Contratan a matones para echar de casa a inquilinos y okupas

Los propietarios pagan entre 3.000 y 6.000 euros.

Para expulsar a malos pagadores, 'okupas' o víctimas de 'mobbing'.
Los mismos clanes familiares que extorsionan a los empresarios de la construcción para ser contratados como falsos vigilantes de obras a cambio de una cantidad económica, han abierto una nueva línea de actuación y se empiezan a especializar en el 'vaciado', bajo amenazas, coacciones e incluso agresiones, de los pisos de arrendatarios|inquilinos no deseados por los propietarios, práctica que han revelado a 20 minutos investigadores de la Policía Nacional.
Un ejemplo que cita la Policía se localiza en la calle Banys Vells, en el barrio Gótico, donde un par de pisos vacíos de un edificio, propiedad de la misma persona y con una decena de arrendatarios|inquilinos, fueron ocupados por un grupo de traficantes de drogas. Una situación que provocó la devaluación de los alquileres y la huida de la práctica totalidad de los vecinos.
El propietario, cansado de la lentitud de los procesos judiciales, optó "por|para pagar entre 3.000 y 6.000 euros a una cuadrilla de requesones". En una acción que "no fue más allá de una semana", consiguió hacer marcharse a los ocupantes de sus pisos.
Les mismas fuentes policiales amplían datos y afirman que esta práctica no es sólo exclusiva de clanes familiares dedicados a vigilar obras.
Mencionan que algunos trabajadores del sector de la seguridad privada, a título particular y para obtener un sobresueldo, "actúan después de su jornada laboral" en acciones de este tipus.
La suya preparación, según la Policía, los permite "atemorizar a los arrendatarios|inquilinos" para que acaben abandonando los inmuebles, una práctica que ya ha sido denunciada en casos de mobbing inmobiliario: ejercer presión ilícita, y en muchos casos violenta, sobre los residentes para instarlos a abandonar la vivenda.
Justícia demasiada lenta

El presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Lluís Miquel Pahissa, rechaza esta práctica y, como entidad, amenaza de denunciar a quién la practique. Sin embargo, como propietarios de viviendas en alquiler, lamenta que la justicia "sea tan lenta, se tardan entre ocho meses y un año" a poder sacar adelante el desahucio de un arrendatario|inquilino. Pahissa compara el impago de un alquiler a "un robo", ya que, "se ocupa una vivienda y no se paga". Por eso, la justicia tendría que ser más rápida y eficaz.

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