¿Por qué le bloquean a algunos desempleados la tarjeta sanitaria?

Analizamos la situación en la que se encuentran algunos parados que, después de dejar de cobrar la prestación, se ven sin cobertura sanitaria

Llevamos varios días escuchando casos de personas desempleadas que, después de dejar de cobrar el paro, encuentran bloqueadas sus tarjetas sanitarias. Se cree que hay decenas de miles de personas afectadas por esta decisión en algunas comunidades, como Galicia o Murcia, lo que ocurre es que muchas de ellas puede que aún no se hayan enterado. Explicamos el por qué para entender lo que está ocurriendo.

La ley actualmente en vigor dice que las personas en paro que dejan de cobrar la prestación por desempleo, a los tres meses pierden también el derecho a percibir asistencia sanitaria gratuita porque han dejado de cotizar. Es así porque en España se vincula la asistencia sanitaria al trabajo y no a los derechos como ciudadanos. Cuando dejamos de existir para la Seguridad Social, sólo se puede tener acceso a la sanidad gratuita si nos incluimos como beneficiarios de algún familiar, pero es requisito indispensable convivir con ese familiar y depender económicamente de él.

La otra opción, si ésta no es posible, es solicitar la tarjeta como persona sin recursos y acreditar esta situación. Aun así, todavía hay personas que no pueden acogerse a ninguna de estas dos soluciones porque, aunque estén en paro, sin cobrar el desempleo y sin ingresos, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, que en España está en unos 7.000 euros.

Los desempleados tienen 90 días de margen para realizar los trámites y solicitar de nuevo el ingreso como beneficiario en la Seguridad Social cuando dejan de cobrar el paro. El problema llega cuando nadie avisa a los afectados de que disponen de ese plazo antes de perder el derecho a la sanidad gratuita. Estos son muchos de los casos que se están conociendo estos días. Personas que llevan más de tres meses sin cotizar y que durante ese tiempo no han necesitado ir al médico. Cuando han acudido les han comunicado que tienen que solicitar de nuevo la tarjeta y, mientras se llevan a cabo los trámites, se quedan sin cobertura. De hecho, puede que haya quienes, en estos momentos, desconozcan que tienen la tarjeta bloqueada.

En muchos lugares, los médicos de familia han seguido atendiendo gratuitamente a estos pacientes, pero entonces el problema ha podido llegar al pasar las recetas en la farmacia porque el sistema informático ha lanzado el mensaje de que esa persona no figura en la base de datos y, por consiguiente, no tiene derecho a que la Seguridad Social le pague su parte de los medicamentos. Las personas sin tarjeta sólo pueden ser atendidas en urgencias, pero recordemos que en urgencias no se receta.

A partir del 1 de enero de 2012 entra en vigor la Ley General de Salud Pública, que reconoce el derecho a la sanidad gratuita también a los desempleados de larga duración. A partir de entonces, las Comunidades Autónomas que no den cobertura a todas estas personas estarán cometiendo una ilegalidad. Estará en sus manos agilizar los trámites para evitar que esta situación se prolongue

Una muy buena aportación que como no tiene un sitio en concreto, lo meto en jurisprudencia.

Lo ponemos además como anuncio para que no baje en los temas y se pierda. Además de colocarle el color ROJO por su gran importancia para muchas personas.

Un saludo.

Comision de Politica Social

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley General de Salud Pública que garantiza la universalización de la sanidad pública, es decir, la sanidad a todos los españoles, al mismo tiempo que regula la profesión del psicólogo sanitario, hasta ahora no reconocida.

La norma, que fue aprobada la pasada semana en el Senado, establece que tendrán la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación de Psicólogo General Sanitario aquellos licenciados/graduados en Psicología cuando desarrollen su actividad profesional por cuenta propia o ajena en el sector sanitario, siempre que, además del mencionado título universitario, ostenten el título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria.

Su cometido se centrará en la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado general de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios.

La necesidad de crear esta formación sanitaria específica para los psicólogos quedó recogida en la Ley de Economía Social, que establecía un plazo de doce meses desde su entrada en vigor para remitir a las Cortes un proyecto de ley que regulase su actividad y definiese las condiciones de acceso a dicha profesión.

Tras su inclusión en esta ley, el Gobierno tendrá seis meses desde su publicación en el BOE para establecer las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudios para la obtención del citado Máster en Psicología General y la planificación de sus enseñanzas en el ámbito de todo el Estado.

SANIDAD PÚBLICA PARA TODOS

Por otro lado, entre las novedades que introduce esta ley también destaca la universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS), a fin de extender el derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no se les reconoce en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico.

Actualmente, hay cerca de 200.000 personas que por diferentes motivos permanecen fuera de la sanidad pública en España, tanto parados que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo como a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.

En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea efectiva a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, el Senado ha acordado que en un plazo de seis meses desde la aprobación de la norma se reglamentará cuándo y cómo se hará efectiva dicha extensión de derechos.