Vigilancia privada para evitar ocupaciones en los pisos públicos

Las empresas públicas de viviendas luchan contra las ocupaciones de pisos protegidos con vigilantes de seguridad. Esto es lo que pasa desde hace muchos meses en el barrio del Gornal, en l'Hospitalet, donde hay seis procesos judiciales abiertos para expulsar a quienes habitan allí de manera ilegal. La historia de estos pisos públicos de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, antes Adigsa, y las ocupaciones viene de lejos. Según fuentes del Departament de Territori i Sostenibilitat, a principios del 2010 existían 14 pisos ocupados de los 212 existentes. La situación salió a la luz pública hace unos meses cuando uno de los inquilinos ilegales se suicidó en un parque público tras recibir una orden de desahucio.

Lo cierto es que la usurpación de viviendas en esta promoción de l'Hospitalet ha llegado a tales extremos que hace más de un año Adigsa tuvo que contratar vigilancia privada para evitar el fenómeno denominado “patada en la puerta”, por el que familias sin recursos económicos y sin acceso a una vivienda ocupan los pisos vacíos. Viviendas que, normalmente, están desocupadas a causa de los retrasos en las adjudicaciones o por los problemas de financiación que encuentran los adjudicatarios a la hora de comprar la residencia.

Antes era habitual este tipo de vigilancia permanente para evitar los robos de material durante la construcción de la promoción. Ahora se considera de lo más normal disponer de un sistema de seguridad para evitar usurpaciones de viviendas, ya sean libres o protegidas. Adigsa no ha sido la única. La empresa pública del Consell Comarcal del Barcelonés, Regesa, también ha tenido que recurrir a este sistema para controlar sus viviendas. Hace menos de un año en una promoción de 97 pisos en la calle Mare de Déu del Port, la empresa tuvo que cambiar el bombín de todas las viviendas porque robaron las llaves y contratar vigilancia privada para evitar las ocupaciones. También en el barrio de la Catalana ha implantado un sistema de control, en el que combina la vigilancia personalizada con las cámaras de seguridad durante las 24 horas. El Patronat Municipal de l'Habitatge del Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, opta por instalar puertas de hierro en aquellas residencias que quedan desocupadas de manera temporal.

Fuentes del Departament de Territori i Sostenibilitat explican que “las ocupaciones ilegales han sido y son una preocupación social de la administración pública”. En este sentido, destacan que las familias o personas que están de manera ilegal en las viviendas del Gornal pueden dirigirse a la Mesa Tècnica de Valoració, que está integrada por técnicos de Benestar Social y de l'Oficina d'Habitatge Municipal, y plantear su situación. Se trata de una entidad que evalúa la situación personal de las familias que no disponen de ingresos y necesitan una vivienda. Durante el año 2010, la Mesa Tècnica de Valoració ha propuesto 30 familias a la Agència de l'Habitatge de Catalunya para la adjudicación directa de viviendas destinadas a emergencias sociales.

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