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Pide una mejora de los criterios de contratación pública de seguridad privada
Para propiciar una "garantía de calidad" a las empresas que ofertan estos servicios, Aproser solicitó en un comunicado que esta mejora se haga a través de "la elaboración de un pliego tipo que contemple las especificidades del sector".
El desconocimiento de las especialidades de la Ley de Seguridad Privada en la elaboración de los pliegos de condiciones para contratar los servicios de seguridad privada y la ausencia, en muchas ocasiones, de estudios técnicos y económicos previos sobre las características de los servicios a contratar, junto con la reiteración de prácticas contrarias a la Ley de Contratos del Sector Público están generando una permanente conflictividad en la licitación y adjudicación de los servicios de seguridad privada.
Así ha ocurrido en el Cabildo de Gran Canaria y sucede en numerosas instituciones públicas de la comunidad autónoma, argumentó Aproser.
En opinión de esta asociación, la ausencia de criterios claros en la redacción de los pliegos de contratación está conduciendo a los órganos de contratación de diferentes administraciones públicas "a situaciones de incertidumbre en detrimento de la calidad de la prestación del servicio y de la elección de la oferta más ventajosa con una adecuada equivalencia entre la calidad que se ofrece y el precio".
Estas circunstancias afectan a todo el sector de la seguridad privada en Canarias y han sido identificadas por el Parlamento de Canarias, que ha aprobado una proposición no de ley que insta a la mejora de las condiciones de contratación pública de los servicios de seguridad privada y rechaza el intrusismo y la competencia desleal, recordó Aproser.
Por ello, confió en que la aprobación de un pliego tipo de contratación en materia de seguridad privada, en la línea de iniciativas análogas emprendidas en otras comunidades autónomas, permita corregir "prácticas defectuosas que, de persistir, ocasionarán graves perjuicios a los ciudadanos, a las instituciones públicas y al sector profesional de la seguridad privada".
"Se trata de crear condiciones de contratación pública que permitan el desarrollo de un sector de calidad y de evitar el fraude a las administraciones públicas canarias", aseveró la asociación.
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El desconocimiento de las especialidades de la Ley de Seguridad Privada en la elaboración de los pliegos de condiciones para contratar los servicios de seguridad privada y la ausencia, en muchas ocasiones, de estudios técnicos y económicos previos sobre las características de los servicios a contratar, junto con la reiteración de prácticas contrarias a la Ley de Contratos del Sector Público están generando una permanente conflictividad en la licitación y adjudicación de los servicios de seguridad privada.
Así ha ocurrido en el Cabildo de Gran Canaria y sucede en numerosas instituciones públicas de la comunidad autónoma, argumentó Aproser.
En opinión de esta asociación, la ausencia de criterios claros en la redacción de los pliegos de contratación está conduciendo a los órganos de contratación de diferentes administraciones públicas "a situaciones de incertidumbre en detrimento de la calidad de la prestación del servicio y de la elección de la oferta más ventajosa con una adecuada equivalencia entre la calidad que se ofrece y el precio".
Estas circunstancias afectan a todo el sector de la seguridad privada en Canarias y han sido identificadas por el Parlamento de Canarias, que ha aprobado una proposición no de ley que insta a la mejora de las condiciones de contratación pública de los servicios de seguridad privada y rechaza el intrusismo y la competencia desleal, recordó Aproser.
Por ello, confió en que la aprobación de un pliego tipo de contratación en materia de seguridad privada, en la línea de iniciativas análogas emprendidas en otras comunidades autónomas, permita corregir "prácticas defectuosas que, de persistir, ocasionarán graves perjuicios a los ciudadanos, a las instituciones públicas y al sector profesional de la seguridad privada".
"Se trata de crear condiciones de contratación pública que permitan el desarrollo de un sector de calidad y de evitar el fraude a las administraciones públicas canarias", aseveró la asociación.
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