2.300 funcionarios autonómicos piden permiso para ejercer una segunda ocupación

2.300 funcionarios autonómicos piden permiso para ejercer una segunda ocupación
El porcentaje de empleados públicos con autorización para compaginar su labor en la Junta con otro trabajo no llega al 3% de la plantilla
Evitar relaciones de «dependencia perturbadora» entre el desempeño de un empleo o cargo público y una actividad del ámbito privado. Ése es el objetivo principal de la normativa sobre incompatibilidades (la ley estatal de 1984 y el reglamento autonómico de 1997) que traza la frontera entre la actividad pública y los intereses particulares de los funcionarios. Cuando ambos se entremezclan se produce eso que en el ámbito emocional y psicológico se da en llamar «dependencia perturbadora» y que en el administrativo tiene otras connotaciones y efectos.
La linde tiene pasos autorizados supervisados en Castilla y León por la Inspección General de Servicios y que intentarán cruzar por lo legal este año 2.300 trabajadores autonómicos, que han pedido una autorización para compatibilizar el puesto de trabajo por el que cobran una nómina de las arcas regionales con otra actividad.
La ley es muy clara con los supuestos en los que se puede cruzar esa frontera y corresponde siempre al funcionario solicitar el permiso, salvo en situaciones muy puntuales como es el desempeño de una labor política, caso de los procuradores de las Cortes.
«En todas las administraciones públicas se aplica un régimen común donde la compatibilidad es la excepción y que persigue garantizar la objetividad del funcionario y la eficacia de la organización de la Administración pública, porque no es fácil compatibilizar la actividad pública con otro tipo de ocupación. De hecho, el personal con autorización no llega al 3% de los trabajadores autonómicos», explica Luis Barbado, secretario general de la Consejería de Administración Autonómica que dirige Isabel Alonso. La mayor parte de los funcionarios que compatibilizan dos ocupaciones con autorización se dedican al ámbito de la docencia o de la medicina. Aquí está uno de los supuestos en los que se permite sobrellevar dos ocupaciones públicas. Sería el caso de un médico de Sacyl, profesor a la vez en las aulas de la Facultad de Medicina. Se considera en estos casos que existen razones de interés público, porque la experiencia en estos casos tiene un gran valor.
Límite de horas y dinero
La ley concreta los supuestos en los que se prohíbe expresamente la compatibilidad, en los que no es necesaria autorización y en los que se puede conceder y restringe las horas que se dedican a esa segunda ocupación, para que no se resienta la dedicación del funcionario, y también las retribuciones que genera.
Lo que los inspectores de la Junta valoran es si existe garantía de que la segunda actividad no va a dejar sin 'baterías' al empleado público y si éste puede o no beneficiarse de un uso privilegiado de información o de agilización de trámites en procesos en los que el trabajador autonómico puede convertirse en juez y parte. La ley permite, por ejemplo, administrar el patrimonio familiar, argumento que esgrimen los funcionarios de alto nivel investigados por las autorizaciones de huertos solares. Pero también es clara al prohibir el desempeño de actividades de tipo mercantil con sociedades en las que participa un funcionario y que se benefician de su capacidad de decisión pública. La ley prohíbe expresamente ejercer actividades privadas cuando haya relación directa con las funciones del departamento en el que trabaja el funcionario y también en asuntos en los que haya intervenido incluso en los dos años anteriores. La frontera entre lo público y lo privado sólo se puede sortear, en estos casos, de forma clandestina. Entre el 2005 y el 2008 (calculados con los datos reales a 26 de septiembre), la Junta ha tramitado 11.016 solicitudes de compatibilidad, de las que salieron adelante 9.971. No se puede equiparar un expediente con un funcionario, puesto que los docentes deben renovarlas cada curso y puede darse el caso de personas que pidan cada año para trabajos puntuales.
El control de las incompatibilidades depende de la Inspección General de Servicios de la Junta. Un departamento encastrado en la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios y que está pendiente de una nueva regulación con la que el equipo de Isabel Alonso, consejera de Administración Autonómica, quiere reforzar sus funciones. El texto del decreto que reordenará la Inspección de Servicios está a la espera del informe del Consejo Consultivo y se publicará, si se cumplen los plazos previstos, en torno al mes de diciembre. Los inspectores de la Junta, en el caso de compatibilidades, trabajan a instancia de parte. O porque el funcionario afectado tramita una solicitud que tienen que autorizar o denegar o porque hay una información que apunta hacia un empleado público que puede estar compaginando dos actividades sin permiso o incompatibles. La actividad del departamento de inspección -ahora con una plantilla de 16 personas, 13 en activo de las que 8 son inspectores- abarcará también auditorías de servicios y política públicas, aunque aún no se ha decidido si se aumentará el número de efectivos. En ese ámbito ya se han estrenado. Este año han llevado a cabo una auditoría completa del funcionamiento de la Delegación Territorial de Valladolid.
Carlos Arenas, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, señala que han solicitado a la consejera el refuerzo de la Inspección, «que igual que otros muchos servicios está escasa de recursos», y la negociación del Código Ético del Empleado Público. «Pese a la fama que pueden tener los funcionarios, hay muchos que no llegan a mileuristas y necesitan otro trabajo para salir adelante. Siempre que el horario lo permita no habría nada que decir. No lo defendemos cuando esa actividad entra en competencia con la que hacen en la administración, caso de profesionales que trabajan en la sanidad pública y luego tienen consulta privada», explica el representante de UGT.