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La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad (Aproser) denunció ayer los cada vez más frecuentes casos de intrusismo en este sector, fenómeno que ha aumentado en el Sur de la Isla. Se trata de empresas que ofrecen servicios más baratos porque “incumplen la normativa social y tributaria y carecen de convenios colectivos”, en palabras del presidente de esta patronal, Francisco Rivero, quien expuso este problema durante las Jornadas de Turismo y Seguridad Privada organizadas por Ashotel.
Anda que no tienen jeta los amiguetes estos ellos fomentando la intrusion laboral por medio de empresas legales y ahora vienen protestando porque les pisan el delito.
Alertan sobre intrusismo en la seguridad privada
En declaraciones a este diario, Rivero indicó que en el Sur de la Isla hay incluso una causa penal abierta por este motivo contra unos empresarios, que están imputados.
Estas empresas, “que no permiten dar un servicio de calidad solvente sino salir del paso” pueden ofrecer presupuestos de hasta 50.000 euros al año por encargarse de la vigilancia de un hotel, precios que no pueden igualar las empresas que cumplen la legalidad vigente. Un hecho que calificó de perjudicial para la imagen turística de la Isla, pues la seguridad es un fundamental para un destino de vacaciones como Tenerife.
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La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad (Aproser) denunció ayer los cada vez más frecuentes casos de intrusismo en este sector, fenómeno que ha aumentado en el Sur de la Isla. Se trata de empresas que ofrecen servicios más baratos porque “incumplen la normativa social y tributaria y carecen de convenios colectivos”, en palabras del presidente de esta patronal, Francisco Rivero, quien expuso este problema durante las Jornadas de Turismo y Seguridad Privada organizadas por Ashotel.
Anda que no tienen jeta los amiguetes estos ellos fomentando la intrusion laboral por medio de empresas legales y ahora vienen protestando porque les pisan el delito.
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En declaraciones a este diario, Rivero indicó que en el Sur de la Isla hay incluso una causa penal abierta por este motivo contra unos empresarios, que están imputados.
Estas empresas, “que no permiten dar un servicio de calidad solvente sino salir del paso” pueden ofrecer presupuestos de hasta 50.000 euros al año por encargarse de la vigilancia de un hotel, precios que no pueden igualar las empresas que cumplen la legalidad vigente. Un hecho que calificó de perjudicial para la imagen turística de la Isla, pues la seguridad es un fundamental para un destino de vacaciones como Tenerife.
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