Los casi 500 agentes del Cuerpo Nacional de Policía para la asistencia y protección de mujeres víctimas de la violencia machista son, lamentablemente, insuficientes para que cerca de 6.000 mujeres de programas especiales y otras 20.000 con órdenes de protección se sientan seguras. Por ello, los escoltas privados se forman y ofrecen como solución al problema. MIGUEL ÁNGEL AUTERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE El Instituto de Formación Canario (Insforcan), en Tenerife, ha llevado a cabo un curso de especialización en protección de mujeres amparadas por la Ley de Protección contra la Violencia de Género. El curso destinado a profesionales del ámbito de la seguridad privada, fue dirigido por un experto internacional en Seguridad y Protección y además pionero en la formación de Escoltas para la protección de mujeres victimas de la violencia machista, Indalecio Socorro Santana.
Durante una semana, los escoltas tuvieron que adaptarse a una nueva forma de protección y para adquirir las destrezas necesarias, estudiaron sobre cinco áreas temáticas: psicológica, jurídica, operativa, defensa física y estructuras sociales que interactúan en la solución del problema.
Al curso asistieron veinte escoltas, que ya se han convertido en los primeros de Canarias que se han especializado para dar protección a las mujeres víctimas de la violencia machista. Ahora, y una vez que existe una predisposición del colectivo de escoltas, de la clase política y de los órganos judiciales, han de ponerse las bases económicas para que esta protección de carácter privado pueda ser efectiva para las víctimas de la violencia machista.
En 2003 se creó la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a las víctimas de violencia doméstica (UPAP) y se estimó que con 500 policías en toda España sería suficiente para dar cobertura a las víctimas. Pero la cruda realidad ha marcado desde entonces la carencia de agentes especializados porque, y ya han transcurrido cinco años desde su creación y son 485 policías los responsables directos de la seguridad de unas 5.800 mujeres incluidas en el programa especial de la UPAP, y de otras 20.000 que tienen órdenes de protección; una cifra que, desgraciadamente, no deja de aumentar semanalmente con nuevas órdenes concedidas por los jueces para evitar de forma cautelar que se acerquen a ellas sus maltratadores.
Desde la Asociación Española de Escoltas se señala que en Euzkadi y Navarra, donde se utiliza a escoltas privados para la protección de mujeres, se han producido "resultados magníficos". En la comunidad vasca hay 50 mujeres con protección personal, mientras que en Navarra son 25.
Propuesta del CGPJ a los jueces
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una propuesta presentada por el vocal Enrique López para que los órganos judiciales, en casos excepcionales, puedan asignar escoltas de seguridad privada a las víctimas de la violencia de género para su protección, siempre de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según explica el órgano de control de los jueces expondrá su opinión a este respecto en la próxima Comisión Nacional de Policía Judicial, donde se tratará el asunto con el resto de las administraciones integrantes. La fecha de la Comisión está todavía por definir.
El texto del acuerdo alcanzado explica que la Asociación Española de Escoltas se dirigió a la Comisión Nacional de Policía Judicial, sometiendo a su consideración esta cuestión. Después de esta iniciativa, la Comisión Nacional policial se puso en contacto con todas las entidades e instituciones relacionadas con este problema para recabar su opinión técnica, entre ellas el CGPJ.
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Durante una semana, los escoltas tuvieron que adaptarse a una nueva forma de protección y para adquirir las destrezas necesarias, estudiaron sobre cinco áreas temáticas: psicológica, jurídica, operativa, defensa física y estructuras sociales que interactúan en la solución del problema.
Al curso asistieron veinte escoltas, que ya se han convertido en los primeros de Canarias que se han especializado para dar protección a las mujeres víctimas de la violencia machista. Ahora, y una vez que existe una predisposición del colectivo de escoltas, de la clase política y de los órganos judiciales, han de ponerse las bases económicas para que esta protección de carácter privado pueda ser efectiva para las víctimas de la violencia machista.
En 2003 se creó la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a las víctimas de violencia doméstica (UPAP) y se estimó que con 500 policías en toda España sería suficiente para dar cobertura a las víctimas. Pero la cruda realidad ha marcado desde entonces la carencia de agentes especializados porque, y ya han transcurrido cinco años desde su creación y son 485 policías los responsables directos de la seguridad de unas 5.800 mujeres incluidas en el programa especial de la UPAP, y de otras 20.000 que tienen órdenes de protección; una cifra que, desgraciadamente, no deja de aumentar semanalmente con nuevas órdenes concedidas por los jueces para evitar de forma cautelar que se acerquen a ellas sus maltratadores.
Desde la Asociación Española de Escoltas se señala que en Euzkadi y Navarra, donde se utiliza a escoltas privados para la protección de mujeres, se han producido "resultados magníficos". En la comunidad vasca hay 50 mujeres con protección personal, mientras que en Navarra son 25.
Propuesta del CGPJ a los jueces
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una propuesta presentada por el vocal Enrique López para que los órganos judiciales, en casos excepcionales, puedan asignar escoltas de seguridad privada a las víctimas de la violencia de género para su protección, siempre de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según explica el órgano de control de los jueces expondrá su opinión a este respecto en la próxima Comisión Nacional de Policía Judicial, donde se tratará el asunto con el resto de las administraciones integrantes. La fecha de la Comisión está todavía por definir.
El texto del acuerdo alcanzado explica que la Asociación Española de Escoltas se dirigió a la Comisión Nacional de Policía Judicial, sometiendo a su consideración esta cuestión. Después de esta iniciativa, la Comisión Nacional policial se puso en contacto con todas las entidades e instituciones relacionadas con este problema para recabar su opinión técnica, entre ellas el CGPJ.
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