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Inseguridad en Soriano. La Asociación Rural, comerciantes y vecinos pidieron más refuerzos para la Policía Ante la ola delictiva un grupo ofrece servicios de seguridad "privada" a los estancieros | Dicen sentirse "desprotegidos" y estar amenazados
H. RAMÍREZ Y R. ROSSELLO
Las noticias de Soriano dejaron preocupada a la ministra del Interior. Prometió reforzar con más policías. Pero a la ola delictiva se agrega un factor inesperado: un grupo de personas armadas ofrece un servicio "antiabigeato".
Enrique Pontes fue uno de los productores rurales que participó en la reunión con la ministra el miércoles pasado. Su caso cobró notoriedad en estos días, al conocerse el viernes 27 de junio que le habían robado y faenado 10 vacunos Holando.
Los dirigentes rurales de Soriano aseguran que el delito de abigeato aumentó. A ello se suman los delitos cada vez más frecuentes en Mercedes. Y casos como el del asalto al Abitab de Dolores que supuso un severo traspié para la Justicia local y una jueza bajo investigación de la Suprema Corte.
"Yo tengo la plena seguridad de quiénes fueron, pero no hay pruebas. Por eso pienso que esto va a quedar en la nada", comenta Pontes con desazón.
La falta de personal policial, el disminuido respaldo de la población a la Policía, confianza que todavía es menor respecto de la Justicia local y bolsones de población marginal cada vez más extendidos fueron algunos de los temas planteados por vecinos, productores y comerciantes a la ministra Daisy Tourné.
El encuentro dejó satisfechos a la mayoría de los asistentes. Así por lo menos lo indicó el diputado nacionalista Gonzalo Novales. "La ministra tomó nota minuciosamente de cada planteo y yo estoy convencido de que va a hacer algo para mejorar las cosas", señaló Novales. Una fórmula para reforzar los cuadros policiales locales es la de restituir 60 vacantes que habían sido absorbidas por jefaturas del área metropolitana. El diputado propone incluir, además, un aditivo de otros 20 cupos en la Rendición de Cuentas con lo que se llegaría a cubrir el déficit de 80 policías que tiene Soriano.
Si bien el robo de ganado cobró notoriedad en estos días, otros casos anteriores y aún investigados por la Policía son igualmente preocupantes. Tal el caso del copamiento en una estancia a dos kilómetros de Dolores, donde cuatro delincuentes encapuchados se apoderaron de US$ 40.000 del hacendado, un cordobés que había llegado hacía dos días desde el vecino país, y huyeron en un auto de matrícula argentina. Al momento no se ha dado con estos asaltantes.
La inseguridad reinante en el departamento ha dado lugar a la aparición de otros fenómenos. Un grupo de centinelas particulares ofrece sus servicios para combatir el abigeato. Dicen que trabajan con policías, que están registrados como empresa privada, aunque no en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior (ver entrevista). Productores y comerciantes miran con desconfianza a estos "prestadores de seguridad".
DESPUÉS DEL ROBO. "A la noche siguiente del abigeato tuvimos un problema. Salimos a la 1 de la madrugada a recorrer el campo y en el mismo lugar que me faenaron los 10 vacunos había una persona y la corrimos a tiros. Llamamos a la Policía y se recorrió el campo y no se encontró a nadie", relató el productor Pontes.
A Pontes, al igual que a otros productores -incluso a la propia Asociación Rural de Soriano- le ofrecieron un peculiar servicio privado de seguridad. "Hay una empresa que dice que es de represión del abigeato, pero hay que ver bien si es gente que está registrada en el Ministerio con los correspondientes permisos para portar armas", señaló Pontes.
El presidente de la Asociación Rural de Soriano, Jorge Bidegain, también mostró su honda desconfianza. "Así vamos a terminar con una policía paralela, siendo que pagamos los impuestos", apuntó. El dirigente rural dijo que luego de discutirlo en la gremial se resolvió informar de esto al Ministerio del Interior. "Se decidió comentarlo porque con esta situación que se está viviendo acá se da para que gente sin escrúpulos venga a hacer su negocio", argumentó.
También ayer la propia ministra Tourné llamó la atención sobre este fenómeno. "No es conveniente para nada y además es ilegal, porque para ejercer el servicio de seguridad privada deben atenerse a la reglamentación y leyes vigentes", advirtió Tourné.
DENUNCIAS. En este clima, ayer el abogado defensor de Mauro Gadea, el único acusado por el triple crimen de la familia Gutiérrez Aguirre, formuló graves denuncias. Lo acompañaban familiares de las víctimas. El abogado Diego Durand planteó en rueda de prensa las preguntas que a su juicio deben responder las autoridades. "¿Por qué no se constituyó la jueza en el lugar del crimen? ¿Por qué la fiscal no pidió pruebas en la etapa de pruebas del proceso? ¿Por qué no se realizan preguntas tanto por la jueza y la fiscal a las circunstancias dudosas de este expediente, en este caso del triple crimen?", disparó Durand.
Su defendido presentó un nuevo testimonio hace pocos días en el Juzgado de Mercedes, luego de una reconstrucción. Allí acusó a dos policías de la Dirección de Investigaciones de Soriano de actuar como "sicarios". La Fiscalía Nacional de Policía abrió una investigación interna, que aún está en curso.
"Yo entiendo que las autoridades deberían hacerse una autocrítica", dijo Durand. Luego de plantear estas denuncias aseguró estar dispuesto a llevar el caso hasta la Suprema Corte. En Soriano aguardan por estas y otras respuestas.
Renaemse inspeccionó en Soriano
La oficina del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse) realiza inspecciones periódicas a todas las empresas del país. El miércoles el propio director de Renaemse, Hugo de León, y su equipo se trasladaron a Soriano para inspeccionar varias firmas. Fuentes del organismo informaron a El País que la inspección, sorpresiva como se acostumbra a realizar, se hizo principalmente sobre aquellas empresas que prestan servicios a instituciones financieras y locales de la red Abitab.
Según indicaron las fuentes de Renaemse, no hay registros de ninguna empresa que preste, específicamente, servicios a establecimientos agropecuarios. Desde el punto de vista reglamentario, una empresa de seguridad debidamente habilitada puede realizar esta tarea "siempre y cuando sea dentro de un espacio físico delimitado, sin importar que hablemos de un espacio al aire libre".
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H. RAMÍREZ Y R. ROSSELLO
Las noticias de Soriano dejaron preocupada a la ministra del Interior. Prometió reforzar con más policías. Pero a la ola delictiva se agrega un factor inesperado: un grupo de personas armadas ofrece un servicio "antiabigeato".
Enrique Pontes fue uno de los productores rurales que participó en la reunión con la ministra el miércoles pasado. Su caso cobró notoriedad en estos días, al conocerse el viernes 27 de junio que le habían robado y faenado 10 vacunos Holando.
Los dirigentes rurales de Soriano aseguran que el delito de abigeato aumentó. A ello se suman los delitos cada vez más frecuentes en Mercedes. Y casos como el del asalto al Abitab de Dolores que supuso un severo traspié para la Justicia local y una jueza bajo investigación de la Suprema Corte.
"Yo tengo la plena seguridad de quiénes fueron, pero no hay pruebas. Por eso pienso que esto va a quedar en la nada", comenta Pontes con desazón.
La falta de personal policial, el disminuido respaldo de la población a la Policía, confianza que todavía es menor respecto de la Justicia local y bolsones de población marginal cada vez más extendidos fueron algunos de los temas planteados por vecinos, productores y comerciantes a la ministra Daisy Tourné.
El encuentro dejó satisfechos a la mayoría de los asistentes. Así por lo menos lo indicó el diputado nacionalista Gonzalo Novales. "La ministra tomó nota minuciosamente de cada planteo y yo estoy convencido de que va a hacer algo para mejorar las cosas", señaló Novales. Una fórmula para reforzar los cuadros policiales locales es la de restituir 60 vacantes que habían sido absorbidas por jefaturas del área metropolitana. El diputado propone incluir, además, un aditivo de otros 20 cupos en la Rendición de Cuentas con lo que se llegaría a cubrir el déficit de 80 policías que tiene Soriano.
Si bien el robo de ganado cobró notoriedad en estos días, otros casos anteriores y aún investigados por la Policía son igualmente preocupantes. Tal el caso del copamiento en una estancia a dos kilómetros de Dolores, donde cuatro delincuentes encapuchados se apoderaron de US$ 40.000 del hacendado, un cordobés que había llegado hacía dos días desde el vecino país, y huyeron en un auto de matrícula argentina. Al momento no se ha dado con estos asaltantes.
La inseguridad reinante en el departamento ha dado lugar a la aparición de otros fenómenos. Un grupo de centinelas particulares ofrece sus servicios para combatir el abigeato. Dicen que trabajan con policías, que están registrados como empresa privada, aunque no en el Registro Nacional de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior (ver entrevista). Productores y comerciantes miran con desconfianza a estos "prestadores de seguridad".
DESPUÉS DEL ROBO. "A la noche siguiente del abigeato tuvimos un problema. Salimos a la 1 de la madrugada a recorrer el campo y en el mismo lugar que me faenaron los 10 vacunos había una persona y la corrimos a tiros. Llamamos a la Policía y se recorrió el campo y no se encontró a nadie", relató el productor Pontes.
A Pontes, al igual que a otros productores -incluso a la propia Asociación Rural de Soriano- le ofrecieron un peculiar servicio privado de seguridad. "Hay una empresa que dice que es de represión del abigeato, pero hay que ver bien si es gente que está registrada en el Ministerio con los correspondientes permisos para portar armas", señaló Pontes.
El presidente de la Asociación Rural de Soriano, Jorge Bidegain, también mostró su honda desconfianza. "Así vamos a terminar con una policía paralela, siendo que pagamos los impuestos", apuntó. El dirigente rural dijo que luego de discutirlo en la gremial se resolvió informar de esto al Ministerio del Interior. "Se decidió comentarlo porque con esta situación que se está viviendo acá se da para que gente sin escrúpulos venga a hacer su negocio", argumentó.
También ayer la propia ministra Tourné llamó la atención sobre este fenómeno. "No es conveniente para nada y además es ilegal, porque para ejercer el servicio de seguridad privada deben atenerse a la reglamentación y leyes vigentes", advirtió Tourné.
DENUNCIAS. En este clima, ayer el abogado defensor de Mauro Gadea, el único acusado por el triple crimen de la familia Gutiérrez Aguirre, formuló graves denuncias. Lo acompañaban familiares de las víctimas. El abogado Diego Durand planteó en rueda de prensa las preguntas que a su juicio deben responder las autoridades. "¿Por qué no se constituyó la jueza en el lugar del crimen? ¿Por qué la fiscal no pidió pruebas en la etapa de pruebas del proceso? ¿Por qué no se realizan preguntas tanto por la jueza y la fiscal a las circunstancias dudosas de este expediente, en este caso del triple crimen?", disparó Durand.
Su defendido presentó un nuevo testimonio hace pocos días en el Juzgado de Mercedes, luego de una reconstrucción. Allí acusó a dos policías de la Dirección de Investigaciones de Soriano de actuar como "sicarios". La Fiscalía Nacional de Policía abrió una investigación interna, que aún está en curso.
"Yo entiendo que las autoridades deberían hacerse una autocrítica", dijo Durand. Luego de plantear estas denuncias aseguró estar dispuesto a llevar el caso hasta la Suprema Corte. En Soriano aguardan por estas y otras respuestas.
Renaemse inspeccionó en Soriano
La oficina del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse) realiza inspecciones periódicas a todas las empresas del país. El miércoles el propio director de Renaemse, Hugo de León, y su equipo se trasladaron a Soriano para inspeccionar varias firmas. Fuentes del organismo informaron a El País que la inspección, sorpresiva como se acostumbra a realizar, se hizo principalmente sobre aquellas empresas que prestan servicios a instituciones financieras y locales de la red Abitab.
Según indicaron las fuentes de Renaemse, no hay registros de ninguna empresa que preste, específicamente, servicios a establecimientos agropecuarios. Desde el punto de vista reglamentario, una empresa de seguridad debidamente habilitada puede realizar esta tarea "siempre y cuando sea dentro de un espacio físico delimitado, sin importar que hablemos de un espacio al aire libre".
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