Detención de Vigilantes en el Aeropuerto Reina Sofía de Tenerife

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Tengo que decir, qué la forma de ser comunicado este hecho por parte de Alternativa Sindical, no me resulta la más idónea. Los compañeros han parado los controles por el calor y agobio que sufrían, después de comunicarlo en reiteradas ocasiones. Ante la desidia de las autoridades competentes, pero no fue esta acción el fruto de un conflicto laboral, sino el nivel de responsabilidad al considerar que se podrían poner en peligro el tránsito de pasajeros así como la integridad de ellos y de todo el que estuviere allí –es una de las premisas de nuestras funciones- así como el estricto cumplimiento de lo dispuesto, sobre este tema, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como versa en la denuncia presentada por este sindicato con fecha del 26 de los corrientes.

Estos hechos, se hubiesen solucionado o paliados si las Autoridades ejerciesen el control y el cumplimiento de las normas establecidas, o como mínimo, se hubiesen molestado en estudiar la situación y tratado de solventarla con una reducción del tránsito de pasajeros, hasta que se consiguiese ventilar la zona, ya que existen más controles (pequeños pero ventilados) por donde encauzar ese flujo sobrante, dándose el preceptivo descanso reparador a los agobiados trabajadores. Pero como todo… ¡No nos pagan por pensar, sino por obedecer! Esto tratan de inculcarnos.

De todas maneras, ellos insisten en mantener la presión sobre este colectivo. Así, ayer, han sido detenidos 7 nuevos miembros, y puestos en libertad de nuevo (vamos, que siguieron trabajando ya que relevé a uno de ellos por la noche) Esto se parece a la pescadilla que se muerde la cola -ahora estas detenido…ahora estas en libertad- ¡No lo entiendo!

Esperemos que el camino tortuoso que se han visto obligados a seguir estos profesionales, sirva para mejorar, en la medida de lo posible, el futuro de todos los que estamos implicados en este tipo de servicios, y por ende, al colectivo en general.

"Semper Fidelis"

La empresa sanciona a los 20 vigilantes del Reina Sofía que secundaron el paro
Si no se llega a un acuerdo con Aena y Seguridad Integral Canaria, los trabajadores de esta última empresa llevarán a cabo una manifestación el próximo día 12 de septiembre frente al aeropuerto del Sur para reivindicar mejoras laborales. Quieren que la Inspección de Trabajo medie para solucionar el conflicto.
El pasado sábado la empresa Seguridad Integral Canaria, adjudicataria de los servicios de seguridad privada en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur, notificó la apertura de un expediente sancionador a los veinte trabajadores que realizaron un paro en sus funciones el pasado día 22 de agosto como acto de protesta por sus malas condiciones laborales. De esta forma, a las trece detenciones que realizó, en días pasados, la Guardia Civil que presta servicio en la instalación aeroportuaria por un presunto delito de alteración del orden público, se suma ahora un expediente sancionador a cada uno de los protagonistas de la protesta.

A este órdago lanzado desde la empresa, han respondido representantes de Alternativa Sindical lamentando que el primer pronunciamiento oficial de la empresa sea para sancionar a sus trabajadores y anunciando que ya se han personado en la Subdelegación del Gobierno para solicitar el correspondiente permiso para realizar una movilización el próximo día 12 de septiembre a las 11 de la mañana en los exteriores del aeropuerto. Asimismo, el sindicato teme que los citados expedientes sancionadores acarreen posteriores despidos, circunstancia que en ningún caso están dispuestos a tolerar.

Sin embargo, los representantes de los trabajadores esperan que no sea necesario llevar a cabo esta movilización y, por ello, han transmitido su malestar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, a cuyo responsable han pedido que intervenga en el conflicto y que convoque una reunión en la que estén presentes la dirección de Aena, el gerente de Seguridad Integral Canaria y miembros de Alternativa Sindical para buscar una solución negociada al conflicto.

"Esperamos que las otras partes tengan una respuesta positiva porque, bajo ningún concepto, vamos a permitir que ningún vigilante salga perjudicado por los hechos acaecidos, en los que únicamente reclamábamos nuestro justo derecho a tener unas condiciones de trabajo dignas. Hay que sentarse a dialogar porque queremos soluciones, no conflictos", especificaron los representantes de los vigilantes de seguridad.

Además, desde el sindicato hacen responsable de la situación creada, al menos en parte, a la propia Inspección de Trabajo ya que este organismo ha tenido constancia, desde 2006, de las quejas de los vigilantes de seguridad por las malas condiciones de trabajo, sin que todavía se haya logrado dar una respuesta que solucione estas reivindicaciones.

La mayoría de los vigilantes sancionados siguen desempeñando su trabajo "porque no se pueden permitir dejar de trabajar y hacen de tripas corazón", aunque otros han presentado baja por crisis de ansiedad.

Falta de seguridad

El cuerpo de la Guardia Civil que presta servicio en el aeropuerto ha explicado que son los responsables directos de que se cumplan todas las medidas de seguridad establecidas por el Estado en cuanto a seguridad aeroportuaria y que, en base a ello, procedieron a tramitar las citadas denuncias por omisión o abandono injustificado del servicio de los vigilantes de seguridad, circunstancia ésta que repercutió negativamente en la seguridad de los pasajeros.

Sin embargo, los representantes de los vigilantes han tomado con cierta indignación este argumento y denuncian que "los que se quejan de falta de seguridad cuando dejamos de realizar nuestras funciones en el escáner previo al embarque son los mismos que permiten que se dejen puestos exteriores descubiertos en el aeropuerto con la única intención de que salgan más vuelos". Según Alternativa Sindical, la Guardia Civil es consciente, desde hace mucho tiempo, de que cuando existe una gran cantidad de operaciones al mismo tiempo se desplaza al personal de seguridad destinado a los puestos del exterior para que se personen en los filtros previos al embarque y poder así gestionar la alta cantidad de pasajeros que deben embarcar en los distintos vuelos.

así, les gusta a las empresas solucionar los problemas, expedientando a los vigilantes, oleeeeeee, y aproser se sentira super orgullosos.....y otras empresas deseando meter la cabeza en el aeropuerto.....oleeeeeeee, mientras se monte el pollo.....oleee.

esto cambiará cuando todos los vs queramos, mientras tanto, ahí esta el tema.....etc....etc....

saludos

La Guardia Civil detiene a 13 vigilantes de seguridad
Seguridad Integral Canaria expedienta a veinte trabajadores

Ramón Afonso
Rebelión - 05-09-2008


La noticia de que en estos días la Guardia Civil ha detenido a 13 vigilantes de seguridad privada en el aeropuerto Tenerife Sur por un presunto delito de alteración del orden no parece, dada la escasa repercusión mediática, sorprender ni importunar a nadie. Que los seguritas no gocen de muchas simpatías no debe hacernos silenciar, y mucho menos justificar, la estrafalaria represión que el instituto armado ha ejercido contra unos trabajadores –“compañeros” suyos en las tareas del filtro previo al embarque y escáner- que, cansados de los incumplimientos de Aena en materia de salud laboral, decidieron protestar -el pasado 22 de agosto- realizando un paro sin abandonar sus puestos de trabajo. Desde 2006, los vigilantes de seguridad del aeropuerto Reina Sofía han denunciado reiteradamente ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife las infracciones a la Ley de Riesgos Laborales por parte de Aeropuertos Nacionales. Entre los incumplimientos destacan no disponer de aseos, taquillas ni zonas de descanso, las garitas de vigilancia se encuentran en un estado lamentable, no se les proporcionan sillas ergonómicas y soportan elevadas temperaturas por no contar con aire acondicionado…. En palabras de Alternativa Sindical, único sindicato que está dando la cara, sólo intentan dignificar su trabajo.

Ante este conflicto, la Guardia Civil, instrumentalizada por Aena y las compañías aéreas, ha optado por emplear mano dura contra los trabajadores aplicando sin ningún rigor la Ley de Seguridad Privada y considerar la protesta laboral una alteración del orden y, además, un abandono del servicio con graves repercusiones en la seguridad del aeropuerto. Sin embargo, qué poco respetuosos son con esa seguridad que esgrimen como arma contra los vigilantes cuando suprimen la mayoría de los puntos de vigilancia exterior para concentrar al personal en las tareas de control en el embarque cuando aumenta el tráfico de pasajeros, entonces la cacareada seguridad se deja a un lado porque lo que importa es que no se produzcan retrasos en los vuelos.

Como ya denunciara Arnaldo Tejera en Canarias 24horas, existe realmente un enfrentamiento entre Guardias Civiles y vigilantes de seguridad privados en el aeropuerto Tenerife Sur. Se despide o se retira del servicio a todo vigilante que proteste o denuncie cualquier irregularidad por parte de miembros de la benemérita. Es llamativo y revelador el caso de la vigilante Mónica González, despedida de la empresa Seguridad Integral Canaria al ser denunciada por Carlos Tejerina, sargento de la Guardia Civil, por una presunta negligencia cuando realmente, a juicio de Mónica, lo sucedido fue un encontronazo con la esposa del sargento, la también vigilante Emma Hernández Abreu. Este caso está en los tribunales. El periodista Jorge Veladia afirma en un artículo para WIP “que casi todas las empresas de seguridad privada tienen ex guardias civiles, ex policías o ex militares en la nómina o incluso en la junta de consejo". En este proceloso mar de enchufismo, también se ha constatado la realización de cursos para la obtención de la licencia sin respetar la normativa e impartidos por el hijo de un guardia civil; asegura el sindicato Alternativa Sindical que el 50 por ciento de los diplomas de vigilantes que existen en Tenerife son ilegales. Es lamentable, una situación que se viene arrastrando desde 2006 o incluso antes y conocida por los sucesivos Delegados del Gobierno sin que hayan hecho nada por solucionarla.

Mención aparte merece la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC). Si la Guardia Civil detiene a 13 trabajadores, la empresa del presidente de La Unión Deportiva y mecenas de la Universidad de Las Palmas (ULPG) abre expediente disciplinario a 20 vigilantes de la plantilla del aeropuerto Reina Sofía que realizaron el paro del 22 de agosto. Se da la circunstancia que Seguridad Integral ha sido denunciada reiteradamente por contratar personal sin la titulación exigida; llegando, junto a otras compañía del sector, a inventar la figura del "auxiliar de seguridad" para agrandar su altísimo margen de beneficios al poder contratar personal más barato y sin la cualificación exigida. En 2006, los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Canaria también denunciaron que Seguridad Integral Canaria no sólo vulneraba reiteradamente la Ley de Seguridad Privada y quebrantaba la legislación laboral sino que cometía fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Así se lo hicieron saber al entonces presidente del Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, al Diputado del Común, la Fiscalía de Menores, la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Palmas. Todavía se recuerda que la policía levantó 18 actas a personal con antecedentes penales o policiales que trabajaban como “educadores” en los tristemente famosos Centros de Menores de Tenerife, cinco eran trabajadores de esta compañía de seguridad. La Asociación de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias (Aproser/Canarias), ha denunciado que existe trato de favor del Ejecutivo canario hacia Seguridad Integral Canaria, no en vano es la destinataria del 82 por ciento del gasto en seguridad de la Administración autonómica. La guinda del favoritismo la pone José Miguel Ruano del que Aproser sospecha que elaboró un pliego de condiciones a la medida de Seguridad Integral Canaria, adjudicataria actual del servicio de escoltas del Gobierno de Canarias. No es raro, por tanto, que Seguridad Integral Canaria criminalice y reprima al alimón con la Guardia Civil a sus díscolos trabajadores que pretenden disfrutar de unas condiciones de trabajo dignas.

No obstante, la seguridad pública, sometida a un férreo control ciudadano, debe ser la manera de responder de forma democrática y transparente a la cuestión siempre espinosa de la protección y la represión. Por tanto, debe desarrollarse en el ámbito de lo público como garantía de objetividad e igualdad en su prestación ya que existen aspectos que irrumpen en muchas ocasiones en el terreno privado de los ciudadanos. La Constitución Española en el punto 1 del artículo 104 sanciona que “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. En el artículo 149 lo remarca: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas…” la Ley Orgánica 2/1986, de 113 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su artículo primero que “La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la nación.” Debería estar claro que en el actual ordenamiento jurídico la prestación de la seguridad pública debe ser ejercida por los funcionarios públicos que conforman las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero la realidad es otra y el incumplimiento de la Constitución en este caso es tan evidente como la imposibilidad de garantizar los derechos sociales y económicos en ella recogidos (derecho a una vivienda digna, derecho al trabajo, etc.). El neoliberalismo ha conseguido que, al igual que la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. la seguridad pública, transformada en mercancía, también se preste en al ámbito privado por dos motivos fundamentales: la ineficacia del Estado y lo caro que resulta. El blog Cultura de Defensa nos proporciona un ejemplo que nos ilustra sobre este doble engaño; el pasado 2 de abril, el Ministerio del Interior español adjudicó a la empresa Seprotec el contrato del servicio de traductores e interpretes de la Policía Nacional y la Guardia Civil (interpretación de declaraciones orales, traducciones escritas, escuchas telefónicas, y transcripción de cintas), pensando que obtendría de esta forma personal cualificado rápidamente y a un precio administrativamente aceptable. Sin embargo, de los 45 € por hora pagados por el ministerio al traductor le llegan sólo 10 euros, con estos salarios Seprotec sólo puede contratar a personal de baja cualificación. Es decir, el Estado no ahorra un euro mientras la empresa se forra dando un servicio de peor calidad.

El papel regulador del Estado se limita a una extensa batería legislativa meramente ceremonial. Gaspar Llamazares, en la comparecencia de la ministra de Fomento por el accidente de Barajas, definió atinadamente a los reguladores estatales como ratones frente a los elefantes de la empresa privada y sentenció certeramente que los elefantes temen a los ratones sólo en los cuentos.

Diez guardias civiles detenidos por omitir trámites en la aduana a cambio de dinero
AGENCIAS. 22.09.2008

Diez guardias civiles del aeropuerto de Gran Canaria han sido detenidos por obtener compensaciones económicas para agilizar u omitir trámites aduaneros en el aeropuerto de Gran Canaria, informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias.
Agilizaban u omitían los trámites en materia de control de equipajes o declaración de dinero

Los presuntos implicados cobraban dinero a los viajeros a cambio de agilizar u omitir los trámites aduaneros en materia de control de equipajes o declaración de dinero para introducirlo en España. Los agentes han sido arrestados tras una serie de investigaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas por un grupo de miembros de la Guardia Civil en el aeropuerto grancanario.
Los agentes han sido acusados de realizar de forma continuada actividades que podrían constituir, en unos casos, delitos de cohecho y coacciones, y en otros de blanqueo de capital, falsedad documental, hurto y omisión del deber de perseguir delitos.
Las víctimas de los agentes eran ciudadanos extranjeros a los que les pedían dinero aprovechando que no comprendían bien el idioma español, según las fuentes.

Código:

http://www.20minutos.es/noticia/413980/0/tramites/aduana/soborno/