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Los inspectores que han librado a la Infanta Cristina de un delito fiscal admitieron ayer al juez que dieron por buenas tres facturas «simuladas». El magistrado censuró a los técnicos y a la abogada del Estado por aplicar con ella «un trato diferente».
Los inspectores admitieron que dieron por buenas facturas simuladas
El juez José Castro centró su interrogatorio a los tres inspectores de Hacienda que han exonerado a la Infanta de un delito fiscal en aclarar si han utilizado con la hija del Rey los mismos criterios que aplican con el resto de contribuyentes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma preguntó a los técnicos de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña si es normal que un expediente como el de Cristina de Borbón «tarde tantos meses en resolverse».
'Dentro de los márgenes habituales'
Los funcionarios se defendieron alegando que el tiempo empleado en este asunto se encuentra «dentro de los márgenes habituales» y que no se han empleado más a fondo por tratarse de la hija del Rey.
Pero la batería de preguntas se fue complicando al requerir Castro una explicación convincente de por qué la investigación tributaria de Cristina de Borbón la inició el abogado jefe de Hacienda cuando le corresponde a los propios técnicos de la Delegación de Cataluña.
A este respecto los inspectores arguyeron que la plaza del funcionario al que le correspondía asumir esta investigación «estaba vacante» y que sólo por eso el expediente lo asumió directamente la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria. Pese a esta explicación, el protocolo habitual en Hacienda pasa porque asuman las pesquisas otros compañeros de la delegación o incluso de otras dependencias regionales. Pero, en ningún caso, el máximo responsable jurídico.
En un momento del interrogatorio, en base a este tema, la tensión entre juez y fiscal se hizo muy palpable: «No me interprete» dijo Castro a Pedro Horrach, aclarando que se estaba limitando a preguntar y que, en ningún caso había realizado apreciación alguna.
Tras estos primeros lances, el instructor del caso Urdangarin abordó la cuestión clave que se dirimía a lo largo de la jornada de ayer. «¿Ustedes suelen admitir facturas falsas como deducibles con el resto de contribuyentes?», preguntó abiertamente a los autores de los informes tributarios sobre Cristina de Borbón y su sociedad Aizoon.
«¿Si no se hubiera tratado de la Infanta Cristina hubieran aceptado como gasto estos tres recibos de 69.900 euros que no responden a servicio alguno?», insistió el magistrado. «Cada caso es diferente y la deducibilidad de una factura es relativa», le replicaron.
Castro se aludía así al motivo principal por el cual ha acordado la citación como imputada de la Infanta Cristina por delito fiscal elpróximo 8 de febrero. Tal y como reveló EL MUNDO, la Agencia Tributaria dio por buenas tres facturas ficticias de asesoría por el referido importe que libran a la hija del Rey de la comisión de un delito fiscal en el ejercicio 2007. Se trata de tres recibos emitidos por la sociedad instrumental de Diego Torres, Intuit Strategy Innovation Lab, S.L., que fueron abonados por Aizoon.
'Labores de asesoría'
Urdangarin y Torres, tal y como ya ha quedado acreditado en la investigación, emitían cientos de facturas falsas para repartirse los beneficios del Instituto Nóos que dirigían pero estos documentos no respondían a ningún tipo de servicio profesional. No en vano siempre incluían el concepto genérico de «labores de asesoría».
De haber rechazado estas facturas, la cuota defraudada por la sociedad familiar Aizoon superaría en 700 euros el umbral de los 120.000 euros a partir del que el fraude fiscal está considerado como delito.
Los inspectores de Hacienda admitieron que las tres facturas son irregulares. Eso sí, se negaron a tildarlas de «falsas» y prefirieron usar el término «simuladas». En este sentido explicaron al juez que consideran «parcialmente simulados» estos recibos porque, si bien «no responden a servicio alguno, sí se produjo el pago de los 69.900 euros». De ahí que establezcan esa diferencia entre un tipo de facturas y otras.
No obstante, la discusión no radica en si las facturas son falsas o simuladas sino en si son deducibles. Tal y como subrayó el juez en su interrogatorio el criterio habitual de Hacienda pasa por rechazar de plano este tipo de recibos porque no responden a ningún servicio profesional. En esta misma línea se expresó el sindicato Manos Limpias a través de su letrada Virginia López Negrete.
'Ninguna instrucción ni presión'
«No hemos recibido ninguna instrucción ni ninguna presión para actuar de esta manera», se esforzaron en dejar claro los inspectores.
Estos técnicos añadieron que, a su juicio, la Infanta Cristina debe ser exculpada por completo del fraude fiscal de su sociedad porquequien la gestionaba no era ella sino su marido. Pese a que ya ha sido acreditada la participación directa de la hija del Rey en numerosas operaciones fraudulentas de Aizoon, firmando de su puño y letra documentos clave como el autoalquiler ficticio del palacete de Pedralbes o la compraventa simulada de acciones de la promotora Mixta África, los funcionarios añadieron que hay que trasladar el fraude fiscal de Aizoon al Impuesto sobre la Renta del duque de Palma.
Es decir, aplicar lo que técnicamente se denomina el levantamiento del velo societario y trasvasar la cuota defraudada a Iñaki Urdangarin como persona física.
Este criterio ya fue rebatido por el juez Castro en el auto de imputación de la Infanta Cristina. De ahí que solicitara a Hacienda que calculase el fraude cometido por Aizoon en el Impuesto de Sociedades.
En uno de los recesos de las declaraciones de ayer, el juez Castro se dirigió a la abogada del Estado María Dolores Ripoll, que fue ayer una de las más firmes defensoras de los intereses de la Infanta.
En presencia de varios testigos, el magistrado le confesó estar «cansado» de ver cómo la Agencia Tributaria «trata de manera diferente» a la hija del Rey en este asunto. De ahí su persistencia en su batería de preguntas por dejar claro que Hacienda y la propia Abogacía del Estado está variando sus criterios habituales para favorecer a Cristina de Borbón.
Su declaración no se grabará en vídeo
A diferencia de los últimos interrogatorios de 'Nóos', el de la Infanta del próximo 8 de febrero no se grabará en vídeo. Sólo se registrará el audio. Así lo pidieron ayer los abogados de la hija del Rey al juez Castro, que lo aceptó. Los interrogatorios del caso comenzaron a grabarse tras la primera citación de Urdangarin -febrero de 2012- que se extendió durante dos días. Entonces se transcribían 'in situ' y se corregían al final, lo que alargaba las declaraciones hasta tal punto que Urdangarin abandonó el juzgado el segundo día a las 4 de la mañana. Tras ello se cambió el sistema y ahora se graban, se envía la transcripción a las partes y los vídeos se custodian en el juzgado y sólo pueden ser visualizados por las partes bajo unas estrictas condiciones. Al no haber imágenes, la defensa de la Infanta evita que se grabe a la hija del Rey declarando en el juzgado, bajo un retrato de su padre. Ayer, declaró además un perito propuesto por Manos Limpias, varios empresarios que pagaron a Urdangarin servicios de asesoría y la jefa de Delincuencia Económica de la Policía de Palma, que afirmó que no tienen pruebas de blanqueo contra la Infanta. Por otra parte, en los próximos días el juez decano de Palma recibirá el informe policial de seguridad con el que decidirá si autoriza a Cristina de Borbón bajar la rampa de entrada al juzgado en coche. A su esposo se le permitió, pero decidió hacerlo a pie.
Los inspectores admitieron que dieron por buenas facturas simuladas
El juez José Castro centró su interrogatorio a los tres inspectores de Hacienda que han exonerado a la Infanta de un delito fiscal en aclarar si han utilizado con la hija del Rey los mismos criterios que aplican con el resto de contribuyentes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma preguntó a los técnicos de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña si es normal que un expediente como el de Cristina de Borbón «tarde tantos meses en resolverse».
'Dentro de los márgenes habituales'
Los funcionarios se defendieron alegando que el tiempo empleado en este asunto se encuentra «dentro de los márgenes habituales» y que no se han empleado más a fondo por tratarse de la hija del Rey.
Pero la batería de preguntas se fue complicando al requerir Castro una explicación convincente de por qué la investigación tributaria de Cristina de Borbón la inició el abogado jefe de Hacienda cuando le corresponde a los propios técnicos de la Delegación de Cataluña.
A este respecto los inspectores arguyeron que la plaza del funcionario al que le correspondía asumir esta investigación «estaba vacante» y que sólo por eso el expediente lo asumió directamente la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Agencia Tributaria. Pese a esta explicación, el protocolo habitual en Hacienda pasa porque asuman las pesquisas otros compañeros de la delegación o incluso de otras dependencias regionales. Pero, en ningún caso, el máximo responsable jurídico.
En un momento del interrogatorio, en base a este tema, la tensión entre juez y fiscal se hizo muy palpable: «No me interprete» dijo Castro a Pedro Horrach, aclarando que se estaba limitando a preguntar y que, en ningún caso había realizado apreciación alguna.
Tras estos primeros lances, el instructor del caso Urdangarin abordó la cuestión clave que se dirimía a lo largo de la jornada de ayer. «¿Ustedes suelen admitir facturas falsas como deducibles con el resto de contribuyentes?», preguntó abiertamente a los autores de los informes tributarios sobre Cristina de Borbón y su sociedad Aizoon.
«¿Si no se hubiera tratado de la Infanta Cristina hubieran aceptado como gasto estos tres recibos de 69.900 euros que no responden a servicio alguno?», insistió el magistrado. «Cada caso es diferente y la deducibilidad de una factura es relativa», le replicaron.
Castro se aludía así al motivo principal por el cual ha acordado la citación como imputada de la Infanta Cristina por delito fiscal elpróximo 8 de febrero. Tal y como reveló EL MUNDO, la Agencia Tributaria dio por buenas tres facturas ficticias de asesoría por el referido importe que libran a la hija del Rey de la comisión de un delito fiscal en el ejercicio 2007. Se trata de tres recibos emitidos por la sociedad instrumental de Diego Torres, Intuit Strategy Innovation Lab, S.L., que fueron abonados por Aizoon.
'Labores de asesoría'
Urdangarin y Torres, tal y como ya ha quedado acreditado en la investigación, emitían cientos de facturas falsas para repartirse los beneficios del Instituto Nóos que dirigían pero estos documentos no respondían a ningún tipo de servicio profesional. No en vano siempre incluían el concepto genérico de «labores de asesoría».
De haber rechazado estas facturas, la cuota defraudada por la sociedad familiar Aizoon superaría en 700 euros el umbral de los 120.000 euros a partir del que el fraude fiscal está considerado como delito.
Los inspectores de Hacienda admitieron que las tres facturas son irregulares. Eso sí, se negaron a tildarlas de «falsas» y prefirieron usar el término «simuladas». En este sentido explicaron al juez que consideran «parcialmente simulados» estos recibos porque, si bien «no responden a servicio alguno, sí se produjo el pago de los 69.900 euros». De ahí que establezcan esa diferencia entre un tipo de facturas y otras.
No obstante, la discusión no radica en si las facturas son falsas o simuladas sino en si son deducibles. Tal y como subrayó el juez en su interrogatorio el criterio habitual de Hacienda pasa por rechazar de plano este tipo de recibos porque no responden a ningún servicio profesional. En esta misma línea se expresó el sindicato Manos Limpias a través de su letrada Virginia López Negrete.
'Ninguna instrucción ni presión'
«No hemos recibido ninguna instrucción ni ninguna presión para actuar de esta manera», se esforzaron en dejar claro los inspectores.
Estos técnicos añadieron que, a su juicio, la Infanta Cristina debe ser exculpada por completo del fraude fiscal de su sociedad porquequien la gestionaba no era ella sino su marido. Pese a que ya ha sido acreditada la participación directa de la hija del Rey en numerosas operaciones fraudulentas de Aizoon, firmando de su puño y letra documentos clave como el autoalquiler ficticio del palacete de Pedralbes o la compraventa simulada de acciones de la promotora Mixta África, los funcionarios añadieron que hay que trasladar el fraude fiscal de Aizoon al Impuesto sobre la Renta del duque de Palma.
Es decir, aplicar lo que técnicamente se denomina el levantamiento del velo societario y trasvasar la cuota defraudada a Iñaki Urdangarin como persona física.
Este criterio ya fue rebatido por el juez Castro en el auto de imputación de la Infanta Cristina. De ahí que solicitara a Hacienda que calculase el fraude cometido por Aizoon en el Impuesto de Sociedades.
En uno de los recesos de las declaraciones de ayer, el juez Castro se dirigió a la abogada del Estado María Dolores Ripoll, que fue ayer una de las más firmes defensoras de los intereses de la Infanta.
En presencia de varios testigos, el magistrado le confesó estar «cansado» de ver cómo la Agencia Tributaria «trata de manera diferente» a la hija del Rey en este asunto. De ahí su persistencia en su batería de preguntas por dejar claro que Hacienda y la propia Abogacía del Estado está variando sus criterios habituales para favorecer a Cristina de Borbón.
Su declaración no se grabará en vídeo
A diferencia de los últimos interrogatorios de 'Nóos', el de la Infanta del próximo 8 de febrero no se grabará en vídeo. Sólo se registrará el audio. Así lo pidieron ayer los abogados de la hija del Rey al juez Castro, que lo aceptó. Los interrogatorios del caso comenzaron a grabarse tras la primera citación de Urdangarin -febrero de 2012- que se extendió durante dos días. Entonces se transcribían 'in situ' y se corregían al final, lo que alargaba las declaraciones hasta tal punto que Urdangarin abandonó el juzgado el segundo día a las 4 de la mañana. Tras ello se cambió el sistema y ahora se graban, se envía la transcripción a las partes y los vídeos se custodian en el juzgado y sólo pueden ser visualizados por las partes bajo unas estrictas condiciones. Al no haber imágenes, la defensa de la Infanta evita que se grabe a la hija del Rey declarando en el juzgado, bajo un retrato de su padre. Ayer, declaró además un perito propuesto por Manos Limpias, varios empresarios que pagaron a Urdangarin servicios de asesoría y la jefa de Delincuencia Económica de la Policía de Palma, que afirmó que no tienen pruebas de blanqueo contra la Infanta. Por otra parte, en los próximos días el juez decano de Palma recibirá el informe policial de seguridad con el que decidirá si autoriza a Cristina de Borbón bajar la rampa de entrada al juzgado en coche. A su esposo se le permitió, pero decidió hacerlo a pie.
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