Garzón, el «gendarme» universal

Garzón, el «gendarme» universal






Si la Real Academia Española ausculta con eficacia los latidos de la lengua, incluirá más pronto que tarde en el Diccionario el término «garzonada», que podría quedar definido como actuación exhibicionista, desproporcionada e inconsistente. O como irrupción del oso en la cacharrería.

Ahora (era sólo cuestión de tiempo), Baltasar Garzón ya escarba en casa. Sólo le faltaba una chispa que encendiera su prurito de justiciero sin fronteras, y quizá la halló en el comunicado que a finales de agosto emitió la Asociación por la Memoria Histórica de Granada, entidad que, al conocer el papel activo del juez en la exhumación de víctimas de escuadrones paramilitares en Colombia, le instó a tener en España «la misma preocupación por los desaparecidos forzados que está teniendo en otros países». Además de en tierras colombianas, en Chile, Argentina, o Guatemala, por ejemplo. De modo que dicho y hecho. Pasados unos días, Garzón emprendia, entre fanfarrias, su ofensiva de memoria histórica.

El «caso Scilingo», por el que el Tribunal Supremo condenó al militar argentino a 1.084 años de cárcel al considerarle responsable de crímenes contra la humanidad cometidos en 1976, le ha servido ahora a Garzón como argumento frente a la irretroactividad de la ley penal. Y para meter en ese mismo saco la represión ejercida por el bando nacional en la Guerra Civil española, sin reparar en los excesos aún no purgados por la facción republicana.

Dos décadas de estrellato
Baltasar Garzón Real nació a la fama hace ya más de dos décadas, cuando en enero de 1988 fue nombrado magistrado de la Audiencia Nacional y puso inmediatamente en marcha un nuevo modelo de ejercicio de la judicatura, el de la escenificación en plaza pública de la persecución del delito.
Después de auspiciar investigaciones en Colombia, Argentina, Chile o Guatemala, al magistrado sólo le quedaba «escarbar» en casa. El revisionismo en España era sólo cuestión de tiempo



Así, bajo los focos, emprendió contundentes actuaciones contra la banda terrorista ETA que le granjearon unánime refrendo y una popularidad inédita en un juez. Interrogó en Francia a la cúpula de ETA y también llevó las riendas del «caso GAL» (capítulo uno), por el que se condenó a Amedo y Domínguez. Fue una etapa vibrante, además de amena para los consumidores de informativos y lectores de prensa, en la que no faltaron episodios de película como la redada de la «operación Nécora», en la que el magistrado se desplazó al lugar de los hechos y dirigió desde un helicóptero a los 350 policías que capturaron a los narcotraficantes. Con Garzón, el espectáculo estaba asegurado y la entrada era gratis. También cercó al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. Tras arrestarlo y mantenerlo en prisión preventiva durante 14 meses, después de que se denunciasen irregularidades en el sumario, Al Kassar quedó absuelto.
Cuando ya se había suscitado una división de opiniones entre quienes le consideraban un ejemplo de empuje e integridad y los que recelaban de su mal disimulado afán de protagonismo, la pirueta de su salto a la política como número dos de las listas del PSOE, en 1993, le privó para siempre de las credenciales de independencia.

Y si al salir elegido diputado se llegó a considerar ministro «in pectore» (por las promesas con las que Felipe González había acariciado sus oídos) quedó reducido después a delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas sin apenas atribuciones y con escaso margen de maniobra. La frustración le llevó a renunciar al escaño sólo once meses después y a solicitar el reingreso en la carrera judicial. Con idénticas ganas de no pasar desapercibido. Así reactivó la investigación de los GAL (capítulo 2), que rozó a quienes habían sido sus mentores dentro del Partido Socialista.

Desde entonces, Garzón no ha dejado de protagonizar lances sonados, como el asalto en 2000 al buque «Privilege», cargado con asfalto. En esa operación, la intervención de los GEO sirvió para descubrir que las cinco toneladas de cocaína que supuestamente viajaban en las tripas del barco no estaban a bordo.

Jurisdicción «mundial»
Pero, sobre todo, tras su desafección de la política activa, el magistrado no perdió ocasión de darse a conocer en el ancho mundo. Lo logró especialmente con su intervención en el «caso Pinochet», en el el que solicitó en 1998 la extradición a España desde el Reino Unido del dictador chileno con el argumento de que era el responsable de la desaparición de ciudadanos con nacionalidad española, circunstancia que concurría en algunos de los represaliados. Lo que fue un nuevo fiasco jurídico (la extradición fue definitivamente denegada en 2000) sirvió sin embargo para catapultarlo como paladín universal frente a las injusticias, y para que algunos grupos comenzaran a postular su candidatura al Nobel de la Paz.

Ahora, las argucias jurídicas del magistrado para esquivar los criterios del fiscal en la causa que ha abierto al franquismo, confluyen con otra «garzonada»: la absolución del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, contra quien el juez actuó en 1998 por supuesto fraude fiscal cuando era gestor de Telecinco. Entretanto, su dedo ha apuntado ya a George Bush por las torturas de Abu Ghraib, en Irak, igual que señaló al mismísimo Bin Laden, al que imputó en el juicio contra Abu Dahdah. Tampoco le ha pasado desapercibido el genocidio tibetano. Con tantos frentes abiertos, ¿cómo no confundir Madrid con Nuremberg, o tratar de exhumar la quijada que mató a Abel?