'Urdangarin usó un paraguas de ayuda al prójimo para desviar fondos públicos'.

El juez José Castro acusa a Iñaki Urdangarin de utilizar el Instituto Nóos como mero "paraguas de bondad y de ayuda al prójimo para desviarse fondos públicos".
En un auto de 542 páginas en el que impone una fianza civil de 8,1 millones de euros para el esposo de la Infanta Cristina y para su ex socio, Diego Torres, Castro recalca que los gobiernos de Valencia y Baleares vulneraron el procedimiento administrativo para otorgar el dinero al duque de Palma y dispensarle así un trato de favor.
Además, acusa a los gobiernos de Valencia y Baleares de "vestir el santo con expedientes administrativos nulos de pleno derecho para adjudicar el dinero público a Urdangarin tras acordar verbalmente los contratos con él".
Así, aseverado en su auto que ambos no son "los únicos criminalmente responsables" y ha reprochado en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
Asegura que los responsables de las Administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
'Intensos y variados indicios'
En cualquier caso, añade que "se habrá de silenciar en este momento cualquier pronunciamiento sobre las restantes personas, a reserva de lo que el futuro procesal de esta causa pueda depararles", centrando así sus consideraciones en la "esfera privada", en la que "existen suficientes indicios de que su protagonismo recae, de una parte, sobre don Iñaki Urdangarin y don Diego Torres y, de otra, sobre una serie de personas, unas perfectamente identificadas y otras que previsiblemente lo estarán" por haber "colaborado de manera diversa en la actividad delictiva".
Al hilo de lo anterior, Castro asevera que son "muy intensos y variados" los indicios de que fueron ambos quienes "impusieron la redacción de los distintos convenios" rubricados con las Administraciones, "calcados en gran parte los de una Comunidad a los de la otra y fijaron unilateralmente el precio que en todos los casos fue asumido sin discusión ni contraste por los responsables de las distintas Administraciones públicas".
El juez recalca asimismo cómo los encargos contratados por las Administraciones con Urdangarin y Torres, a través de sus sociedades, "no respondían a necesidades sentidas por aquéllas y que estuvieran llamadas a satisfacer a través de aquéllos como de cualquier otro proveedor".
Señala en el auto que "la necesidad no existía y fue expresamente fabricada para que se ajustara al ofrecimiento que le hacían don Iñaki Urdangarin y don Diego Torres de tal manera que si la oferta no se hubiera producido la necesidad no hubiera nacido".
Es más, afirma que al tratarse de acuerdos puramente verbales, "más grave aún en atención a su elevado importe, quedaban extramuros de cualquier normativa que, en otro caso, pudiera regularlos".
Rentabilizar el parentesco
El juez afirma que Urdangarin y Torres se pusieron de acuerdo para rentabilizar ante entidades privadas e instituciones públicas la "influencia" que se derivaba del "parentesco" del duque de Palma con la Casa Real.
En el escrito, alude a esta "esfera de pretendido poder" que emplearon "unas veces de manera implícita y en otras de manera franca", y añade que en algunos momentos lo hicieron mediante documentos "con claras referencias a S.A.R. la Infanta Doña Cristina Federica de Borbón y a Don Carlos García Revenga, al que se le califica como asesor de la Casa Real".
"Se les hacía ver a los potenciales clientes", recoge el auto, que había "innumerables ventajas de prestigio y económicas" en el hecho de "contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real y en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de éste y del propio secretario de la institución".
Cinco días para pagar
Con la fianza, el juez ha atendido a la petición de la Fiscalía y del sindicato Manos Limpias. Castro informa a Urdangarin y a Torres de que tienen cinco días hábiles para abonar la fianza desde el momento en el que se les notifique.
Asimismo, señala que pueden responder a la caución de manera solidaria, de manera que se pueden repartir el pago de la misma o bien alguno de los afectados podría abonar el importe total de la fianza.
En caso de que no pagaran los 8,1 millones de euros, se les embargaría los bienes hasta cubrir la cuantía de la fianza que se les ha impuesto.
Por otro lado, en el mismo auto judicial, el magistrado pide a Urdangarin y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales, por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia.
Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para Urdangarin, Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.
El fiscal Pedro Horrach solicitó de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil.
En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50%-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Por su parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también presentó ese mismo día su escrito, de 30 páginas, en el que pidió la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.
Además, la Abogacía del Estado anunció ayer que se persona como acusación particular en el 'caso Nóos'. Lo hará en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ante un presunto fraude fiscal por valor de unos 470.000 euros en el que estaría implicado Iñaki Urdangarin y el Instituto Nóos.