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Sudán acudirá al Consejo de Seguridad para intentar parar el proceso contra Al Bashir
En las primeras declaraciones del presidente de Sudán tras la petición realizada por la la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se emita una orden de detención en su contra por crímenes de lesa humanidad y genocidio, Omar Al Bashir ha calificado de mentiras las acusaciones del fiscal y ha reiterado que el tribunal no tiene poder para enjuiciarlo. Paralelamente, intenta presionar al Consejo de Seguridad de la ONU para obstaculizar el proceso.
"Desde el principio dijimos que no somos miembros del tribunal [esto es, miembros signatarios de su estatuto legal]. "El tribunal no tiene jurisdicción sobre Sudán", dijo, en unas declaraciones retransmitidas por la televisión estatal.
"Quien haya visitado Darfur, se haya reunido con funcionarios y haya descubierto sus tribus y sus etnias... sabrá que todas esas cosas, incluida la limpieza étnica, son mentiras", añadió.
Presiones al Consejo de Seguridad
Mientras, el representante de Sudán ante la ONU, Abdalmahmud Abdalhaleem Mohamad, dijo en conferencia de prensa que su país ha "pedido a miembros del Consejo de Seguridad que intervengan en este caso". Entre ellos se encuentra, como miembro permanente, China —que ha sido criticada por violar el embargo de armas impuesto por la ONU—.
El diplomático sudanés aseguró que el máximo órgano de la ONU tiene la autoridad para bloquear el proceso porque fue el que autorizó en 2005 al fiscal jefe del CPI, Luis Moreno-Ocampo, investigar la violación de derechos humanos en el conflicto de la región sudanesa de Darfur.
Abdalhaleem advirtió, asismismo, de que una posible orden de arresto proveniente de La Haya (sede de la CPI) "llevaría a consecuencias desastrosas para la paz y la seguridad en Darfur y en toda la región".
Mohamad fue más allá al afirmar que la orden de detención por crímenes contra la humanidad está motivada ilegal y políticamente.
Temor a las represalias
En círculos diplomáticos de la ONU se teme que esto lleve a actos de venganza por parte de las fuerzas de combate sudaneses contra los alrededor de 10.000 soldados de paz de Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur. La ONU ya ha anunciado que evacuará a todo el personal civil y policial, una medida que no afecta a los cascos azules en el terreno.
Mohamad destacó que no quería pronunciar amenazas pero que la comunidad mundial debía pensar seriamente si iba a seguir la línea del fiscal o quiere poner fin al derramamiento de sangre en Darfur.
Se estima que unidades regulares del Ejército, acompañadas por milicias de jinetes árabes (Janjaweed), equipadas y apoyadas por el gobierno central en Jartúm, mataron en el oeste del país al menos a unos 70.000 sudaneses de la mayoría negra del país. Las organizaciones de ayuda estimaron ya hace dos años el número de víctimas en 300.000. Moreno-Ocampo cree que Al Bashir es responsable de esta matanza.
En las primeras declaraciones del presidente de Sudán tras la petición realizada por la la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se emita una orden de detención en su contra por crímenes de lesa humanidad y genocidio, Omar Al Bashir ha calificado de mentiras las acusaciones del fiscal y ha reiterado que el tribunal no tiene poder para enjuiciarlo. Paralelamente, intenta presionar al Consejo de Seguridad de la ONU para obstaculizar el proceso.
"Desde el principio dijimos que no somos miembros del tribunal [esto es, miembros signatarios de su estatuto legal]. "El tribunal no tiene jurisdicción sobre Sudán", dijo, en unas declaraciones retransmitidas por la televisión estatal.
"Quien haya visitado Darfur, se haya reunido con funcionarios y haya descubierto sus tribus y sus etnias... sabrá que todas esas cosas, incluida la limpieza étnica, son mentiras", añadió.
Presiones al Consejo de Seguridad
Mientras, el representante de Sudán ante la ONU, Abdalmahmud Abdalhaleem Mohamad, dijo en conferencia de prensa que su país ha "pedido a miembros del Consejo de Seguridad que intervengan en este caso". Entre ellos se encuentra, como miembro permanente, China —que ha sido criticada por violar el embargo de armas impuesto por la ONU—.
El diplomático sudanés aseguró que el máximo órgano de la ONU tiene la autoridad para bloquear el proceso porque fue el que autorizó en 2005 al fiscal jefe del CPI, Luis Moreno-Ocampo, investigar la violación de derechos humanos en el conflicto de la región sudanesa de Darfur.
Abdalhaleem advirtió, asismismo, de que una posible orden de arresto proveniente de La Haya (sede de la CPI) "llevaría a consecuencias desastrosas para la paz y la seguridad en Darfur y en toda la región".
Mohamad fue más allá al afirmar que la orden de detención por crímenes contra la humanidad está motivada ilegal y políticamente.
Temor a las represalias
En círculos diplomáticos de la ONU se teme que esto lleve a actos de venganza por parte de las fuerzas de combate sudaneses contra los alrededor de 10.000 soldados de paz de Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur. La ONU ya ha anunciado que evacuará a todo el personal civil y policial, una medida que no afecta a los cascos azules en el terreno.
Mohamad destacó que no quería pronunciar amenazas pero que la comunidad mundial debía pensar seriamente si iba a seguir la línea del fiscal o quiere poner fin al derramamiento de sangre en Darfur.
Se estima que unidades regulares del Ejército, acompañadas por milicias de jinetes árabes (Janjaweed), equipadas y apoyadas por el gobierno central en Jartúm, mataron en el oeste del país al menos a unos 70.000 sudaneses de la mayoría negra del país. Las organizaciones de ayuda estimaron ya hace dos años el número de víctimas en 300.000. Moreno-Ocampo cree que Al Bashir es responsable de esta matanza.
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