La guerra del agua vuelve al Congreso

La guerra del agua vuelve al Congreso

• El pleno aprueba la toma en consideración del proyecto de reforma por 315 votos a favor
  
• Dos diputados 'populares' de Murcia rompieron la disciplina y votaron en contra
  

La denominada 'guerra del agua' ha vuelto a tomar posiciones en el Congreso. El Pleno ha aprobado la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aunque los portavoces de los diferentes grupos han dejado claro que lo adecuarán al interés general, sobre todo en el apartado de la política hidráulica.


La propuesta fue aprobada por 315 votos a favor, tres en contra —dos diputados del Partido Popular en Murcia que rompieron la disciplina de voto y la parlamentaria Rosa Díez, de UPyD— y ninguna abstención.
El Estatuto, el primero que ha llegado con la unanimidad del Parlamento proponente, entra en el trámite de enmiendas, donde los grupos tratarán de buscar una solución a la disposición adicional que propone el final del trasvase Tajo-Segura en el año 2015 y que topa con el rechazo frontal de Murcia y de la Comunidad Valenciana.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, advirtió de que, si la reforma del Estatuto de Autonomía es aprobada en el Congreso de los Diputados "devaluado" o el texto es "modificado sustancialmente sin que los intereses de la región se vean reconocidos", pedirá a las Cortes regionales que lo retiren. Después, dijo, "seguiremos luchando". Barreda abogó por conseguir en toda España "otra cultura del agua" basada en "soluciones globales".

Al presentar su propuesta de actualización del Estatuto, Barreda dijo que el texto está configurado partiendo de que Castilla-La Mancha es "hoy muy diferente" debido a "aceleradores históricos", pero añadió que no quiere apoyarse "en el agravio y la envidia" a los vecinos, porque sus ciudadanos son "la parte de un todo".

"La mayoría de los días", dijo el presidente autonómico, "el canal artificial del río que se deriva hacia el Segura lleva 20 hectómetros cúbicos, mientras a su paso por Aranjuez ni siquiera lleva los 6 mínimos que establece la ley".
Barreda dijo no descalificar esta infraestructura "por franquista", sino "por ineficaz, inservible y obsoleta a medio y largo plazo", y recordó que en el inicio de las manifestaciones contra el trasvase, el entonces concejal Arturo García-Tizón —hoy diputado nacional del PP— ya aseguraba que se ponía en peligro el futuro de la zona, y que entonces "lo más grave fue la reducción de caudales circulantes, de 30 a 6 metros cúbicos por segundo".
'Necesitamos el agua'


El líder castellano-manchego detalló que, según datos del Gobierno central, el agua trasvasada supone el 60% de las aportaciones naturales de la cabecera del río, lo que se une a que "llueve poco y los aportes de cabecera seguirán disminuyendo". "La escasez no es un problema coyuntural sino estructural. No somos insolidarios, simplemente necesitamos el agua", argumentó, insistiendo en que la ley afirma que "la cuenca cedente tiene prioridad sobre la cuenca receptora".

"El trasvase se concibió para sacar el agua sin dejar una sola gota de agua por el camino, atravesando tierra sedienta y fértil, y cruzando pueblos a los que se abastecía con cisternas. ¿Qué región habría soportado en silencio tanto tiempo esta situación? ¿Por qué se rechaza un trasvase desde la desembocadura y se admite otro desde la cabecera?", se preguntó.Por ello, calificó como "una necesidad, no como un capricho" la extinción del trasvase Tajo-Segura.

"Ojalá que la tramitación sirva para corregir errores y para impulsar una nueva cultura del agua, ya que, sobre estas bases, estaríamos de acuerdo en apoyar un pacto que (...) fuera capaz de abordar la cuestión con vocación de soluciones globales. Pero no apoyaremos cualquier arreglo que trate de conformarnos con cualquier cosa", resaltó.
Barreda concluyó afirmando que espera "rigor y respeto, y si el texto fuera modificado sustancialmente sin que los intereses de Castilla-La Mancha se vean reconocidos, antes de permitir aprobar un Estatuto devaluado, pediré a las Cortes regionales que lo retiren y seguiremos luchando".