El PP afirma que el servicio de vigilancia de Roces incumple la Ley y exige al Gobierno Local devolver el dinero

El PP exige que la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, reintegren al Ayuntamiento los más de 90.000 euros que ha pagado desde agosto el Consistorio a una empresa privada de seguridad para vigilar la nueva urbanización de Roces. El contrato con la empresa, que asciende a unos 146.000 euros al año, es ilegal, según asegura el concejal del PP, Pedro Muñiz.

El concejal de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, justificó la contratación de una empresa de seguridad privada para proteger el patrimonio público en una urbanización en la que aún no hay vecinos.

El PP, en cambio, considera que el gasto municipal en seguridad privada para el área de Roces es ilegal, tanto si ese terreno aún sigue dependiendo del promotor, que fue Sogepsa, como si las calles ya han pasado a manos del Ayuntamiento. La posible disyuntiva la aclaró ayer Sogepsa al indicar: «La urbanización del área de Roces está entregada desde finales de 2008» al Ayuntamiento, por lo que la seguridad en la zona es competencia municipal. De esa forma salió al paso de las sospechas de trato de favor municipal a Sogepsa y a constructores privados por la contratación pública de la seguridad privada.

Una contratación que, no obstante, sigue siendo ilegal, según el PP, dado que las calles públicas sólo las pueden vigilar las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos como la Policía Municipal o la Nacional. «La ley prohíbe contratar vigilancia privada. La tiene que dar la Policía Municipal, si el Ayuntamiento se ha hecho cargo del área de Roces. ¿Qué va a ser lo próximo que se les ocurra, contratar vigilantes privados para el paseo del Muro en verano?», abundó Pedro Muñiz.

El edil del PP insistió en que «esta ilegalidad nos está costando mucho dinero», para recalcar que el mismo lo deben «reintegrar a las arcas municipales la Alcaldesa y Santiago Martínez Argüelles, si es el padre del engendro», aprobado por decreto de Alcaldía. Así lo va a plantear el PP en la Comisión municipal de Hacienda, que se va a celebrar el lunes de la próxima semana.

El PP preguntará en la Comisión de Hacienda si el Ayuntamiento se ha hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales en el área de Roces, tal como asegura Sogepsa. También preguntará a Santiago Martínez Argüelles si la Delegación del Gobierno ha autorizado la vigilancia privada en Roces.

La ley establece que la vigilancia privada en urbanizaciones debe contar con la autorización del Gobierno Civil de la provincia y con informe de las autoridades competentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes, cuestiones que en este caso «no nos consta» que haya solicitado el gobierno municipal.

Pedro Muñiz anunció ayer que si no se corrige la situación, será el PP quien pida el informe preceptivo a la Delegación del Gobierno. Los populares también estudiarán, en ese caso, poner los hechos en conocimiento de la fiscalía.

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El concejal del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Gijón Pedro Muñiz ha exigido al responsable de Hacienda, Santiago Martínez Argüelles, que "devuelva a las arcas municipales" los 90.000 euros invertidos desde agosto en el contrato de vigilancia privada para el nuevo área residencial de Roces, ya que éste "incumple la ley"
El edil de la oposición ha explicado en rueda de prensa que el Reglamento de Seguridad Privada demuestra "a las claras" que el Gobierno local ha incumplido la normativa con la firma de este contrato que asciende a 146.000 euros anuales.
Así, ha apuntado que la vigilancia privada se debe realizar en polígonos industriales o urbanizaciones aisladas en horario nocturno, mientras que en el contrato del Ayuntamiento figura que el servicio es de 24 horas.
Además, en lugar de los dos vigilantes requeridos el Consistorio ha empleado sólo a uno.
El concejal popular ha considerado que el control de la zona ha de recaer en la Policía Local en caso de que el Consistorio haya recepcionado los elementos comunes.
En caso contrario, ha señalado, la responsabilidad y el coste del servicio de vigilancia debe ser asumido por los constructores y Sogepsa.
El PP preguntará en la próxima Comisión de Hacienda, que tendrá lugar el 19 de abril, si el Gobierno local solicitó autorización para dicha vigilancia a la Delegación del Gobierno como obliga la normativa.

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«Lo desconozco». Así respondió la Alcaldesa a la pregunta sobre si el Ayuntamiento había solicitado a la Delegación del Gobierno autorización para contratar vigilancia privada en Roces. El informe favorable del órgano que dirige Antonio Trevín es obligatorio para utilizar vigilancia privada fuera de edificios.

El artículo 13 de la ley 23/1992 de Seguridad Privada establece que «salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común. No obstante, cuando se trate de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas, podrán implantarse servicios de vigilancia y protección en la forma que expresamente se autorice».

El reglamento 2364/1994 que desarrolla la ley señala, en su artículo 80, que la vigilancia en urbanizaciones debe estar autorizada por el gobernador civil, previo informe de las fuerzas de seguridad.

Además fija las condiciones de «que la Administración municipal no se haya hecho cargo de la gestión de los elementos comunes y de la prestación de los servicios municipales», que las urbanizaciones cuenten con una «administración específica», estén separadas de otros núcleos y que no haya un uso público de sus calles, entre otras.

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La diputada del Partido Popular por Asturias Pilar Fernández Pardo ha remitido al Congreso de los Diputados cinco preguntas con las que pretende clarificar la legalidad de la contratación por parte del Ayuntamiento de Gijón de una empresa de seguridad privada para la vigilancia del área residencial de Roces. Pardo asegura que los responsables municipales han pagado desde el mes de agosto más de 90.000 euros en una contratación «ilegal», por lo que ha preguntado en el Congreso si el Ayuntamiento «puede contratar una empresa privada para realizar en esa zona residencial de la ciudad funciones de seguridad». Y pregunta al Gobierno sobre si en esa contratación «ha de cumplirse el reglamento de seguridad privada». Pardo quiere saber, además, «qué documentación existe en el Ministerio del Interior» acerca de esta supuesta contratación «ilegal».

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Santiago Martínez Argüelles, justificó, por su parte, la contratación de una empresa de seguridad privada para proteger el patrimonio público en una urbanización en la que aún no hay vecinos. La oposición considera que esa labor corresponde a la Policía Municipal.

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