Cataluña asume las competencias en seguridad privada que fija el Estatut
La Generalitat podrá ejercer desde hoy todas las
competencias en seguridad privada recogidas en el Estatut, que faculta
al gobierno catalán a autorizar, inspeccionar, controlar y sancionar
todas las actividades de seguridad privada que se lleven a cabo en
Cataluña, independientemente del origen de la empresa.
Así
se desprende de la modificación aprobada hoy por el ejecutivo catalán
del decreto sobre seguridad privada, vigente desde 1995, que supone el
último paso necesario para que la Generalitat pueda ejercer todas las
competencias en materia de seguridad privada.
En
concreto, la Generalitat pasará a ser competente a partir de ahora para
inspeccionar y sancionar todas las actividades de seguridad privada que
se lleven a cabo en Cataluña, mientras que hasta ahora esta potestad
estaba limitada a las empresas que tenían su domicilio social en
Cataluña y su ámbito de actuación estaba limitado a esta comunidad.
Además,
las autorizaciones de los centros de formación del personal de
seguridad privada que desarrollen su actividad en Cataluña también
pasan a ser competencia de la Generalitat, a través del Instituto de
Seguridad Pública de Cataluña.
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La Generalitat podrá ejercer desde hoy todas las
competencias en seguridad privada recogidas en el Estatut, que faculta
al gobierno catalán a autorizar, inspeccionar, controlar y sancionar
todas las actividades de seguridad privada que se lleven a cabo en
Cataluña, independientemente del origen de la empresa.
Así
se desprende de la modificación aprobada hoy por el ejecutivo catalán
del decreto sobre seguridad privada, vigente desde 1995, que supone el
último paso necesario para que la Generalitat pueda ejercer todas las
competencias en materia de seguridad privada.
En
concreto, la Generalitat pasará a ser competente a partir de ahora para
inspeccionar y sancionar todas las actividades de seguridad privada que
se lleven a cabo en Cataluña, mientras que hasta ahora esta potestad
estaba limitada a las empresas que tenían su domicilio social en
Cataluña y su ámbito de actuación estaba limitado a esta comunidad.
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pasan a ser competencia de la Generalitat, a través del Instituto de
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