El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a realizar la contratación centralizada de los servicios de seguridad privada y auxiliares de control en la administración general del Estado, con lo que prevé un ahorro de cuatro millones de euros.
Para ello, el Ejecutivo ha dado la orden a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el objetivo de "mejorar la eficiencia de la contratación de los servicios de seguridad privada".
Esto se alcanzará al "homogeneizar las prestaciones y aplicar un planteamiento integral de la seguridad, teniendo en cuenta, tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios, como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad".
VALOR DE 55 MILLONES
Estos servicios, que actualmente están incluidos en veintidós contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán en el contrato centralizado a partir del 1 de diciembre de 2014, conforme terminen los contratos en vigor. La fecha de finalización será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial. El valor estimado, para el período de duración máximo indicado, incluida la prórroga, es de 55 millones de euros.
El contrato incluye 116 sedes, correspondientes a cuatro ministerios, la Delegación del Gobierno en Madrid y catorce organismos. Los ministerios cuyos servicios se integran en el contrato son: Justicia; Educación Cultura y Deporte; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Hacienda y Administraciones Públicas.
CONTACTO CON ASOCIACIONES Y EMPRESAS
Para la elaboración del pliego de condiciones que regula la contratación se han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior, como Departamento que tiene encomendada la supervisión del sector de seguridad privada, y se ha solicitado informe a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
El Gobierno explica que, con el fin de conseguir una mayor transparencia, el planteamiento del contrato se ha presentado a las asociaciones y empresas del sector, en una sesión pública celebrada el 26 de marzo, tras la cual se remitió un cuestionario en que expusieron sus observaciones y sugerencias sobre el procedimiento.
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Para ello, el Ejecutivo ha dado la orden a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el objetivo de "mejorar la eficiencia de la contratación de los servicios de seguridad privada".
Esto se alcanzará al "homogeneizar las prestaciones y aplicar un planteamiento integral de la seguridad, teniendo en cuenta, tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios, como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad".
VALOR DE 55 MILLONES
Estos servicios, que actualmente están incluidos en veintidós contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán en el contrato centralizado a partir del 1 de diciembre de 2014, conforme terminen los contratos en vigor. La fecha de finalización será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial. El valor estimado, para el período de duración máximo indicado, incluida la prórroga, es de 55 millones de euros.
El contrato incluye 116 sedes, correspondientes a cuatro ministerios, la Delegación del Gobierno en Madrid y catorce organismos. Los ministerios cuyos servicios se integran en el contrato son: Justicia; Educación Cultura y Deporte; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Hacienda y Administraciones Públicas.
CONTACTO CON ASOCIACIONES Y EMPRESAS
Para la elaboración del pliego de condiciones que regula la contratación se han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior, como Departamento que tiene encomendada la supervisión del sector de seguridad privada, y se ha solicitado informe a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
El Gobierno explica que, con el fin de conseguir una mayor transparencia, el planteamiento del contrato se ha presentado a las asociaciones y empresas del sector, en una sesión pública celebrada el 26 de marzo, tras la cual se remitió un cuestionario en que expusieron sus observaciones y sugerencias sobre el procedimiento.
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