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El Gobierno tiene el borrador de la reforma laboral, susceptible de cambios
Los sindicatos denuncian que la generalización del contrato de 33 días supone de facto la desaparición del ordinario
El texto incluye un fondo indemnizatorio similar al austríaco, un plan de choque juvenil y límites a los contratos por obra
Los planes del Ejecutivo establecen una mayor flexibilidad en el despido y medidas para desincentivar la temporalidad en los contratos.
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Los sindicatos denuncian que la generalización del contrato de 33 días supone de facto la desaparición del ordinario
El texto incluye un fondo indemnizatorio similar al austríaco, un plan de choque juvenil y límites a los contratos por obra
El Gobierno ya tiene elaborado el borrador del decreto de reforma del mercado laboral, si bien se muestra dispuesto a aceptar aquellos
cambios en los que empresarios y sindicatos puedan alcanzar el consenso en los días que restan hasta el 16 de junio, algo impensable con las posiciones que defienden en estos momentos.
Los planes del Ejecutivo establecen una mayor flexibilidad en el despido y medidas para desincentivar la temporalidad en los contratos.
El proyecto incorpora medidas que pueden satisfacer las demandas de cada una de las partes, y así lo dejó entrever la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, al declarar que "ya hay puntos de acuerdo y también de desacuerdo entre los interlocutores".
Un despido más flexible En la actualidad ya existe un despido procedente por causas de producción, económicas, tecnológicas u organizativas. Conlleva una indemnización de 20 días por año trabajado -con un máximo de 12 mensualidades- y resulta mucho más barata que la correspondiente al despido improcedente (33 ó 45 días). El cambio que introduce el Gobierno supone suavizar los requisitos que se exigen a las empresas para probar que los motivos alegados justifican la expulsión del trabajador, y responde a una insistente demanda de la patronal. Según la CEOE, utilizar esta figura facilitará la supervivencia de compañías en graves dificultades.
La flexibilidad en esta materia iría compensada con medidas alternativas para la recolocación -fomento de la movilidad funcional y geográfica, nuevas planificaciones, etc.- con las que se pretende reducir el número de despidos.
Fondo para indemnizaciones Se plantea la constitución, mediante aportaciones de las empresas, de un fondo de indemnización equivalente a 8 días de salario, que los trabajadores se podrán llevar si se cambian de empleo. Es una copia del modelo austríaco que, en opinión del Gobierno, favorecerá la movilidad laboral.
Reducción de jornada Con el fin de que el despido sea el último instrumento a utilizar por las empresas en los ajustes (ERE), se contempla la reducción de jornada compatible con el cobro de parte de la prestación por desempleo. Es el modelo alemán.
El contrato de 33 días En el boceto de decreto figura igualmente la generalización del contrato de fomento del empleo, de carácter indefinido, creado en 1997 para luchar contra la temporalidad, con la indemnización por despido improcedente de 33 días por año de servicio. El objetivo inicial del contrato de fomento era facilitar la contratación estable de los colectivos con mayores problemas. A lo largo de los años los destinatarios han aumentado. Solo están excluidos los varones de 30 a 45 años que no lleven más de seis meses en el paro.
Los sindicatos argumentan que esta extensión conlleva la desaparición del contrato ordinario indefinido, cuya ruptura improcedente cuesta 45 días por año e interpretan que se trata del temido abaratamiento del despido que Rodríguez Zapatero rechazó desde que llegó a la Moncloa hasta que en abril entregó a empresarios y sindicatos una propuesta de negociación en la que abiertamente apostaba por reducir el coste de la indemnización de los contratos indefinidos.
Empleo juvenil Patronal y sindicatos se muestran de acuerdo en el establecimiento de un plan de choque para el empleo juvenil. El borrador del Gobierno impulsa los contratos para la formación que permiten la adquisición teórica y práctica de un oficio o la entrada en un puesto de trabajo que requiera cierto nivel de cualificación.
Esta modalidad de empleo se limita en la actualidad a los jóvenes de 16 a 21 años y la reforma ampliará la edad hasta los 25 años. Por añadidura, proporcionará el derecho a la prestación de paro a sus titulares, beneficio del que ahora carecen. La formación teórica de estos trabajadores, ahora impartida por la empresa, pasará a depender de los Servicios Públicos de Empleo y se eliminan las cotizaciones sociales.
Menor temporalidad Para combatir la elevada proporción de contratos temporales, que han sido la vía de escape para las empresas y que lastran el mercado laboral español y también la competitividad de sus bienes y servicios, el borrador reduce a 2 años máximo la duración del contrato de obra que ahora no tiene límite alguno. También encarece el despido en las subcontrataciones para elevarlo a diez días en vez de los ocho actuales.
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