Una jugarreta de la Administración

Una jugarreta de la Administración

Unas veinte personas que hicieron el cursillo de vigilantes no pueden trabajar por un cambio retroactivo en los requisitos XAVIER PERIS. PALMA. "Todo lo que queremos es trabajar, y cumplimos las condiciones que requerían en la convocatoria, pero ahora nos han cerrado todas las puertas".


Juan S.R., de 42 años, y Raúl L.S., de 53, se encuentran en un callejón sin salida a causa de lo que consideran una grave arbitrariedad de la Administración. Los dos han realizado durante los últimos meses un curso de vigilante de seguridad y escolta privado que les ha costado unos 2.500 euros. Se trataba de dinero bien invertido, ya que tenían un empleo asegurado en una empresa privada de seguridad. Los dos superaron las pruebas, pero a principios de mes se encontraron con que el ministerio del Interior no aceptaba el documento de equivalente del graduado escolar de la conselleria d´Educació, al imponer con carácter retroactivo una modificación en los requisitos.

Como consecuencia, uno de ellos ha tenido que aceptar un trabajo como auxiliar de seguridad, de rango inferior. El otro sigue sin empleo. Unas veinte personas de Mallorca se encuentran en esta situación. Una parte de ellas todavía sigue haciendo el cursillo, aunque "totalmente desmotivados, ya que ven que no les va a servir de nada". Mientras tanto, tanto Raúl como Joan preparan sus recursos, y prefieren mantener el anonimato porque confían en que sea estimado y ganarse la vida como escoltas.

Todo este embrollo comenzó el pasado mes de enero. Raúl L.S y Joan S.R. iniciaron un cursillo de formación en una academia privada de Palma para convertirse en vigilantes de seguridad y escoltas privados. Entre los requisitos que el ministerio pedía en aquel momento estaba el graduado escolar o un equivalente. Y aquí está la clave. Los dos cuentan con ese equivalente, un documento expedido por la conselleria d'Educació tras realizar una prueba en un centro para adultos, que tiene sólo validez a efectos laborales, no para seguir estudiando.

Todo bien hasta ahí. Durante varios meses siguen los cursos, pagan las tasas y los certíficados médicos. En total, unos gastos de unos 2.500 euros. En abril realizan las pruebas físicas en el polideportivo Principes de España y las teóricas en el campus de la universidad. Los dos las superan y aparecen en el listado del ministerio del Interior como aptos. Ya tenían apalabrado un trabajo en una empresa de seguridad privada.

La sorpresa surge con el listado definitivo. El ministerio les considera excluidos por no reunir los requisitos académicos. No se lo podían creer. Fue entonces cuando descubren que estos requisitos habían sido modificados el 21 de abril, cuando ellos ya habían superado las pruebas. Estas modificaciones fueron publicadas en el BOE el 3 de junio, con carácter retroactivo a enero.

El cambio es muy sutil. Ahora exigen contar con el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), pero a los mayores de 35 años, que sólo cuentan con el antiguo título de graduado escolar, los aceptan. Lo que rechazan es el reconocimiento de equivalente de graduado escolar emitido por la conselleria.

Tanto los afectados, como los profesionales de la academia a la que acudieron quedaron perplejos, y la consecuencia directa es que no pueden trabajar como vigilantes o escoltas. Joan ha tenido que aceptar un empleo como auxiliar de seguridad, mientras que Raúl sigue en el paro.

"En esta situación estamos en Mallorca unos cinco de nuestra convocatoria, pero ha afectado también a las convocatorias anterior y posterior, que ahora mismo continúan haciendo el curso, aunque muy desmotivados", explica Raúl. El total de afectados por esta medida en la isla son unas veinte personas, mientras que en el conjunto de España son varios centenares. "Hay gente que ha recurrido ya y ha ganado el recurso", explican, "porque no puede ser que acepten el graduado escolar pero no el equivalente de la conselleria". Tanto Raúl como Joan preparan sus recursos, pero mientras tanto, no pueden trabajar para lo que se han preparado.

Unas veinte personas que hicieron el cursillo de vigilantes no pueden trabajar por un cambio retroactivo en los requisitos


XAVIER PERIS. PALMA. "Todo lo que queremos es trabajar, y cumplimos las condiciones que requerían en la convocatoria, pero ahora nos han cerrado todas las puertas". Juan S.R., de 42 años, y Raúl L.S., de 53, se encuentran en un callejón sin salida a causa de lo que consideran una grave arbitrariedad de la Administración.

Los dos han realizado durante los últimos meses un curso de vigilante de seguridad y escolta privado que les ha costado unos 2.500 euros. Se trataba de dinero bien invertido, ya que tenían un empleo asegurado en una empresa privada de seguridad.

Los dos superaron las pruebas, pero a principios de mes se encontraron con que el ministerio del Interior no aceptaba el documento de equivalente del graduado escolar de la conselleria d´Educació, al imponer con carácter retroactivo una modificación en los requisitos. Como consecuencia, uno de ellos ha tenido que aceptar un trabajo como auxiliar de seguridad, de rango inferior. El otro sigue sin empleo. Unas veinte personas de Mallorca se encuentran en esta situación.

Una parte de ellas todavía sigue haciendo el cursillo, aunque "totalmente desmotivados, ya que ven que no les va a servir de nada". Mientras tanto, tanto Raúl como Joan preparan sus recursos, y prefieren mantener el anonimato porque confían en que sea estimado y ganarse la vida como escoltas.

Todo este embrollo comenzó el pasado mes de enero. Raúl L.S y Joan S.R. iniciaron un cursillo de formación en una academia privada de Palma para convertirse en vigilantes de seguridad y escoltas privados. Entre los requisitos que el ministerio pedía en aquel momento estaba el graduado escolar o un equivalente. Y aquí está la clave. Los dos cuentan con ese equivalente, un documento expedido por la conselleria d'Educació tras realizar una prueba en un centro para adultos, que tiene sólo validez a efectos laborales, no para seguir estudiando.

Todo bien hasta ahí. Durante varios meses siguen los cursos, pagan las tasas y los certíficados médicos. En total, unos gastos de unos 2.500 euros. En abril realizan las pruebas físicas en el polideportivo Principes de España y las teóricas en el campus de la universidad. Los dos las superan y aparecen en el listado del ministerio del Interior como aptos. Ya tenían apalabrado un trabajo en una empresa de seguridad privada.

La sorpresa surge con el listado definitivo. El ministerio les considera excluidos por no reunir los requisitos académicos. No se lo podían creer. Fue entonces cuando descubren que estos requisitos habían sido modificados el 21 de abril, cuando ellos ya habían superado las pruebas. Estas modificaciones fueron publicadas en el BOE el 3 de junio, con carácter retroactivo a enero.

El cambio es muy sutil. Ahora exigen contar con el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), pero a los mayores de 35 años, que sólo cuentan con el antiguo título de graduado escolar, los aceptan.
Lo que rechazan es el reconocimiento de equivalente de graduado escolar emitido por la conselleria.
Tanto los afectados, como los profesionales de la academia a la que acudieron quedaron perplejos, y la consecuencia directa es que no pueden trabajar como vigilantes o escoltas. Joan ha tenido que aceptar un empleo como auxiliar de seguridad, mientras que Raúl sigue en el paro.

"En esta situación estamos en Mallorca unos cinco de nuestra convocatoria, pero ha afectado también a las convocatorias anterior y posterior, que ahora mismo continúan haciendo el curso, aunque muy desmotivados", explica Raúl.
El total de afectados por esta medida en la isla son unas veinte personas, mientras que en el conjunto de España son varios centenares. "Hay gente que ha recurrido ya y ha ganado el recurso", explican, "porque no puede ser que acepten el graduado escolar pero no el equivalente de la conselleria". Tanto Raúl como Joan preparan sus recursos, pero mientras tanto, no pueden trabajar para lo que se han preparado.