Los secretarios judiciales anuncian medidas de apoyo a la secretaria del caso Mari Luz

Los secretarios judiciales anuncian medidas de apoyo a la secretaria del caso Mari Luz

• Apoyarán a Juana Gálvez en todas las acciones que decida emprender
  
• Convocan un paro de tres horas para el 21 de octubre y exigen la dimisión de Bermejo
  
• Acusan al Ministerio de 'hacer sangre de la parte más débil, a modo de chivo expiatorio'
  
• Reclaman más inversión económica para solucionar las graves carencias de la Justicia
  

Los secretarios judiciales cierran filas frente al Ministerio de Justicia. Rechazan la sanción impuesta a la secretaria del 'caso Mari Luz', Juana Gálvez, y anuncian acciones de protesta contra el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo.
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (COSEJU), al que pertenece la secretaria sancionada, ha acordado cuatro medidas de protesta que han sido respaldadas por la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y la Unión Profesional de Secretarios Judiciales.
Dichos colectivos apoyarán a la afectada en todas las acciones que decida emprender. También recomendarán a todos los secretarios judiciales de España, con el consentimiento de la propia sancionada, que no soliciten su plaza en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Sevilla, si finalmente Gálvez es suspendida y su destino sale a concurso.

Los secretarios judiciales también han acordado convocar un paro de tres horas para el 21 de octubre. Y, finalmente, exigen la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "por no realizar la inversión en medios y las reformas procesales necesarias en el servicio público de la Justicia cinco años después de aprobarse la Ley Orgánica de 2003", anunció Rafael Lara, portavoz del COSEJU.

El Ministerio de Justicia impuso el pasado 3 de octubre una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez por una "falta grave de negligencia y retraso injustificado" en el cumplimiento de sus funciones. Dicha falta desembocó en la no ejecución de una condena de dos años de cárcel impuesta a Santiago del Valle por abusar sexualmente de su hija, lo que permitió al pederasta asesinar presuntamente a Mari Luz Cortés.

Aunque el instructor del expediente abierto a la secretaria había propuesto que la sanción fuera de seis meses de suspensión, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo justificó la decisión de imponer una pena de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".

La grave sanción impuesta a la secretaria por el Ministerio de Justicia contrasta con la multa de 1.500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Rafael Tirado, titular del juzgado en el que trabaja la secretaria. Los secretarios judiciales consideran esta situación "un auténtico escándalo" y califican la sanción impuesta a su colega como "desmesurada".
Así lo han anunciado Rafael Lara y la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Margarita Martínez, que leyeron un comunicado conjunto en el que acusaron al Ministerio de "hacer sangre de la parte más débil frente a otros colectivos, a modo de chivo expiatorio, para acallar voces y contentar a la opinión pública por la trascendencia mediática del caso".
"Con ello se intenta ocultar la inoperancia para la solución de las graves carencias de la Administración de Justicia tanto organizativas como de personal y de medios materiales", señala el comunicado, que destaca que hechos como los ocurridos en el Juzgado de Sevilla pueden pasar "en cualquier momento y en cualquier lugar".

Con las medidas de protesta anunciadas, los secretarios judiciales quieren exigir una reforma de las leyes procesales para una adecuada asignación y redistribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales. Ambos portavoces eludieron pronunciarse sobre en quién debe recaer la responsabilidad de este asunto, y, en concreto, Martínez manifestó que la solución al problema "no se agota con unas determinadas sanciones" al juez y a la secretaria judicial.