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El responsable en Almería de la protección a las mujeres maltratadas, intentó chantajear a una con perder la custodia de sus hijos
AGENCIAS - Almería - 30/01/2010
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a diez meses de cárcel emitida por la Audiencia de Almería a un inspector jefe de Policía, responsable en la ciudad de la unidad de protección a víctimas de la violencia doméstica, por intentar chantajear a una de las acogidas al programa. El agente amenazó a la mujer con entregar informes desfavorables en su proceso de divorcio, con lo que podría perder la custodia de sus hijos, si no le entregaba 18.000 euros.
Enrique de Miguel Alonso ostentaba ese cargo en 2004. Según el relato de los hechos probados, la víctima del chantaje presentó una denuncia de malos tratos contra su marido. Se dictó una orden de alejamiento y entró en programa de protección a cargo de De Miguel, que en las siguientes semanas desarrolló una "cierta familiaridad" con la mujer. Esta relación continuó aun después de la revocación de la orden al resultar el marido absuelto. De Miguel no comunicó el cese a su víctima y comenzó en 2005 a pedirle dinero en repetidas ocasiones. Ella las entregaba de forma voluntaria.
La mujer se disponía a vender su vivienda. De Miguel se enteró y le solicitó los 18.000 euros. Ella se negó pese a la insistencia del agente, que aseguraba tener una deuda en Galicia. Entonces la amenazó con la tutela de sus hijos. En el proceso de divorcio las medidas a tomar estarían condicionadas por el informe de De Miguel.
El Supremo ha considerado acreditado el delito de extorsión en grado de tentativa con la circunstancia agravante de ser una autoridad pública.
AGENCIAS - Almería - 30/01/2010
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a diez meses de cárcel emitida por la Audiencia de Almería a un inspector jefe de Policía, responsable en la ciudad de la unidad de protección a víctimas de la violencia doméstica, por intentar chantajear a una de las acogidas al programa. El agente amenazó a la mujer con entregar informes desfavorables en su proceso de divorcio, con lo que podría perder la custodia de sus hijos, si no le entregaba 18.000 euros.
Enrique de Miguel Alonso ostentaba ese cargo en 2004. Según el relato de los hechos probados, la víctima del chantaje presentó una denuncia de malos tratos contra su marido. Se dictó una orden de alejamiento y entró en programa de protección a cargo de De Miguel, que en las siguientes semanas desarrolló una "cierta familiaridad" con la mujer. Esta relación continuó aun después de la revocación de la orden al resultar el marido absuelto. De Miguel no comunicó el cese a su víctima y comenzó en 2005 a pedirle dinero en repetidas ocasiones. Ella las entregaba de forma voluntaria.
La mujer se disponía a vender su vivienda. De Miguel se enteró y le solicitó los 18.000 euros. Ella se negó pese a la insistencia del agente, que aseguraba tener una deuda en Galicia. Entonces la amenazó con la tutela de sus hijos. En el proceso de divorcio las medidas a tomar estarían condicionadas por el informe de De Miguel.
El Supremo ha considerado acreditado el delito de extorsión en grado de tentativa con la circunstancia agravante de ser una autoridad pública.
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