Pedraz procesa al acusado de 'kale borroka' al que dejó en libertad en agosto y recibió las críticas del SUP

Pedraz procesa al acusado de 'kale borroka' al que dejó en libertad en agosto y recibió las críticas del SUP

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado por un delito de terrorismo al acusado de cometer actos de 'kale borroka' Alainde Hernández en libertad provisional bajo fianza el pasado agosto. La decisión de Pedraz de no dictar en su día prisión provisional para el joven provocó las críticas del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) desde el que tacharon al magistrado de "típico pijo rojo de los ochenta" y le acusaron de "no entender el terrorismo".

Ahora, en su auto de procesamiento, el juez imputa a Hernández un delito de terrorismo recogido en el artículo 577 del Código Penal en el que se hace referencia a aquellos que "atemoricen" o "alteren gravemente la paz pública" contribuyendo

a los fines terroristas sin la necesidad de pertenecer a ninguna banda armada. El juez le envía al banquillo, en este caso, por haber incurrido en un delito de daños terroristas por los que podría ser castigado con la pena de multa de seis a 24 meses, "atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si éste excediera de 400 euros". El pasado 5 de agosto por la noche, cinco jóvenes procedentes de la Parte Vieja de Vitoria alcanzaron la parte de atrás de la Subdelegación del Gobierno y lanzaron varios cócteles molotov contra ella. Unos guardias civiles fuera de servicio, que disfrutaban de las fiestas de

la Virgen Blanca, reaccionaron y pudieron atrapar a uno de ellos, Alainde Hernández.

Fianza de 6.000 euros

Un día después, el juez decretó la prisión eludible con una fianza de 6.000 euros para Aliande Hernández a pesar de que la Fiscalía pidió el ingreso en prisión del detenido, el juez decretó el pago de una fianza, al constatar su arraigo en España y considerar que los artefactos que arrojó contra la sede de la Subdelegación eran de escasa potencia y causaron daños mínimos al edificio.

Tras aquella decisión de Pedraz, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, criticó al juez al que acuso de ser "el típico pijo-rojo de los años ochenta que no acaba de entender lo que es el terrorismo".

De hecho, estos insultos merecieron el estudio del Consejo General del Poder Judicial que salió en defensa del magistrado al aprobar un comunicado oficial en el que sostenía que la crítica a las decisiones del magistrado es lícita, si bien este derecho no puede amparar ataques personales o deslegitimar a los representantes del Poder Judicial.