Pacto contra la inseguridad o contra la irresponsabilidad

Por el momento este no es todavía el caso, pues el tema de la seguridad y la protección contra la delincuencia se volvió una mezcolanza, un grillerío donde no se entiende nada y podrían naufragar el combate de esta sociedad contra el crimen, organizado o no. Empecemos porque en la ciudad de México, una de las más castigadas por la delincuencia y donde el secretario de Seguridad Pública es nombrado por el presidente, ¡vamos a tener que festejar como un logro el que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, reconozca y acepte reunirse en una “cumbre sobre seguridad” con el presidente Calderón, después de casi dos años de su gobierno, siempre y cuando asistan los gobernadores de los estados y con una agenda de 10 puntos fijada por el mismo Ebrard! Desde esa alta mira se ve el nivel de respeto al Estado de derecho que existe en nuestro país.

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, pide al Legislativo (y a los gobernadores) “acompañar” al Ejecutivo con los cambios legales para concretar el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, aunque ya existe el Consejo Nacional de Seguridad Pública como organismo encargado de coordinar las acciones y el cumplimiento de objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Luego el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, como que trata de deslindarse, al declarar que “el Legislativo debe crear leyes que determinen procedimientos ineludibles para que los jueces puedan imponer de forma legítima castigos y sanciones, que es la garantía más valiosa de la sociedad”, y el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Larios, revira al señalar que “se debe reconocer que hay un problema en el sistema de administración de justicia penal y un alto grado de impunidad, pues sólo uno de cada 100 delitos se castiga”, y diputados federales de los principales partidos se manifiestan dispuestos a escuchar las propuestas de la Suprema Corte para mejorar el combate al crimen organizado.

Planes van y vienen pero no se concretan; desde enero de 2007 el presidente Calderón puso en marcha la Cruzada Nacional contra la Delincuencia, para reforzar el Estado de derecho y la seguridad pública, en la cual se integraban 10 medidas-eje contra el crimen organizado. También, el 1º de febrero del 2007, el jefe de Gobierno Ebrard lanzó 90 acciones para combatir la delincuencia, aunque ya en esta ciudad se aplicaba supuestamente el Plan Giuliani de tolerancia cero. Desde enero de 2008 la diputada Ruth Zavaleta, presidenta de la Cámara de Diputados, había considerado prioritaria para el Poder Legislativo la discusión de todo lo relativo a la seguridad nacional, pero la distracción artificial de la agenda política a un solo tema, el petrolero, hizo a un lado todo lo demás.

Era natural que el presidente “ciudadano” del Senado, Santiago Creel, adelantara a Mouriño la creación de un “instituto ciudadano” de seguridad pública para que vigile las acciones gubernamentales contra la delincuencia. Dicho instituto, explicó, tendrá acceso a los documentos necesarios para revisar si el gobierno federal está cumpliendo sus compromisos de combate a la delincuencia, como la depuración de cuerpos policiacos, mejoramiento de la capacitación e infraestructura, desarrollo de operativos e incluso, el desempeño de jueces. Más congruente, la diputada Zavaleta planteó que “en el Pacto Nacional, los partidos y los políticos debemos comprometernos a actuar de otra forma y sin mezquindades y no pensar en nuestra proyección personal”.

A su vez, y aunque ya existía un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF, el jefe de gobierno está poniendo en práctica su propio esquema “ciudadano”, con 300 mil vigilantes integrados en comités, encargados de detectar zonas con mayor índice de delincuencia, analizar e integrar reclamos ciudadanos en materia de prevención e investigación del delito, apoyo a víctimas y ejecución de sanciones penales.

Entonces, nuestro sistema político está patas para arriba: los ciudadanos tienen que establecer organismos propios para vigilar que el Ejecutivo cumpla con sus funciones, y ya no sirven de nada los contrapesos que teóricamente debieran estar funcionando en el Estado, en este caso los poderes Legislativo y Judicial, o las comisiones de derechos humanos o las contralorías. Ya antes, la consulta petrolera había establecido la pauta: democracia directa, no a los representantes elegidos institucionalmente, la ciudadanía es soberana.

Ante ello, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, advirtió que “la vigilancia no es tarea que deben llevar a cabo los propios particulares; tampoco debe aceptarse que la autoridad induzca el deporte de sospechar. Poner en marcha esa estrategia podría traer más problemas que soluciones”.

Claro que el Poder Judicial merece muchas de las críticas, cuando sabemos la lenidad con que son juzgados muchos de los más sanguinarios delincuentes y el altísimo nivel de impunidad vigente. Pero aquí también es una cuestión de estrategia: está claro que los jueces, los ministerios públicos, los policías, los jefes y tropas militares deben ser protegidos en su integridad de los ataques personales o de los sobornos a que son amenazados o sometidos por parte de la delincuencia; el policía y el juez “sin rostro” son una necesidad. El Legislativo, por su parte, está también en falta en cuanto a las penas y castigos o las medidas de encarcelamiento y rehabilitación; incluso debiera examinar seriamente para crímenes nefandos la imposición de la pena de muerte, con los suficientes “candados” para evitar dicho castigo a inocentes, objetivo que, por lo demás, debiera ser la norma respecto a todas las penas. Y qué decir del Ejecutivo, criticable por la imperante corrupción policiaca, el descuido atroz del sistema carcelario o las graves fallas en la integración de expedientes criminales que el Ministerio Público remite a los jueces.

No es que pretendamos ridiculizar o minimizar los esfuerzos que las ramas del gobierno realizan para combatir al crimen y los importantes logros alcanzados, como destacó en Ixtapa Zihuatanejo el titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora, el pasado 2 de agosto, pero el problema está en que la “burbuja criminal” sigue creciendo y lo dramático en todo este fárrago de discusiones y propuestas es que todos los actores pueden tener parte de razón, pero lo que está faltando es el catalizador que las aglutine, que les dé forma y orientación; está faltando estrategia, dirección y desprendimiento y sobra interés propio y mezquino.

La propuesta ciudadana de Creel se empata con la hecha por la presidenta de la fundación México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, quien la incluyó entre las cinco acciones concretas encaminadas a lograr un eficaz combate al delito de secuestro. Ella y otros ciudadanos convocan a una manifestación el 30 de agosto para exigir al gobierno mejores estrategias y resultados en el combate a la delincuencia, y de inmediato diversas autoridades buscan subirse al carro de la organización o patrocinio de la marcha, a pesar de que no es el gobierno el convocado; pues es una manifestación para exigir que las autoridades cumplan su responsabilidad. Se entiende la ira de los ciudadanos directamente afectados por el crimen o la de aquellos que preocupados por el interés general emprenden la lucha social contra ese flagelo, como la señora Morera, pero lo que es inadmisible es que algunos políticos traten de aprovechar la situación en su propio beneficio.