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Las empresas de seguridad toman posiciones para lograr contratos de los armadores, que insisten en los militares.
La formación de vigilantes para defender a los atuneros que faenan en aguas del Índico requiere de una preparación que, en estos momentos, sólo se oferta en un centro de España. Se trata de la escuela GM Formación, que tiene su sede en Alicante y ha impartido dos cursos para preparar personal en la lucha contra la piratería en Somalia. Por si fuera poco, las compañías de seguridad tampoco disponen de los permisos necesarios que les autorice el uso de fusiles de larga distancia. Para conseguirlos y aprender a utilizarlos necesitarían «entre dos y tres meses», aseguran a EL CORREO.
El curso intensivo de Protección Marítima que se imparte en Alicante tiene una duración de sesenta horas y cuesta 650 euros. «Se desarrolla de forma intensiva, tanto de día como de noche. Además de ejercicios de supervivencia, los alumnos realizan todo tipo de pruebas físicas, aunque lo más importante es desarrollar la preparación psicológica», apuntaba ayer el director de GM
Formación.
Juan Carlos García Fajardo considera que, para actuar de manera efectiva en las aguas del océano Índico, haría falta embarcar en cada atunero a una plantilla de entre seis y ocho vigilantes, por lo menos. «Telefónica ya recurrió a estos servicios en aguas de Kenia. Mientras cuatro trabajaban, dos permanecían de retén y otros dos descansaban».
El centro de Alicante ha formado ya a una treintena de personas y sigue recibiendo más solicitudes. «La mayoría de ellas son de ex militares, forjados en operaciones especiales, que provienen de Andalucía, aunque también de Galicia y Madrid. De entre los que nos llaman desde el País Vasco, algunos son escoltas que viene desarrollando allí su labor y buscan un nuevo campo de trabajo», asegura el director de GM Formación.
La formación de vigilantes, sin embargo, se fraguó a raíz del secuestro del 'Playa de Bakio', ocurrido en abril del año pasado. Eulen Seguridad ha sido una de las primeras compañías en buscar personal cualificado para ampliar su línea de negocio protegiendo a los pesqueros españoles. Adiestró a una docena de vigilantes con ayuda de una empresa especializada en seguridad mercante internacional. La labor de instrucción se desarrolló en la localidad catalana de Can Padró.
Este equipo de vigilantes se ha encargado de custodiar al buque cablero 'Teneo' de Telefónica en aguas de Kenia desde abril hasta el pasado mes de agosto. Precisamente, ésta ha sido la primera experiencia de introducción de agentes de seguridad privados en una embarcación de bandera española.
Senegal y Mauritania
El costo de este servicio, según detallaron desde el centro alicantino GM Formación, puede rondar alrededor de los 36.000 euros al mes, teniendo en cuenta las primas de 4.500 euros por cada vigilante que embarque en la nave. Eso si se hace de forma directa. A través de una empresa especializada, la cifra aumenta de forma considerable, aunque nadie quiere dar números.
También desde Alicante, concretamente desde el municipio costero de Xabia, la agencia Marine Risk Management (MRM) controla los ataques de los piratas a los buques mercantes en aguas internacionales. La compañía de mercenarios 'cazapiratas', compuesta por unos ocho ex marines británicos, actúa de manera rápida y sencilla. Una vez que reciben la llamada de auxilio de la compañía mercante, ésta responde en 24 horas. El grupo ha operado en Asia hasta en 15 ocasiones al rescate de tripulaciones en manos de bandas piratas, siempre con éxito para felicidad de sus clientes. MRM, cobra altas sumas de dinero que los pesqueros vascos difícilmente podrían pagar. La prima del seguro es de alrededor de un millón de dólares anual por prevención y tres millones por operación.
«Nosotros hace muchos años que pronosticamos que Somalia llegaría a ser una región conflictiva por los intentos de secuestros piratas, y el mundo no nos creyó. Ahora, auguramos que los próximos países en los que se registrarán conflictos similares serán Senegal y Mauritania. Sus operaciones, controladas siempre por mafias desde otros países, están aportando actualmente más dinero que los negocios de droga y prostitución», apuntó un representante dela compañía que prefiere ocultar su identidad.
Algunos pesqueros de la flota vasca en aguas del Índico se resignaban ayer a ver este tipo de servicios como la única salida para sentirse protegidos en el litoral africano. «No podemos esperar más, se trata de la campaña de pesca más fructífera del año», se lamentan ante la negativa del Ministerio de Defensa a permitir el embarque de militares.
75 millones
Los armadores se resisten a hablar de otra opción que no sea la incorporación de soldados a los buques, pero la ministra Carmen Chacón repitió ayer en el Congreso que «no es posible en el ordenamiento jurídico español», a preguntas del diputado del PNV Jose Ramón Beloki. El jeltzale aseguró disponer de un informe jurídico que avala la presencia de infantes de marina en los atuneros. Su base: el objetivo final no es proteger a empresas privadas, sino defender los intereses españoles en la zona y, concretamente, el derecho a pescar al tener el Estado una cuota de capturas fijada por los organismos internacionales.
En esta línea, el gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac) aseguraba ayer que la presencia de militares es «factible». «Sólo ellos nos pueden garantizar la seguridad y ésa es la idea que defenderemos en todo momento y que debería analizar mejor el Parlamento», manifestó José Ángel Angulo. Con este fin han comenzado a buscar apoyos entre los grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados.
Sostienen que la protección a través de militares «saldría más barata que el mantenimiento de la 'operación Atalanta', que no sirve de nada», criticaron. El despliegue de 4 buques de la Armada, 7 helicópteros y un avión de vigilancia marítima P3-Orion «cuesta 75 millones anuales a los contribuyentes españoles para defender intereses privados», según detallaba ayer mismo Chacón.
En defensa de los armadores, la jeltzale Izaskun Bilbao, diputada en el Parlamento Europeo, manifestó que tanto el Gobierno español como el vasco saben «que no es verdad» que los militares no puedan embarcar en los atuneros. «Molesta y mucho que tengan que utilizar argumentos que no son ciertos para justificar una posición que no es entendible, que no aporta la solución inmediata que necesitan y están pidiendo los arrantzales, que están hartos de pasar miedo», añade.
La eurodiputada considera que la decisión tomada ayer por el Ejecutivo español es la opción «más fácil», ya que «trasladan toda la responsabilidad a los armadores». A esto se suma que «tendrán que esperar a las correspondientes autorizaciones, al cambio de la reglamentación para el uso de las armas, al estudio sobre las posibles ayudas, un largo expediente...», denunció Bilbao.
16 lanchas de piratas
El riesgo de ataques se extiende también al golfo de Adén. Un jefe de las fuerzas marítimas estadounidenses advertía ayer a los tripulantes de los barcos que cruzan por la zona. «Deben tener mucha precaución cuando pasen por esta región en cualquier momento del día». Mientras, la ofensiva pirata persistía en en el Índico. La flota vasca fue alertada a través de los buques de guerra franceses de la salida del puerto de Karaka de 16 lanchas y dos barcos nodriza de piratas.
Al parecer, ahora se localizan en la misma zona en la que los atuneros vascos 'Alakrana', Campolibre Alai' y 'Intertuna II' sufrieron el acoso de los bandoleros la semana pasada. «Si no es por los galos a nosotros no nos llegan noticias de la 'operación Atalanta', porque siempre se escudan en que se trata de 'secreto militar'. Nos consta, que la fragata 'Canarias' no se ha acercado a ese área», manifestó el patrón de una embarcación vasca que faena en el Índico.
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