Daños causados por guaruras serán pagados por los patrones

Daños causados por guaruras serán pagados por los patrones

El GDF establece una multa de hasta 5 mil días de salario mínimo, por contratar servicio que no cuente con requisitos de Seguridad Privada

26/06/2013 23:45 Gerardo Jiménez


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CIUDAD DE MÉXICO, 27 de junio.- A partir de ahora, todas aquellas personas que contraten empresas patito de seguridad privada en el DF podrían ser multadas hasta con 323 mil 800 pesos, además aquellos guaruras que se ven involucrados en hechos violentos como homicidios deberán ser presentados ante el Ministerio Público por los contratantes para iniciar una averiguación previa ya que anteriormente sólo se reportaban estos hechos ante la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
Estas nuevas disposiciones forman parte del decreto que reforma y adicionas diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el DF publicadas ayer en la Gaceta Oficial.
De acuerdo con el Capítulo X, de la responsabilidad y obligaciones del Prestatario Artículo 37 Bis, en su aparatado II, se determina que en el caso de que su seguridad privada no cuente con los requisitos que exige la ley de Seguridad Privada y la ley de Seguridad Pública ambas del DF, por el sólo hecho de contratarlo se hará acreedor a una multa de 3 mil 500 (226 mil 660 pesos) a 5 mil días de salario mínimo (323 mil 800 pesos).
En el apartado III se plantea que para los casos de lesiones y homicidio por parte del prestador del servicio de seguridad privada, el prestatario deberá denunciar los hechos inmediatamente al Ministerio Público, proporcionando toda la información requerida del presunto responsable, de lo contrario se hará acreedor a las sanciones que el nuevo Código Penal del DF señala.
De a cuerdo con Raúl Rojas Mendoza, director general de Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos de Operación de la SSP-DF, las modificaciones tratan de erradicar a todas aquellas empresas de seguridad privadas que operan ilegalmente y notienen una certificación a través de la Policía capitalina.
Cuestionado si anteriormente no se citaba a declarar ante el Ministerio Público a los guaruras que participaban en presuntos actos violentos de sus protegidos, el funcionario señaló que sólo se recibía un reporte.
“Ahora deberán presentarse ante el Ministerio Público a declarar sobre algún hecho de defensa, antes sólo se rendía un informe, porque no estaban obligados”, explicó Rojas Mendoza en entrevista con Excélsior.
Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la ALDF, detalló que se trata de una reforma que se aprobó por consenso legislativo que también busca poner un freno a los abusos cometidos por guaruras.
“Lo importante es que esas empresas van a tener que cumplir un registro ante la Secretaría de Seguridad Pública, tienen que estar acreditadas, su personal capacitado.
“Por otro lado, en el caso de que  los titulares de permisos de autorización y licencias tengan la obligación por ley de informar inmediatamente en caso de homicidio  al Ministerio Público; lo que pasaba es que ellos no se sentían obligados o únicamente hacían algún reporte al MP, ahora (los guaruras) tienen la obligación de informar en caso de un homicidio”, planteó Taboada.
Abusos para recordar
A finales del 97, los hijos del ex presidente Ernesto Zedillo: Emiliano y Ernesto acudieron al primer concierto de la banda de rock U2 por su gira Pop Mart y dejando de lado indicaciones del equipo de seguridad atravesaron, junto con sus guaruras, una zona no permitida, lo que derivó en una trifulca, donde Jerry Milly, jefe de seguridad de la banda irlandesa, resultó lesionado y con contusiones muy graves.
En ese entonces, Fernando Gutiérrez, presidente del Club de fans U2manía, aseguró que lo ocurrido enojó tanto a la banda, especialmente a Bono, que estaban dispuestos a cancelar el concierto siguiente, pese a que ya se habían reunido con Zedillo y sus hijos, en Los Pinos, por lo que U2 dejó de visitar México por varios años.
El 14 de agosto de 2003, al finalizar la ceremonia por las 100 representaciones de la obra de teatro Regina, uno de los guardaespaldas de Lucero amenazó con un arma de fuego a reporteros.
Los hechos se suscitaron cuando, un grupo de alrededor de 50 camarógrafos, fotógrafos y reporteros intentaron abrirse paso para obtener alguna declaración de la cantante, pese a que ella ya se había retirado.
Fernando Guzmán, escolta de la cantante, atacó a golpes a una reportera, para después sacar un arma, cortar cartucho y amenazar a los presentes.
A cubrir daños
Las reformas que entran en vigor hoy plantean en el apartado de responsabilidad y obligaciones que los responsables de estos servicios deberán cubrir los daños que provoque cualquier elemento de su seguridad, si la autoridad a si lo considera.
En caso de lesiones u homicidios se debe denunciar en un plazo no mayor de tres días hábiles, haciendo saber pormenorizadamente las causas que lo originaron.
En caso de suspensión, deberán informar a la SSP-DF el tiempo estimado en el que consideran restablecer el servicio; no deberá exceder de 60 días naturales.
También se enfatiza que quienes integren los cuerpos de seguridad privada no deben haber sido destituidos de los cuerpos de seguridad pública, ni de las fuerzas armadas, despedidos de otras empresas de seguridad privada o habérsele revocado su licencia, por el siguiente motivo: haber sido sancionado por delito doloso.
Además deben contar con un jefe de operaciones, y hacer del conocimiento de la SSP-DF el nombre de éste para su integración en el Registro de los Servicios de Seguridad Privada. Deben aplicarse anualmente exámenes médicos, sicológicos y toxicológicos a sus elementos operativos y presentar el resultado de los mismos en un plazo de diez días hábiles posteriores a su práctica, así como proporcionar sobre la capacitación y adiestramiento.
Con registro vencido
En la Ciudad de México existen mil 400 empresas de seguridad privada que operan con registro vencido, señaló Santiago Taboada, basándose en estadísticas de la SSP federal.
El diputado local puntualizó que sólo 450 están reglamentadas y cuentan con autorización; sin embargo, Raúl Rojas Mendoza, de la SSP-DF, dijo que hay un promedio de 700 a 750 prestadores de este servicio legalizados.
 Taboada refirió que en el 2000, la SSP federal presentaba un registro de 757 empresas de este tipo y para 2012 se incrementó a más de 3 mil 356, de las cuales 2 mil 266 tienen permisos de los estados y mil 90 con permiso federal.
Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, reconoció que las personas contratan estos servicios deficientes porque consideran que los bajos costos que les ofrecen, así como la instalación inmediata de equipo y personal de seguridad son la solución más fácil al problema de la inseguridad sin tomar en cuenta que una firma profesional de seguridad antes que un presupuesto realiza un diagnóstico.
“Hace un diagnóstico correcto de seguridad para resolver las necesidades del cliente, por lo que representa una inversión traducida en tecnología de punta y personal certificado.
“La gente debería estar consciente que al contratar a personas improvisadas están contratando a quien después puede ser el cómplice, autor o ejecutante de robo, asalto, extorsión, lesión o secuestro en su negocio o entorno”, expuso el empresario.
Una empresa patito del ramo  ofrece equipo básico de comunicación, macanas y armas para su personal, muchas veces sin permisos legalmente autorizados, dice Desfassiaux.

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/06/26/905980

En Méjico no se andan con tontería con esto del intrusismo.

Un saludo.