Pisos públicos caen en manos de okupas y estafadores

La promoción de los números 181-183 de la barcelonesa calle Mare de Déu del Port , con 97 apartamentos de 39 m² cada uno de alquiler asequible para jóvenes, sólo tiene 27 habitados por sus
correspondientes adjudicatarios. La gran mayoría siguen vacíos. Pero no todos los residentes son legales. Estefa Haliluvic no lo es, como tampoco lo son los moradores de otro de los pisos. Esta mujer, de nacionalidad bosnia, asegura que hace un par de semanas pagó 1.200 euros a otra mujer en un
mercadillo en concepto del alquiler durante cuatro meses del 4.º E de este edificio, una de las viviendas oficialmente desocupadas. Los vecinos se preguntan ¿cómo se pusieron en circulación las
llaves si el inmueble sigue en manos de Regesa, la empresa pública promotora?



Agrega la mujer, extremadamente delgada y en edad provecta, que la desconocida le entregó la llave tras darle el dinero y que nunca más la ha vuelto a ver. El único papel que aporta para corroborar su historia es la denuncia por estafa que ella misma tramitó en una comisaría de los Mossos d'Esquadra contra la supuesta arrendadora. La mujer le pregunta a un vecino si le deja un momento un enchufe para cargar la batería de su teléfono móvil, pero el joven prosigue su camino. Estefa se dedica a vender en los alrededores de la plaza de las Glòries los artículos que rescata de los contenedores de basura con la ayuda de tres niños. Dice que son sus hijos.

Preguntada por el caso, Regesa reconoce que “a esta mujer la han estafado” pero no aclara cómo se distribuyeron las llaves del piso. De todos modos, ha cambiado los bombines de todos –excepto del habitado por Estefa– y el de la portería, extremo este último que imposibilita a esta mujer entrar al
edificio. Por ello, siempre tiene que haber alguien en la casa para poder abrir desde dentro al que quiera acceder al piso. La empresa ha denunciado ante el juez esta situación, que considera una ocupación ilegal.
Para evitar la entrada de personas no autorizadas y la ocupación ilegal de viviendas a la promoción, Regesa acaba de contratar un servicio de seguridad privada que trabaja en la finca las 24 horas del día. La empresa añade que se mantendrá esta medida preventiva hasta que todos los pisos sean adjudicados y los inquilinos los habiten.

Agentes de la policía autonómica, prosigue la afectada relatando en una mezcla de idiomas, le dijeron que no será desalojada hasta que un juez dé la orden. Pero que los menores de edad no pueden vivir en semejantes condiciones. Sin luz ni agua. Los servicios no están dados de alta, dada la irregularidad existente. Ello implica que no sea difícil hallar micciones en los rellanos. Las puertas de los cuartos de contadores de la luz y el agua ya fueron forzadas. Y alguna puertas violentadas. “Encima –explican varios vecinos–, cada vez que notas un bajón de presión del agua o algo raro en la luz te obsesionas con que alguno de los okupas haya hecho un pinchazo y encima acabemos pagándoles los suministros”.

No fue posible localizar a los moradores del segundo piso usurpado. Dicen en el bloque que son españoles, que van y vienen y guardan enseres en una vivienda de la primera planta. “Entraron a la vez que nosotros, en febrero o marzo...”, añaden. “En octubre nos comunicaron que nos había tocado el piso –agregan–. Entonces se suponía que nos entregarían las llaves por Navidad. Fue un momento de alegría. No sabíamos lo que nos esperaba. No sabíamos que nos mandarían como conejillos de indias a regenerar donde muere la ciudad. Aquí hay puntos de venta de droga por todas partes, y al lado de casa un dispensario de jeringuillas”.

Mucha gente a la que le tocó piso en esta promoción renunció, prosiguen explicando los inquilinos. Unos porque el barrio les daba miedo y otros porque la crisis les había dejado sin empleo y ya no
podían emanciparse. “Por ello se retrasó la entrega de las llaves, porque no había gente suficiente para llenar el edificio. Los primeros en mudarse lo hicieron en febrero y el resto en marzo –continúan–. Muchos al principio no teníamos agua caliente. Desde entonces la ilusión no ha hecho otra cosa que
menguar. Estos días han venido unas pocas personas a ver los pisos libres, pero no sabemos si querrán quedárselos. Lo que sí sabemos es que muchos de los que vinieron están pensando en dejar el piso y marcharse”. Los amedrentados vecinos cuentan que fueron los dos vigilantes del turno de noche quienes la semana pasada impidieron que un grupo de personas armadas con palos de madera y barras de hierro entraran con la intención instalarse en alguno de los numerosos apartamentos libres. Los veinteañeros que pocas semanas atrás se mudaron a esta promoción dicen que su sueño se está convirtiendo en una pesadilla. De repente, los 210 euros de renta mensual y los ochenta de comunidad se antojan excesivos.

Los administradores de este inmueble recientemente construido en la Zona Franca, a los pies de la falda de Montjuïc conocida por estas latitudes como el paseo de los yonquis, se han visto obligados a desplegar cuatro guardias de seguridad, dos para el día y otros tantos para las noches, a fin de que se
produzcan nuevas okupaciones... y de que las numerosas prostitutas y toxicómanos que pululan por el lugar, sobre todo durante las noches, no encuentren intimidad en las escaleras que conducen al aparcamiento ni en el propio aparcamiento.
Envoltorios de jeringuillas, preservativos y latas de cerveza dibujan su rastro en los escalones.

La finca cuenta con dos puertas de acceso. Una de ellas ha sido cerrada de manera permanente con una cadena para facilitar el trabajo de los vigilantes con un parche en el pecho donde puede leerse Controlador. No llevan las porras a la vista. Las tienen guardadas en la portería. Las cerraduras del portal fueron cambiadas. “Creemos que antes de que nos entregaran los apartamentos, mientras duraban las obras, alguien robó un juego de llaves de las puertas de los pisos”, coinciden en sospechar muchos de los jóvenes que viven legítimamente en el edificio. Todos quieren conservar el anonimato. Así se explicaría el caso de Esfefa y el de los otros moradores irregulares. según ellos: “Muchos hemos cambiado la cerradura por miedo –prosiguen–. Es que de otro modo no puede entenderse que los que viven en los dos pisos okupados no hayan tenido que forzar la entrada y tengan además los mismos llaveros que nosotros”.

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