Los décimos premiados de 'El Niño', objetivo de los blanqueadores de dinero
La crisis incrementa el fraude y la tentación de los premiados de vender su billete ganador a individuos deseosos de lavar capitales que les ofrecen un sobreprecio de entre el 10% y el 20%.
Imputados en casos de corrupción urbanística y todo tipo de sujetos interesados en lavar capitales rondan hoy a los agraciados con los premios de El Niño en las inmediaciones de las administraciones de lotería. Su objetivo: comprarles el décimo premiado con un sobreprecio de entre el 10% y el 20% y blanquear así su dinero ilícito.
De hecho, implicados en el caso Malaya o clanes de la droga aseguran haber ganado varios sorteos de lotería. En lo que toca al defraudador, poco se puede hacer: el juez tiene indicios de que tanta suerte no entra dentro de las leyes de la estadística, pero quien le traslada su dinero negro a otro queda limpio. De conformidad con la Ley, los agraciados por el Gordo y demás premios están exentos de tributación, por lo que no deben abonar cuantía alguna a Hacienda, pudiendo disfrutar íntegramente su premio.
El comprador-defraudador del billete, que probablemente tributaría al 43% por la cantidad lavada, simplemente pagará el sobreprecio de compra, y podrá en todo momento acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos sin pagar un solo euro de penalización por el fraude cometido.
Aunque Hacienda se sofistica: Francisco de la Torre, secretario general de Inspectores del Estado, apunta que «es más fácil localizar al defraudador por el seguimiento que se hace de los billetes de 500 euros, las nuevas declaraciones informativas de los bancos sobre movimientos de dinero y los cruces de datos». Advierte: «Se puede caer en la esfera del delito de blanqueo, que prescribe en 5 años, pero pronto, pasará a los 10 años».
En cuanto al agraciado, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertan de que «la venta de billetes ganadores es una grave infracción tributaria y un auténtico engaño para el premiado, que difícilmente podrá acreditar ante una Inspección Tributaria el origen de esos fondos, pudiendo terminar con un acta que supere más de la mitad del premio».
Un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulte agraciado con un premio de 300.000 euros y que venda su billete por 350.000 euros, puede pagar al Fisco más de 175.000 euros. Antonio Durán-Sindreu, socio director de Durán-Sindreu Abogados y consultores de empresas, recuerda que «quien compra el boleto es el que ingresa el dinero en el banco y a quien lo vende se le paga su importe por una vía no oficial y, por tanto, tal importe no se tendría que ingresar en el banco. Quien vende es colaborador de una infracción tributaria y, tan responsable como el que compra».
José María Mollinedo, secretario general de Gestha, recomienda que «se depositen los premios en una entidad financiera de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro». Asimismo, sugiere que «rechacen cualquier transmisión del billete premiado por mucha seguridad y garantía que aparentemente pueda ofrecer el comprador».
Y pide al Ministerio de Economía que les permita inspeccionar los depósitos para ver si están a nombre de quien ha recibido el premio de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Los expertos coinciden en que la crisis es un acicate al fraude –eso sí, acabada la época del boom, con menos plusvalías inmobiliarias que limpiar–. Lo que habrá seguro es más premiados vulnerables a la tentación.
La crisis incrementa el fraude y la tentación de los premiados de vender su billete ganador a individuos deseosos de lavar capitales que les ofrecen un sobreprecio de entre el 10% y el 20%.
Imputados en casos de corrupción urbanística y todo tipo de sujetos interesados en lavar capitales rondan hoy a los agraciados con los premios de El Niño en las inmediaciones de las administraciones de lotería. Su objetivo: comprarles el décimo premiado con un sobreprecio de entre el 10% y el 20% y blanquear así su dinero ilícito.
De hecho, implicados en el caso Malaya o clanes de la droga aseguran haber ganado varios sorteos de lotería. En lo que toca al defraudador, poco se puede hacer: el juez tiene indicios de que tanta suerte no entra dentro de las leyes de la estadística, pero quien le traslada su dinero negro a otro queda limpio. De conformidad con la Ley, los agraciados por el Gordo y demás premios están exentos de tributación, por lo que no deben abonar cuantía alguna a Hacienda, pudiendo disfrutar íntegramente su premio.
El comprador-defraudador del billete, que probablemente tributaría al 43% por la cantidad lavada, simplemente pagará el sobreprecio de compra, y podrá en todo momento acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos sin pagar un solo euro de penalización por el fraude cometido.
Aunque Hacienda se sofistica: Francisco de la Torre, secretario general de Inspectores del Estado, apunta que «es más fácil localizar al defraudador por el seguimiento que se hace de los billetes de 500 euros, las nuevas declaraciones informativas de los bancos sobre movimientos de dinero y los cruces de datos». Advierte: «Se puede caer en la esfera del delito de blanqueo, que prescribe en 5 años, pero pronto, pasará a los 10 años».
En cuanto al agraciado, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) alertan de que «la venta de billetes ganadores es una grave infracción tributaria y un auténtico engaño para el premiado, que difícilmente podrá acreditar ante una Inspección Tributaria el origen de esos fondos, pudiendo terminar con un acta que supere más de la mitad del premio».
Un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulte agraciado con un premio de 300.000 euros y que venda su billete por 350.000 euros, puede pagar al Fisco más de 175.000 euros. Antonio Durán-Sindreu, socio director de Durán-Sindreu Abogados y consultores de empresas, recuerda que «quien compra el boleto es el que ingresa el dinero en el banco y a quien lo vende se le paga su importe por una vía no oficial y, por tanto, tal importe no se tendría que ingresar en el banco. Quien vende es colaborador de una infracción tributaria y, tan responsable como el que compra».
José María Mollinedo, secretario general de Gestha, recomienda que «se depositen los premios en una entidad financiera de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro». Asimismo, sugiere que «rechacen cualquier transmisión del billete premiado por mucha seguridad y garantía que aparentemente pueda ofrecer el comprador».
Y pide al Ministerio de Economía que les permita inspeccionar los depósitos para ver si están a nombre de quien ha recibido el premio de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Los expertos coinciden en que la crisis es un acicate al fraude –eso sí, acabada la época del boom, con menos plusvalías inmobiliarias que limpiar–. Lo que habrá seguro es más premiados vulnerables a la tentación.
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