Según ha sabido la Cadena SER la flota atunera y el Gobierno barajan la posibilidad de contratar seguridad privada para evitar ataques de piratas en aguas del Oceáno Índico, como ocurrió con el Playa del Bakio
Las gestiones para desplegar un dispositivo militar multinacional en aguas de Somalia están resultando complicadas y los armadores reclaman medidas inmediatas
Pese a que España ha trabajado intensamente en ámbitos diplomáticos para conseguir poner en marcha una flota militar multinacional, lo cierto es que en septiembre la única flota que estará desplegada en el Océano Índico para luchar contra la piratería será la francesa.
No ha sido posible, de momento, lograr un compromiso real por parte de otros países que permita organizar una flota conjunta para operar en aguas del Índico.
Por ello, a instancias del sector, el Gobierno baraja otra posibilidad a corto plazo. La solución sería contratar seguridad privada para este fin. Empresas especialistas en luchar contra la piratería y que prestan no solo protección (con armas ligeras) sino que aportan información y gestión en casos de abordajes ya consumados e incluso tramitan los seguros.
El Gobierno reconoce haber recibido esta propuesta del sector que solicita además que el Estado ayude a costear al menos parcialmente estos servicios. Este modelo, el de seguridad privada frente a la piratería, ya es utilizado por otros países, principalmente asiáticos.
Las gestiones para desplegar un dispositivo militar multinacional en aguas de Somalia están resultando complicadas y los armadores reclaman medidas inmediatas
Pese a que España ha trabajado intensamente en ámbitos diplomáticos para conseguir poner en marcha una flota militar multinacional, lo cierto es que en septiembre la única flota que estará desplegada en el Océano Índico para luchar contra la piratería será la francesa.
No ha sido posible, de momento, lograr un compromiso real por parte de otros países que permita organizar una flota conjunta para operar en aguas del Índico.
Por ello, a instancias del sector, el Gobierno baraja otra posibilidad a corto plazo. La solución sería contratar seguridad privada para este fin. Empresas especialistas en luchar contra la piratería y que prestan no solo protección (con armas ligeras) sino que aportan información y gestión en casos de abordajes ya consumados e incluso tramitan los seguros.
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