Las empresas investigadas se presentaron al concurso de 2011, pero no han concurrido al de 2012
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) achaca el diferente coste del servicio de vigilancia para sus instalaciones de Valencia y Alicante en 2007, 2011 y 2012 al recorte de servicios que han realizado y a que los plazos de los contratos licitados en estos respectivos años son distintos. El concurso de 2007 está en el punto de mira de la Fiscalía de Valencia por un presunto amaño para beneficiar a unas determinadas empresas en las adjudicaciones de 2007. FGV intentó volver a licitar el servicio de vigilancia privada en 2011, aunque finalmente anuló el concurso. El servicio de vigilancia se ha vuelto a licitar y adjudicar en 2012, por un coste considerablemente inferior al coste por el que se ofertaban tanto en 2007 como en 2011.
Según la documentación aportada por FGV a Levante-EMV, los concursos de 2007 -los que investiga la fiscalía, porque sobre ellos pesa la sospecha de que los ganaron Prosegur y Med Seguridad pese a que no consiguieron la mejor puntuación- se adjudicaron por 3.445,390,1 millones de euros para el plazo de un año, que se prorrogaron por tres más.
En 2011 se volvió a licitar el concurso de vigilancia por 8,2 millones de euros para un plazo de dos años, por lo que la anualidad costaría a las arcas públicas 4.134.624 euros. Este concurso se anuló el 7 de febrero de 2012, "por la necesidad de ajustarse a los presupuestos de 2012", según la información aportada por FGV.
En el nuevo concurso licitado el pasado mes de junio los servicios de vigilancia en Valencia y Alicante se calculaba que ascenderían a 3.105.551,50 euros, aunque finalmente las ofertas a la baja de las empresas que concursaban han permitido adjudicar este concurso por 3.020.738,6. De esta manera, el concurso de 2012 costará 1.113.624,4 euros menos, por lo que se pretendía adjudicar en 2011, que FGV achaca al recorte de algunos servicios que han incluido en los contratos.
Por otra parte, una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Infraestructuras a la diputada de EU, Marina Albiol, permite descubrir que las dos empresas investigadas por la Fiscalía optaron al concurso de vigilancia licitado en junio de 2011 (se presentaban un total de diez aspirantes), aunque finalmente este concurso fue anulado.
En las licitaciones de los servicios de seguridad privada de 2012 para Valencia y Alicante sólo concurrieron tres empresas para el contrato de Metrovalencia: Punto y Control SAU y Garda Servicios de Seguridad SA, que han resultado adjudicatarias de los tres lotes, junto a Vigilancia Integrada SA (que ha prestado sus servicios a Metrovalencia desde 2007, sin verse involucrada en la investigación, pero que finalmente no repite).
En Alicante, el contrato de vigilancia se lo disputaron cuatro empresas: Garda Servicios de Seguridad SA, Sancoro Seguridad SLU, Vigilancia Integrada SA y Secopsa Seguridad. Ésta última es la que ha resultado adjudicataria definitiva de la seguridad privada del TRAM.
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Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) achaca el diferente coste del servicio de vigilancia para sus instalaciones de Valencia y Alicante en 2007, 2011 y 2012 al recorte de servicios que han realizado y a que los plazos de los contratos licitados en estos respectivos años son distintos. El concurso de 2007 está en el punto de mira de la Fiscalía de Valencia por un presunto amaño para beneficiar a unas determinadas empresas en las adjudicaciones de 2007. FGV intentó volver a licitar el servicio de vigilancia privada en 2011, aunque finalmente anuló el concurso. El servicio de vigilancia se ha vuelto a licitar y adjudicar en 2012, por un coste considerablemente inferior al coste por el que se ofertaban tanto en 2007 como en 2011.
Según la documentación aportada por FGV a Levante-EMV, los concursos de 2007 -los que investiga la fiscalía, porque sobre ellos pesa la sospecha de que los ganaron Prosegur y Med Seguridad pese a que no consiguieron la mejor puntuación- se adjudicaron por 3.445,390,1 millones de euros para el plazo de un año, que se prorrogaron por tres más.
En 2011 se volvió a licitar el concurso de vigilancia por 8,2 millones de euros para un plazo de dos años, por lo que la anualidad costaría a las arcas públicas 4.134.624 euros. Este concurso se anuló el 7 de febrero de 2012, "por la necesidad de ajustarse a los presupuestos de 2012", según la información aportada por FGV.
En el nuevo concurso licitado el pasado mes de junio los servicios de vigilancia en Valencia y Alicante se calculaba que ascenderían a 3.105.551,50 euros, aunque finalmente las ofertas a la baja de las empresas que concursaban han permitido adjudicar este concurso por 3.020.738,6. De esta manera, el concurso de 2012 costará 1.113.624,4 euros menos, por lo que se pretendía adjudicar en 2011, que FGV achaca al recorte de algunos servicios que han incluido en los contratos.
Por otra parte, una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Infraestructuras a la diputada de EU, Marina Albiol, permite descubrir que las dos empresas investigadas por la Fiscalía optaron al concurso de vigilancia licitado en junio de 2011 (se presentaban un total de diez aspirantes), aunque finalmente este concurso fue anulado.
En las licitaciones de los servicios de seguridad privada de 2012 para Valencia y Alicante sólo concurrieron tres empresas para el contrato de Metrovalencia: Punto y Control SAU y Garda Servicios de Seguridad SA, que han resultado adjudicatarias de los tres lotes, junto a Vigilancia Integrada SA (que ha prestado sus servicios a Metrovalencia desde 2007, sin verse involucrada en la investigación, pero que finalmente no repite).
En Alicante, el contrato de vigilancia se lo disputaron cuatro empresas: Garda Servicios de Seguridad SA, Sancoro Seguridad SLU, Vigilancia Integrada SA y Secopsa Seguridad. Ésta última es la que ha resultado adjudicataria definitiva de la seguridad privada del TRAM.
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