El anexo parece estar escrito al dictado del lobby de la industria cultural. Si Zapatero no retira el anexo de inmediato, habrá quedado demostrado una vez más (como ya sucediera con la imposición del canon
digital) que gobierna de parte y en consecuencia, su credibilidad quedará bajo mínimos.

Zapatero tiene la solución en su mano: Retirada del anexo y dimisión de la ministra. Todo lo demás es humo de colores.

La lucha continúa...

Asociación de Internautas