«Hemos demostrado que realizamos el mismo trabajo que los funcionarios»

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«Hemos demostrado que realizamos el mismo trabajo que los funcionarios»
El abogado de los 3 empleados de Contratación Social defiende en el juicio que el caso es un «fraude de ley»
IDOYA REY | OVIEDO

«Hemos demostrado que realizamos el mismo trabajo que los funcionarios»
. Sánchez Ramos, segundo por la izquierda, con el abogado y dos de los afectados./ MARIO ROJAS
Afectados: en el Ayuntamiento hay 209 personas en régimen de Contratación Social, algunos llevan más de 10 años.
Sueldos: el Servicio de Desempleo paga un porcentaje y el Consistorio, un complemento que va de los 2 a los 20 euros diarios.
Cotización: los trabajadores no cotizan por ningún concepto.
Decreto: de 1982. Señala que los contratos tienen que ser temporales y destinados a fines sociales.
Optimismo. Éste era el sentimiento de los tres trabajadores municipales de Colaboración Social tras el juicio celebrado ayer en Juzgado de los Social número 3 que ha quedado visto para sentencia. «Hemos demostrado que realizamos el mismo trabajo que los funcionarios. Ahora sólo nos queda esperar», señaló Gerardo Suárez, uno de los demandantes que lleva más de nueve años trabajando para el Ayuntamiento.
En sus demandas, los empleados exigían un contrato laboral indefinido, hasta que el Ayuntamiento cubra sus plazas a través de una oferta pública de empleo. Además, pedían que el Consistorio asuma las cotizaciones de los años anteriores con carácter retroactivo.
«Los trabajadores no realizan acciones puntuales de carácter social, como indica la norma. Es un claro fraude de ley para el que ya existe un criterio jurisprudencial», señaló el letrado del caso, Juan Carlos Quel. En su exposición se remitió a sentencias de los años 2004 y 2005 en las que los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y Tenerife favorecían a los trabajadores. Aunque su búsqueda no fue fácil. «Oviedo es la única ciudad del norte peninsular que utiliza este sistema de contratación en 209 casos. Sólo hay otros fallos en Canarias, Castilla La Mancha y Andalucía», subrayó.
La contratación en régimen de Colaboración Social atiende a un decreto del año 1982 creado para aliviar temporalmente las elevadas tasas de paro, que llegaban hasta el 25%. El Servicio Público de Desempleo abona un porcentaje de la prestación y el Consistorio, un complemento hasta alcanzar la base reguladora de cada caso.
Los trabajadores reclamados no tienen otra opción, pues es obligatoria. «Si se niegan, se suspende el pago de la prestación durante seis meses. No pueden elegir y no es justo porque llevan muchos años sin cotizar por ningún tipo de concepto: ni incapacidad, ni jubilación, ni desempleo».
En su opinión, en el juicio, en el que han declarado como testigos el concejal de ASCIZ, Roberto Sánchez Ramos, y representantes de los sindicatos CC OO, UGT Y CSI, «se han oído cosas sorprendentes». Los abogados consistoriales defendieron que toda la actividad municipal «es obra social». «Dicen que sólo piden gente al INEM, que casualmente durante más de 10 años envía a las mismas personas. Además, casualmente no han traído una importante prueba documental». Se trata del escrito que tiene que recibir el Servicio de Desempleo en el que se fija la actividad y el fin social.