Las operadoras de internet , en el punto de mira del debate sobre la piratería en la red

AGENCIAS. 29.01.2010 - 19.54 h


La palabra "canon" ha vuelto al debate sobre la Propiedad Intelectual.

Este viernes se ha celebrado la segunda jornada de comparecencias ante la subcomisión parlamentaria encargada de valorar la eficacia de la Ley actual, y han sido las distribuidoras de soportes discográficos las que han reclamado una medida concreta para combatir la piratería: que las operadoras de Internet paguen.

Éstas deberían ser, a juicio de ANEDI, responsables por la reproducción y el almacenamiento -aunque sea provisional- de obras protegidas, como lo son los distribuidores de discos físicos, incluso penalmente, por esa distribución. Algo parecido opina el gremio de editores: "Como su negocio es el tráfico, les importa tres pepinos que sea legal o no".

No penalizar al usuario
Según las distribuidoras de soportes discográficos, mientras la industria de la música "ha caído casi un 75 por ciento", las cifras de negocio de las operadoras entre 2000 y 2006 casi se duplicaron "a costa de toda la música y el cine gratis". Para solventar el problema, ANEDI propone el pago de un canon de distribución digital.

"No es cuestión de penalizar ni responsabilizar al usuario al que se le facilita el acceso a las obras -algo que la Ley Sinde, en principio, no contempla- pero es evidente que hay unas empresas que se están lucrando, y mucho, a costa de los derechos de los autores y los productores fonográficos", indicó Mónica Sevil, representante de ANEDI.

Por último, han pedido a la subcomisión que modifique la Ley de Propiedad Intelectual de forma que los distribuidores puedan importar discos legales del exterior de la Unión Europea. No ha sido ésta, sin embargo, la única comparecencia que ha versado sobre el polémico canon, sobre el que también han opinado medios de difusión y entidades de gestión.

Tarifas poco equitativas

De esta manera, la Federación de Cines de España (FECE) abogó por que "se descargue" a las salas de varios derechos que pagan en la actualidad y también por la racionalización de la gestión colectiva de derechos, que no suponga una imposición "unilateral" de precios. Las televisiones autonómicas, agrupadas en la FORTA, han tachado estas tarifas de poco equitativas.

Más dura con las entidades de gestión se mostró la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) -que agrupa a las principales televisiones privadas-, que consideró urgente "eliminar la obligatoriedad de la gestión colectiva" para "evitar el mantenimiento o conformación de monopolios".

Asimismo pidió que se impongan a estas entidades "obligaciones de transparencia", tanto contable como respecto a los artistas "y las obras y prestaciones realmente gestionadas". Mientras, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) estimó necesaria una reforma "en profundidad" de la "obsoleta" Ley de Propiedad Intelectual.

Problemas de aplicación

Por su parte, el presidente de Promusicae -los productores musicales-, Antonio Guisasola, consideró que la Ley vigente es buena y equilibrada, pero tiene problemas de aplicación que requieren una solución. E insistió en que hay un vacío en la defensa de los derechos en Internet.

También habló la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que pidió una reforma legal que impida la reproducción masiva en la Red de contenidos de los diarios -refiriéndose a los de pago, ya que otros como 20minutos.es se difunden con licencia Creative Commons-. Pidió así procedimientos cautelares y ágiles contra quienes vulneren estos derechos.

Por último, el colectivo Red SOStenible, que se presentó en sociedad hace unos días con la Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento como bandera, defendió la propiedad intelectual "como un incentivo a la creación, no como un fin en sí", y pidió que los ingresos de los creadores no dependan sólo de los "royalties".

Su portavoz, Simona Levi, miembro de EXGAE, abogó por abolir el famoso canon digital y propuso que se potencie y no limite el derecho a cita y que las obras con subvenciones públicas sean "accesibles con licencias libres".