Contrato y subvención para rebajar el coste del despido

Los principales desacuerdos entre sindicatos, patronal y Gobierno respecto a la propuesta del Ministerio de Trabajo se refieren a la promoción de una
modalidad de contrato con una indemnización por despido menor a la ordinaria, la creación de un fondo por el que el Estado asuma parte del coste de los despidos y el papel de las agencias privadas de empleo.

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La ampliación del contrato de fomento de la contratación indefinida. En el documento de trabajo se propone «ampliar las posibilidades de utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida».
Resultado del diálogo social y en vigor desde 1997, el contrato de fomento de la contratación indefinida contempla una indemnización en caso de despido de 33 días por año trabajado (frente a los 45 días del ordinario). «Apenas se ha utilizado», señala Maica Bouza, secretaria deemprego de CC.OO. en Galicia. El año pasado este tipo de contratos supusieron el 17% de todos los que se se realizaron en España. El documento propone que pueda transformarse un contrato temporal en otro de fomento y rebajar la indemnización. Hasta ahora está modalidad excluye a los hombres de entre 30 y 45 años que no sean parados de larga duración. «No tenemos muy claro que es lo que pretende el Gobierno, pero generalizarlo supondría abaratar el despido», apostilla Bouza. Los sindicatos consideran que en España ya conviven demasiadas modalidades de contratación y no creen que ampliar esta conlleve más incorporaciones al mercado de trabajo. Y piensan que «reorientar las bonificaciones, que se dan a casi cualquier tipo de contrato, permitiría actuar sobre los colectivos que más dificultades encuentran en el mercado». La patronal dice que no está proponiendo que se abarate el despido, sino nuevos contratos que bajen la temporalidad, y que los trabajadores que ahora están en paro puedan aspirar a uno indefinido.

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Adaptar sistemas de indemnización por despido. Ligada a las nuevas fórmulas para fomentar la contratación indefinida, el Gobierno sugiere adaptar «modelos sobre los sistemas de indemnización por despido». Propone que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) subvencione el 40% de la indemnización por despido a todas las empresas (hasta ahora actuaba en las de menos de 25 trabajadores), pero que solo afecte a los nuevos contratos de fomento del empleo. La patronal se queja de que se plantee solo como medida excepcional y recuerda que el Fogasa lo pagan las empresas.

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El modelo austríaco. Para rebajar los costes del despido, el documento también apunta como alternativa el modelo austríaco. En este, el trabajador dispone de una cuenta financiada por las empresas (el 1,55% del salario), que usa como complemento en caso de despido o de la pensión. Los sindicatos no lo ven claro. Estarían dispuestos a estudiar la propuesta para crear un fondo común -por ejemplo, a través del Fogasa-porque recelan de la gestión privada de la hucha. Las empresas temen que el modelo aumente los costes laborales.

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Colaboración público-privada de las tareas de intermediación laboral. En el tercer eje de actuaciones que contempla el documento, el Gobierno se considera «obligado a corregir la singularidad de nuestro ordenamiento en cuanto a las restricciones sobre la apertura a la colaboración público-privada
de las tareas de intermediación laboral». En la práctica, permitir que operen agencias privadas de colocación (que obtienen beneficios de la intermediación entre trabajador y empresa). Algo que en opinión de CC.OO. supone «una dualidad público-privada, en la que estas agencias atienden preferentemente a los trabajadores más cualificados y con mayores recursos». También se refiere el documento a «valorar la supresión de restricciones» a las ETT, según aconseja una directiva comunitaria. Los sindicatos están en contra de que estas agencias puedan pasar a intermediar en contratos indefinidos o intervenir en sectores de riesgo. «Lo que debería hacerse es reforzar los Servicios Públicos de Empleo -apunta Maica Bouza-, que no están cumpliendo su papel, ya que muchas de las contrataciones se producen a partir de redes informales».

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